Las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional quedaron nuevamente bajo análisis tras una investigación publicada por Ámbito Financiero, que expone cuestionamientos sobre el sistema utilizado para tasar empresas estatales antes de su venta o concesión.
Según esa publicación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación dejó de intervenir en varios expedientes y las valuaciones pasaron a ser realizadas por una Unidad de Valuaciones creada dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), organismo que depende del Ministerio de Economía.
El cambio de mecanismo
De acuerdo con la investigación, la nueva unidad realizó tasaciones de empresas como Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, AySA, Transener, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas del Comahue. El informe sostiene que parte de esos procedimientos fueron desarrollados bajo cláusulas de confidencialidad, situación que motivó cuestionamientos y pedidos de acceso a la información.
La publicación también señala que el cambio de esquema coincidió con modificaciones en la conducción del BICE y con el apartamiento del Tribunal de Tasaciones en distintos procesos.
La Justicia ya interviene
Las denuncias derivaron en actuaciones judiciales que actualmente buscan determinar si los procedimientos administrativos respetaron la normativa vigente. Entre ellas figura la causa vinculada a Intercargo, donde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) cuestionó la metodología utilizada para fijar el valor de la empresa y presentó una denuncia penal.
Como parte de esas actuaciones, distintos juzgados solicitaron información al Ministerio de Economía y al BICE sobre las tasaciones realizadas y la documentación respaldatoria de los procesos.
Los casos bajo análisis
La investigación también menciona cuestionamientos relacionados con Nucleoeléctrica Argentina, debido a la complejidad técnica que implica su valuación, así como observaciones sobre las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue, la venta de Transener y el proceso de privatización de AySA.
En el caso de AySA, además, el proceso permanece atravesado por decisiones judiciales que ordenaron analizar previamente aspectos ambientales antes de avanzar con la privatización.
Las posiciones enfrentadas
Mientras los denunciantes solicitan la publicación de las tasaciones, la metodología utilizada y una explicación sobre el apartamiento del Tribunal de Tasaciones, el Gobierno sostiene que las valuaciones fueron realizadas con criterios técnicos y que el plan de privatizaciones busca avanzar en la reducción del tamaño del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas.
Las investigaciones continúan en trámite y, hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva que determine si hubo o no irregularidades en los procedimientos cuestionados. El avance de las causas será clave para establecer la legalidad del mecanismo utilizado durante el proceso de privatización de estos activos estatales.
