El Gobierno de San Juan ya trabaja en la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada hace menos de un mes por la Legislatura. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que el Ejecutivo se fijó un plazo de aproximadamente 60 días para concluir el texto que establecerá cómo se aplicará la norma.
«Nos hemos puesto un plazo de aproximadamente 60 días», afirmó el funcionario al referirse al proceso iniciado tras la aprobación legislativa.
Según explicó, la complejidad del trabajo responde a que la ley contiene numerosos artículos que remiten expresamente a la reglamentación para definir procedimientos, herramientas y mecanismos de aplicación.
«Es una ley que contiene aproximadamente unas 22 páginas en las cuales contiene numerosos artículos que expresamente remiten a la reglamentación, como por ejemplo los planes, los procedimientos, el Repromin, el consejo consultivo, la unidad técnica, el régimen sancionatorio y los beneficios fiscales», señaló.
Como resultado de ese proceso, la reglamentación será incluso más extensa que la propia ley. Perea adelantó que el documento podría contener entre 90 y 120 artículos reglamentarios.
Avances en la reglamentación
El ministro explicó que el trabajo involucra a los equipos jurídicos de los ministerios de Minería y de Producción, que ya habían participado en la elaboración del proyecto de ley.
Entre los aspectos con mayor grado de desarrollo se encuentra la matriz de impacto socioproductivo, herramienta destinada a medir el cumplimiento de los objetivos de empleo y contratación local previstos por la norma.
Según detalló, la reglamentación de esa matriz registra un avance del 95%, mientras que el desarrollo del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) se encuentra entre un 60% y un 70%.
El artículo 25, uno de los ejes centrales
Perea confirmó que el artículo 25 será uno de los puntos que demandará mayor análisis por parte del Ejecutivo. Actualmente, el Ministerio de Minería trabaja junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas para definir su implementación.
Ese apartado establece el mecanismo para otorgar créditos fiscales a las empresas que alcancen los objetivos de desarrollo local previstos por la ley.
«Es uno de los artículos que más tenemos que trabajar», reconoció.
La norma también contempla que esos créditos fiscales puedan ser transferidos a proveedores, aunque la reglamentación deberá establecer los criterios y mecanismos para hacer efectivo ese beneficio.
Metas progresivas y compatibilidad con el RIGI
El ministro recordó que la ley plantea objetivos progresivos y no cupos obligatorios. Entre sus metas figura alcanzar una participación del 80% de trabajadores locales y que el 60% de las compras se realicen a proveedores sanjuaninos, siempre considerando factores como la disponibilidad de personal calificado, la competitividad, la capacidad técnica y las condiciones del mercado.
«Esto es una ley de objetivos. No son cupos obligatorios, son metas de planificación», sostuvo.
Asimismo, defendió la compatibilidad de la norma con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que durante la elaboración del proyecto se analizaron los posibles puntos de conflicto.
«El RIGI te da estabilidad, no inmovilidad. Y con esta ley no se toca ninguno de esos puntos», afirmó.
Con la reglamentación ya en elaboración, el Gobierno busca contar con una herramienta que transforme en procedimientos concretos los mecanismos destinados a promover el empleo local, el fortalecimiento de los proveedores mineros y el desarrollo económico previsto por la nueva legislación.
