El Gobierno nacional autorizó formalmente al Ministerio de Economía a gestionar créditos por hasta US$5000 millones con entidades financieras internacionales para afrontar compromisos de deuda, entre ellos el vencimiento con bonistas previsto para el próximo 9 de julio.
La medida quedó establecida mediante el decreto 478, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca en la estrategia de financiamiento impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que prioriza alternativas de menor costo frente a la emisión de nueva deuda en los mercados internacionales.
La autorización para tomar préstamos
Según establece la normativa, el Ministerio de Economía podrá obtener “financiamiento por hasta US$5000 millones mediante préstamos con entidades financieras internacionales, garantizados parcialmente por organismos multilaterales”.
El texto oficial remarca que el objetivo de la operatoria es “reducir el costo de financiamiento del Tesoro nacional”, en un contexto en el que el Gobierno busca cumplir con sus obligaciones financieras sin afectar las reservas del Banco Central.
Los créditos serán otorgados en dólares y contemplarán jurisdicción de Nueva York para eventuales controversias. No obstante, el decreto preserva expresamente la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado, así como sobre las reservas, cuentas y activos del Banco Central, entre otros bienes públicos.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, y se apoya en las autorizaciones contempladas por el Presupuesto 2026 y la legislación vigente sobre crédito público.
Facultades para Hacienda y Finanzas
El decreto también delega amplias facultades operativas en las secretarías de Hacienda y Finanzas. Ambos organismos podrán definir plazos, tasas de interés, monedas y demás condiciones financieras de los préstamos.
Asimismo, tendrán la potestad de seleccionar las entidades financieras participantes, “pudiendo designar una única institución o un grupo que actuarán en forma sindicada”, según señala el texto oficial.
Las dependencias también podrán contratar agentes financieros, acordar el pago de comisiones y gastos asociados a las operaciones, además de autorizar a funcionarios competentes a suscribir la documentación correspondiente y ejecutar las medidas necesarias para concretar los créditos.
La normativa establece además que los gastos derivados de estas operaciones serán imputados a las partidas correspondientes al Servicio de la deuda pública.
La estrategia para afrontar el pago de julio
La búsqueda de financiamiento forma parte del esquema diseñado por Economía para afrontar el pago de más de US$4200 millones a bonistas que vence el próximo 9 de julio.
En abril, Luis Caputo había anticipado que mantenía conversaciones con al menos cuatro grandes bancos de Wall Street para obtener una línea de crédito que permitiera cumplir con ese compromiso sin recurrir a las reservas del Banco Central y a un costo más conveniente que una nueva colocación de deuda externa.
Como parte de ese esquema, el Gobierno gestionó garantías ante organismos multilaterales. La semana pasada llegaron los avales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respaldarán una porción de la operación.
De acuerdo con la información difundida por esos organismos, el financiamiento tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.
Las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el BID permitirán acceder a préstamos por aproximadamente US$3200 millones. El Gobierno aspira a completar el esquema hasta alcanzar los US$5000 millones mediante un aval adicional de la CAF, cuyo directorio ejecutivo tiene prevista una reunión para el 22 de julio.
