El Ministerio de Salud Pública de San Juan clausuró en mayo de 2026 dos residencias para adultos mayores que funcionaban sin habilitación. Entre ambos establecimientos alojaban a 26 personas: 14 permanecían en uno de los lugares y otras 12 en el segundo.
Tras detectar las irregularidades, las autoridades dispusieron el cierre de los establecimientos y remitieron las actuaciones correspondientes al Tribunal de Faltas. Paralelamente, comenzó el procedimiento para determinar qué ocurriría con las personas que residían en esos lugares.
El secretario de Control y Planeamiento, Gastón Jofré, confirmó que en San Juan existen 36 residencias censadas y solamente 27 cuentan actualmente con la habilitación correspondiente. Las autorizaciones tienen una vigencia de tres años y posteriormente deben ser renovadas.
La diferencia entre la cantidad total de establecimientos registrados y aquellos que mantienen su documentación vigente vuelve a colocar bajo análisis el funcionamiento de los controles y, especialmente, la existencia de residencias que pueden operar fuera de las condiciones exigidas por la normativa.
Qué necesita un geriátrico para funcionar legalmente
La apertura y funcionamiento de una residencia para adultos mayores exige cumplir una serie de requisitos destinados a garantizar condiciones mínimas de seguridad y asistencia.
Entre las exigencias se encuentran la presencia de un director médico, enfermería permanente, matafuegos, detectores de humo, registros de medicación y las correspondientes habilitaciones municipales y provinciales.
Cumplir esas condiciones implica una estructura profesional, edilicia y económica que incrementa los costos de funcionamiento. Frente a esa realidad, pueden aparecer establecimientos montados en viviendas particulares que ofrecen alojamiento y cuidados sin reunir las autorizaciones necesarias.
La existencia de demanda por lugares disponibles, sumada al costo de las residencias habilitadas y a las dificultades que enfrentan algunas familias para garantizar cuidados permanentes, genera un escenario en el que los establecimientos irregulares encuentran espacio para funcionar.
El problema se agrava cuando esos lugares permanecen fuera de los registros oficiales, ya que su detección puede depender de inspecciones o denuncias.
Qué establece la legislación provincial
La ley provincial 6822 establece que la autoridad de aplicación para este tipo de establecimientos es el Ministerio de Salud. La normativa contempla mecanismos de fiscalización y sanción para quienes incumplan las condiciones necesarias para desarrollar la actividad.
También existe un registro de reincidentes. De acuerdo con el régimen previsto, quien incurra nuevamente en determinadas infracciones puede quedar inhabilitado de manera permanente.
Sin embargo, la existencia de residencias que directamente funcionan sin registrarse plantea una dificultad adicional para el sistema de control: antes de aplicar sanciones o exigir adecuaciones, las autoridades deben detectar su funcionamiento.
Los dos establecimientos clausurados fueron encontrados operando sin habilitación y las correspondientes actuaciones quedaron en manos del Tribunal de Faltas.
Qué ocurrirá con los 26 adultos mayores
La clausura abrió inmediatamente otro problema: determinar dónde serán alojadas las personas que vivían en las dos residencias.
Después de disponer los cierres, el Ministerio confeccionó un listado con los 26 residentes y comenzó a comunicarse con sus familiares. Se estableció un plazo de 15 días para concretar las correspondientes reubicaciones.
Para las familias, esto implica encontrar en un período reducido una residencia habilitada que disponga de lugar y que, además, resulte económicamente accesible.
La situación se vuelve particularmente delicada para aquellos adultos mayores que no cuentan con una red familiar capaz de hacerse cargo inmediatamente de su traslado y alojamiento. En esos casos, la asistencia estatal adquiere un papel central para evitar que la clausura derive en una situación de mayor vulnerabilidad.
Jofré sintetizó una característica fundamental de estos establecimientos al señalar: “Los residentes no son pacientes, son residentes”.
La distinción implica que una residencia para adultos mayores no funciona necesariamente como una institución sanitaria, aunque debe cumplir condiciones vinculadas con el cuidado, la seguridad y la atención de quienes viven allí.
Por esa misma razón, el cierre administrativo de un establecimiento no resuelve automáticamente la situación de las personas alojadas. Además de impedir que continúe funcionando un lugar irregular, es necesario garantizar una alternativa para quienes tenían allí su residencia cotidiana.
El caso vuelve a exponer una tensión que excede las dos clausuras: existe una demanda sostenida de cuidados para adultos mayores y, al mismo tiempo, una oferta formal que implica costos, requisitos e infraestructura que no todas las familias pueden afrontar.
Cuando esa demanda no encuentra respuesta suficiente dentro del circuito habilitado, se genera un espacio para residencias que funcionan con documentación vencida o directamente fuera del sistema.
La intervención realizada en mayo permitió detectar y cerrar dos de esos establecimientos. Ahora, además de las actuaciones ante el Tribunal de Faltas, el desafío inmediato será completar la reubicación de las 26 personas que permanecían alojadas allí.
El episodio deja planteado un problema que no termina con las clausuras: controlar las residencias existentes, detectar aquellas que funcionan clandestinamente y garantizar alternativas seguras para los adultos mayores que necesitan un lugar donde vivir y recibir cuidados.
