La investigación interna por el faltante de 150 pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros dentro de la Policía de San Juan derivó en el traslado de siete efectivos que cumplían funciones en la División Armamento.
La medida fue dispuesta por el jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez, en el marco del sumario administrativo iniciado para determinar qué ocurrió con las armas que no aparecen correctamente asentadas en los inventarios oficiales.
Aunque las primeras hipótesis apuntan a un severo desorden administrativo, las autoridades evalúan promover una denuncia penal si el armamento no es localizado en el corto plazo, ante la posibilidad de un robo o desvío de las pistolas Bersa calibre 9 milímetros.
Los siete efectivos trasladados
Los cambios fueron establecidos mediante una resolución firmada por Álvarez y alcanzaron exclusivamente al personal que se desempeñaba en la División Armamento.
El suboficial principal Mauricio Javier Ríos fue trasladado a la Unidad Coordinadora de Departamentales; la cabo primero Laura Verónica Aballay, a la Sección Comunal N° 1 Centro; y el cabo primero Javier Darío Lucero, a la Departamental 7 Oeste.
También fueron removidos el cabo primero Martín Hernán Villalobos, destinado a la Comisaría 2ª de Concepción; el cabo Carlos Andrés Chaves, enviado a la Comisaría 3ª de Trinidad; el cabo Franco Miguel Troncoso, reasignado a la Unidad Operativa La Cañada; y el cabo Franco Gabriel Tejada, trasladado a la Comisaría 26ª Cabo Félix Javier Salinas.
Inconsistencias en la asignación de las armas
Los traslados se produjeron luego de que la auditoría detectara irregularidades en los registros y en la asignación del armamento policial.
Entre las primeras inconsistencias aparecieron casos de subcomisarios que portaban pistolas que, según la documentación oficial, estaban asignadas nominalmente a cabos. La situación expuso deficiencias en los mecanismos de control interno de la fuerza.
Las armas investigadas forman parte de un lote de 500 unidades adquirido en 2022 por el Gobierno de San Juan a la firma Punto de Impacto, mediante una licitación pública. Las diferencias fueron identificadas en los lotes de fabricación denominados M y N.
Fuentes allegadas a la investigación atribuyeron inicialmente el faltante a un desorden administrativo acumulado durante años, agravado por la ausencia de un sistema digital que permita seguir de manera individual cada arma reglamentaria.
Otra de las hipótesis bajo análisis indica que parte del armamento podría permanecer guardado en sus cajas originales, sin haber sido incorporado formalmente al sistema de registro y asignación.
Nuevo responsable y posible denuncia penal
Como parte de la reestructuración de la División Armamento, fue designado al frente del área el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, quien deberá encabezar la normalización de los inventarios y del control del material bélico.
La investigación administrativa podría derivar en una denuncia penal en caso de que las armas no sean localizadas o aparezcan indicios de que fueron sustraídas o desviadas.
El sumario se desarrolla en paralelo a otra causa penal que intenta determinar el destino de una serie de computadoras adquiridas para la Policía de San Juan que tampoco pudieron ser ubicadas. Ese expediente impulsó una revisión más amplia de los mecanismos internos de administración y control dentro de la fuerza.
