Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas correspondientes al período 2020-2025. La medida se produjo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes buscan determinar el origen y la evolución de su patrimonio familiar.
La documentación incorporada por el funcionario incluyó correcciones sobre bienes, ahorros, inmuebles y movimientos financieros que habían quedado bajo observación judicial. La presentación derivó en una intensa discusión política y mediática, especialmente por las explicaciones brindadas respecto de fondos que durante años permanecieron fuera de los registros fiscales.
Bitcoin, ahorros no declarados y una defensa pública contundente
Uno de los aspectos más relevantes de la rectificación patrimonial fue la explicación vinculada a las criptomonedas. Adorni declaró haber obtenido aproximadamente USD 300.000 mediante operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, cuando desarrollaba actividades en el sector privado. Según detalló, esas inversiones explican una parte sustancial de los fondos incorporados a sus declaraciones actuales.
Durante sus explicaciones públicas, el jefe de Gabinete sostuvo que utilizó ocho billeteras digitales diferentes y precisó operaciones concretas realizadas en aquellos años. Entre ellas, señaló: «En agosto de 2017 compré 13 bitcoins a 3356 dólares; el 2 de noviembre compré uno más por 7234. Liquidé 10 bitcoin en marzo de 2018 a 8824 dólares y los 5 restantes a 6845».
La frase que más repercusión generó fue su reconocimiento de haber mantenido fondos fuera del sistema formal. «Ahorramos en negro, como todos los argentinos», expresó al defender la procedencia de esos recursos. También argumentó que esa decisión respondía a una postura crítica frente a las políticas fiscales vigentes en aquel momento.
Ante las acusaciones surgidas a partir de la investigación, Adorni insistió en que el dinero cuestionado proviene exclusivamente de actividades privadas previas a su ingreso al Gobierno. «Acá no hay un solo peso del Estado, es plata que gané trabajando en el sector privado», afirmó.
Propiedades, herencias y cuentas incorporadas a la rectificación
La reconstrucción patrimonial incluyó además ingresos provenientes de la sucesión de su padre fallecido en 2022. Según informó, recibió recursos derivados de la venta de una propiedad ubicada en La Plata y de un lote en Daireaux, por un monto total cercano a los USD 79.000.
Otro de los puntos observados fue la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Inicialmente registrada únicamente a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, la documentación rectificada estableció que el inmueble pertenece a ambos cónyuges en partes iguales. En la presentación se consignó una inversión de aproximadamente USD 120.000 para su adquisición.
Asimismo, Adorni informó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que aseguró haber financiado mediante un anticipo en efectivo y mecanismos de crédito hipotecario. En la declaración correspondiente a 2025 también dejó asentado que posee alrededor de USD 190.000 en ahorros y cuentas bancarias en Estados Unidos con montos menores.
La investigación judicial y las repercusiones políticas
Especialistas del ecosistema cripto consultados por distintos medios consideran que las operaciones descriptas por Adorni resultan técnicamente compatibles con las cotizaciones históricas de Bitcoin. Sin embargo, advierten que la trazabilidad de movimientos realizados en aquellos años puede presentar dificultades debido al uso de billeteras físicas y sistemas que no exigían mecanismos robustos de identificación.
En ese contexto, la Justicia federal intenta determinar si el funcionario efectivamente controlaba las billeteras mencionadas y si los fondos declarados ingresaron de manera lícita antes de su desembarco en la administración nacional en diciembre de 2023.
La controversia también generó repercusiones dentro del oficialismo. Mientras el presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete y sostuvo que las explicaciones demostraban que no había mentido, otras figuras expresaron reparos sobre su conducta. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó la situación como una «vergüenza», mientras que Patricia Bullrich habló de una «omisión ética».
En paralelo, sectores de la oposición cuestionaron la adhesión de Adorni y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias y plantearon objeciones respecto del proceso de regularización patrimonial. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que se trata de procedimientos administrativos habituales y niegan cualquier irregularidad vinculada con el ejercicio de la función pública.
Mientras la causa judicial avanza y continúan los pedidos de información sobre el origen de los fondos declarados, el jefe de Gabinete busca sostener su agenda institucional y reforzar respaldos políticos internos en un contexto donde la discusión patrimonial se convirtió en uno de los principales focos de atención pública.
