El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que obliga a las entidades financieras a embargar recursos vinculados a plataformas de apuestas ilegales, en una medida que busca golpear las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado y al creciente mercado clandestino de las denominadas «bets».
La decisión reglamenta mecanismos contemplados en la Ley Antimafia y establece que los recursos incautados, una vez completado el debido proceso legal, serán transferidos al Fondo Nacional de Seguridad Pública para financiar acciones de prevención y combate contra organizaciones criminales.
«Cumplido el debido proceso, los recursos embargados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública y reforzarán el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país», afirmó Lula a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
Cómo funcionará el mecanismo
El Gobierno brasileño explicó que la Secretaría de Premios y Apuestas será la encargada de identificar a las empresas que operan de forma irregular. Una vez detectadas, las instituciones financieras serán notificadas formalmente y deberán proceder al bloqueo administrativo de las cuentas vinculadas a esas operaciones.
Según detalló el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Dario Durigan, el congelamiento de fondos deberá ejecutarse de forma inmediata y los bancos tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la medida.
Las empresas alcanzadas por la decisión podrán presentar recursos y alegaciones para cuestionar la legalidad del embargo. Sin embargo, si esos planteos no prosperan, la Abogacía General de la Unión impulsará acciones judiciales para concretar la expropiación definitiva de los fondos.
Los recursos recuperados pasarán entonces a integrar el Fondo Nacional de Seguridad Pública.
Hasta la mitad de las plataformas serían ilegales
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades brasileñas es la dimensión del mercado clandestino.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva, entre el 41% y el 51% de las plataformas de apuestas que operan actualmente en Brasil funcionan de manera ilegal.
Las estimaciones oficiales indican además que cerca de 25,2 millones de personas utilizan este tipo de sitios, una cifra que refleja el enorme crecimiento del sector durante los últimos años.
Las autoridades sostienen que muchas de estas plataformas operan sin autorización, evaden controles regulatorios y pueden ser utilizadas para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
El operativo que aceleró la decisión
La firma del decreto se produjo apenas un día después de una operación conjunta realizada por fuerzas policiales y organismos tributarios contra una red de apuestas clandestinas que operaba bajo licencias presuntamente emitidas por un municipio del estado de Río Grande do Norte.
Las investigaciones apuntan a posibles delitos de lavado de dinero, explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y violaciones a los derechos de los consumidores.
Además, el Ministerio de Hacienda informó que logró identificar a cerca de 300 operadores responsables de casi 50.000 sitios de apuestas retirados de internet. Según las investigaciones, estas estructuras utilizaban alrededor de 30 instituciones financieras para procesar pagos y mover recursos.
Aunque el Gobierno todavía no calculó cuánto dinero podría recuperar mediante este nuevo mecanismo, considera que el golpe financiero puede transformarse en una de las herramientas más efectivas para debilitar las redes que operan detrás del negocio ilegal de las apuestas online.
