El Gobierno de San Juan se encuentra en las etapas finales para poner en funcionamiento un nuevo protocolo de rescate en altura, destinado a coordinar la actuación de organismos provinciales, fuerzas federales y otras instituciones ante emergencias en la cordillera. La iniciativa adquiere especial relevancia después de los recientes acontecimientos que conmocionaron a la provincia.
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que la medida responde a una necesidad vinculada con el crecimiento de la actividad económica en las zonas más elevadas de los Andes y el desarrollo de la minería, factores que previsiblemente incrementarán tanto la presencia de trabajadores como el tránsito aéreo hacia la cordillera.
Achem vinculó directamente el proyecto con esa expansión y señaló que «el protocolo de rescate la altura se ha trabajado con los equipos de gobierno, justamente pensando y sabiendo que la minería va a traer un tráfico aéreo hacia la cordillera mucho más intenso con los riesgos que eso tiene y, por supuesto, la mayor cantidad de gente trabajando en la cordillera también va a aumentar el riesgo».
La intención oficial es contar con una intervención provincial más directa en el seguimiento de estos movimientos y mejorar la capacidad de reacción frente a una eventual emergencia. Actualmente, la legislación vigente en materia aeronáutica data de la década del 70 y la regulación principal corresponde a organismos nacionales como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Cómo funcionará el protocolo de rescate en altura
El protocolo no será una nueva ley que deba atravesar la Cámara de Diputados, sino un esquema de actuación coordinada entre los diferentes organismos que podrían intervenir frente a una emergencia en la montaña.
Sobre su funcionamiento, Achem detalló en Radio Sarmiento que «es un protocolo de acción coordinada de las fuerzas de la provincia de San Juan y de los otros organismos que pueden intervenir, como es el caso de salud pública, y la participación de fuerzas federales en el caso de que sea necesario y requerido, como es Gendarmería, como es Ejército, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones donde se ha trabajado coordinadamente e inclusive organizaciones civiles».
Uno de los principales objetivos será evitar problemas de coordinación frente a una emergencia de grandes dimensiones. Para eso se contemplan diferentes hipótesis de trabajo, entre ellas situaciones que obliguen a rescatar simultáneamente a numerosas personas en caminos o sectores de alta montaña.
Otro aspecto central será mejorar el intercambio de información entre las empresas privadas y el Estado provincial. El Gobierno pretende conocer con mayor precisión determinados movimientos aéreos para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier inconveniente.
Achem indicó que «vamos a trabajar también en que se nos informe a la Dirección de Aeronáutica de la Provincia fundamentalmente cuando viajan o cuando van en aeronaves privadas funcionarios provinciales. Es una cuestión de tener mayor información, saber horarios de despegue, rutas, pasajeros y demás que nos permita estar alertas en cuanto lo que tiene que ver con el seguimiento de ese vuelo».
De esta manera, la Dirección de Aeronáutica podrá disponer previamente de información sobre horarios, rutas y pasajeros, especialmente cuando funcionarios provinciales sean trasladados mediante aeronaves privadas.
Un protocolo impulsado por Carlos Heredia
La elaboración del esquema tuvo una participación central del fallecido director de Emergencias, Carlos Heredia. Achem adelantó que la presentación oficial será «un homenaje a Carlos Heredia, que es el protocolo de rescate la altura, este, que se ha trabajado con los equipos de gobierno».
El secretario General de la Gobernación destacó además la participación técnica que tuvo Heredia durante la elaboración del documento. Según explicó, él y otros especialistas «habían trabajado y formulado el aspecto técnico principal y quizás mayormente Heredia, que es a quien se lo encargamos inicialmente».
El proyecto comenzó a gestarse hace dos años por instrucción del gobernador Marcelo Orrego y fue desarrollado mediante un trabajo técnico que involucró a especialistas con conocimiento de las condiciones y los riesgos propios de la alta montaña sanjuanina.
Entre quienes participaron del proceso estuvieron Heredia, la doctora Sonia Sánchez, de Salud Pública, y Aníbal Turis, de Aeronáutica.
El documento definitivo también será puesto a disposición de las empresas mineras para que conozcan con precisión los mecanismos de coordinación con el Gobierno provincial frente a una situación crítica en la cordillera.
Las compañías privadas, de todas maneras, ya cuentan con mecanismos propios de seguridad. Según explicó Achem, las empresas mineras «tienen sus protocolos de trabajo, por supuesto, porque tienen toda que cumplir con todas las condiciones de seguridad laboral».
Las firmas también poseen sus propios sistemas de gestión de riesgos para proteger a sus trabajadores. Sin embargo, el protocolo provincial pretende establecer una respuesta conjunta frente a emergencias de mayor magnitud.
La Provincia no posee competencia legal para regular directamente los vuelos realizados por empresas privadas, debido a que esa supervisión corresponde principalmente a organismos nacionales como la ANAC. El nuevo esquema estará orientado, por lo tanto, a fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta provincial.
La tragedia aérea y los riesgos de la cordillera
La necesidad de contar con este mecanismo adquirió mayor notoriedad después de la caída del helicóptero que transportaba a funcionarios y personal de seguridad, episodio que Achem calificó como un golpe muy duro para el equipo de Gobierno.
La montaña sanjuanina presenta condiciones de elevada complejidad técnica para las operaciones aéreas. Los vientos en altura y los cambios repentinos que pueden producirse en las quebradas constituyen factores de riesgo que históricamente estuvieron relacionados con diferentes siniestros.
De acuerdo con relatos de la Dirección Aeronáutica, con el último episodio ya se contabilizan once accidentes de helicópteros en la historia de la zona andina provincial, un antecedente que refuerza la necesidad de extremar las medidas preventivas y contar con conocimiento profesional del terreno.
El aumento previsto de la actividad minera implica, además, una mayor circulación de trabajadores y aeronaves hacia sectores cordilleranos. Para el Gobierno, ese escenario obliga a anticipar mecanismos de respuesta capaces de funcionar frente a emergencias que involucren a numerosas personas.
Una vez terminado, el protocolo establecerá cómo deberán coordinarse los diferentes organismos provinciales y qué mecanismos permitirán incorporar, cuando resulte necesario, a fuerzas federales y organizaciones civiles.
El documento será presentado además como homenaje a Carlos Heredia, uno de sus principales impulsores técnicos, y posteriormente será compartido con las empresas mineras para establecer los procedimientos de coordinación ante eventuales emergencias en la cordillera sanjuanina.
