La Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos fallos que representan un importante respaldo para la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. En decisiones adoptadas por seis votos contra tres, el máximo tribunal habilitó al Gobierno a retirar protecciones migratorias a cientos de miles de personas y restablecer restricciones para quienes buscan asilo en la frontera con México.
Las resoluciones fortalecen la capacidad del Poder Ejecutivo para definir la política migratoria y podrían tener un impacto directo sobre cientos de miles de inmigrantes que permanecían legalmente en territorio estadounidense bajo programas de protección humanitaria.
La Corte habilitó el fin del TPS para haitianos y sirios
Uno de los fallos autoriza al Gobierno de Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de ciudadanos de Haití y Siria.
Este programa, creado por el Congreso en 1990 con respaldo bipartidista, permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias.
La decisión abre la posibilidad de retirar la protección a aproximadamente 350.000 ciudadanos haitianos y más de 6.000 sirios, además de generar efectos sobre beneficiarios provenientes de otros países que actualmente integran el programa.
No obstante, la eventual deportación dependerá de la situación migratoria individual de cada beneficiario, ya que muchos aún no poseen órdenes formales de expulsión y podrán recurrir ante la justicia migratoria.
También podrá rechazar solicitudes de asilo en la frontera
En otro fallo emitido el mismo día, la Corte Suprema autorizó al Gobierno estadounidense a volver a impedir el ingreso de migrantes que soliciten asilo en la frontera con México.
La medida permite rechazar físicamente el ingreso de solicitantes antes de que ingresen a territorio estadounidense, una política impulsada originalmente durante la primera presidencia de Trump y que había sido suspendida por decisiones judiciales.
Con esta resolución, la administración recupera una herramienta clave para endurecer los controles migratorios en la frontera sur.
Una Corte dividida y una fuerte discusión política
Las dos decisiones fueron aprobadas por la mayoría conservadora del tribunal, mientras que los tres jueces de perfil liberal votaron en disidencia.
Entre los cuestionamientos, la jueza Elena Kagan sostuvo que las declaraciones públicas de Trump sobre los inmigrantes haitianos reflejan un contexto de prejuicios que debía ser considerado al evaluar la legalidad de las medidas.
Por su parte, la mayoría encabezada por el juez Samuel Alito consideró que la legislación vigente limita la posibilidad de que los tribunales revisen las decisiones del Poder Ejecutivo respecto de la designación o finalización del TPS.
El Gobierno celebró los fallos
Desde el Departamento de Seguridad Nacional calificaron las resoluciones como una victoria para la aplicación de la ley migratoria.
Funcionarios de la administración sostienen que el TPS fue concebido como una medida temporal y que, con el paso de los años, terminó funcionando en algunos casos como una residencia de hecho para miles de personas.
En cambio, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron que las decisiones ponen en riesgo a personas que podrían regresar a países afectados por graves conflictos o crisis humanitarias.
Más decisiones clave en camino
Los fallos llegan mientras la Corte Suprema se prepara para resolver otros casos vinculados a las políticas migratorias de Trump.
Entre ellos figura la revisión de la iniciativa presidencial que busca limitar el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para hijos de inmigrantes nacidos en el país, uno de los temas más sensibles dentro de la agenda migratoria de la actual administración.
Con estas decisiones, la Corte vuelve a colocar al Poder Ejecutivo en una posición de amplio margen para aplicar cambios en materia migratoria, en un escenario donde la política de fronteras continúa siendo uno de los principales ejes del debate político en Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló dos decisiones clave impulsadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria. El máximo tribunal permitió retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de haitianos y sirios y habilitó nuevamente el rechazo de solicitantes de asilo en la frontera con México, en fallos divididos que fortalecen la política migratoria de la Casa Blanca.
Seiscientos mil migrantes descubrieron que un fallo judicial puede cambiar una vida más rápido que una mudanza. En apenas dos decisiones, la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta para que cientos de miles de personas vuelvan a quedar a un paso de la deportación mientras la Casa Blanca celebra otra victoria en su cruzada migratoria.
Durante años, el TPS funcionó como ese paraguas que nadie notaba cuando brillaba el sol, pero que se volvía imprescindible cuando empezaba la tormenta. Ahora la lluvia sigue cayendo, los conflictos en varios países continúan y el paraguas quedó en manos de una mayoría de jueces que decidió que el Ejecutivo puede guardarlo cuando considere oportuno.
La otra decisión fue igual de contundente. Los solicitantes de asilo ya no podrán cruzar la frontera para esperar que un juez analice su caso. Es como llegar a la puerta de un hospital y que primero te expliquen el reglamento antes de dejarte entrar. La discusión jurídica existe, pero el impacto humano aparece mucho antes que cualquier expediente.
La administración de Donald Trump sostiene que simplemente está haciendo cumplir la ley y recuperando el control de las fronteras. Sus críticos responden que el país está desarmando uno de los pilares históricos de protección para quienes escapan de guerras, persecuciones o desastres humanitarios. Entre una postura y otra quedan miles de familias que llevan años viviendo, trabajando y formando parte de comunidades estadounidenses.
El debate tampoco termina en la inmigración. Cada uno de estos fallos alimenta una discusión mucho más amplia sobre cuánto poder puede concentrar un presidente para modificar políticas públicas sin pasar por el Congreso. La Corte parece estar respondiendo esa pregunta caso por caso, y la respuesta, por ahora, favorece ampliamente a la Casa Blanca.
En Washington siguen escribiendo jurisprudencia. En la frontera, mientras tanto, la realidad no espera el próximo fallo.