El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 un total estimado de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.
El análisis surge de los resúmenes bancarios incorporados al expediente, a partir de los cuales los investigadores realizaron una estimación global del nivel de gasto. La cifra forma parte del material probatorio que será contrastado con un informe técnico solicitado a la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Además de los consumos con tarjetas propias, la investigación incluye el presunto uso de plásticos pertenecientes a empleados públicos subordinados, utilizados para compras de elementos vinculados a videojuegos y otros bienes. Según consta en la causa, una de las funcionarias declaró que las operaciones habrían sido posteriormente reintegradas en efectivo por el entonces funcionario.
El análisis de los gastos bajo la lupa judicial
Los investigadores también revisan otros movimientos financieros, entre ellos compras de blanquería y artículos para el hogar por aproximadamente $8 millones, además de pagos en efectivo en dólares destinados a refacciones de propiedades y viajes. Estos elementos se encuentran bajo análisis dentro del mismo expediente.
La causa también incorporó el testimonio de contratistas y empleados que aportaron información sobre gastos en efectivo, incluyendo una refacción de vivienda en un barrio privado, cuyo financiamiento habría sido realizado en dólares.
Pericia patrimonial y próximos pasos
El estudio pericial en curso buscará contrastar todos los movimientos financieros con los ingresos declarados por el ex funcionario, que percibía un salario inicial de $3,5 millones mensuales, luego incrementado a $7,6 millones durante su paso por la función pública.
La Justicia ya accedió a información bancaria tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, aunque se trata de datos preliminares que serán complementados con el informe de la DAFI. Ese documento será clave para determinar la evolución patrimonial.
En caso de que la fiscalía considere que existen inconsistencias entre ingresos y gastos, se avanzará con un pedido de justificación patrimonial. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, el expediente podría derivar en una citación a declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.
La investigación también abarca períodos previos a su ingreso a la función pública, con pedidos de informes sobre supuestas inversiones en criptomonedas y declaraciones patrimoniales anteriores, así como el análisis de su entorno familiar. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del capital inicial declarado y determinar su origen.
La Justicia investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se analizan consumos con tarjetas de crédito por unos $139 millones entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. El expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, incluye además el uso de tarjetas de terceros y gastos en efectivo bajo análisis.
$139 millones en tarjetas de crédito mientras el sueldo jugaba en otra liga. La cuenta no es de un casino online, pero los investigadores la miran como si cada consumo tuviera bonus track y recompensas ocultas.
El expediente avanza con la serenidad de un contador que ya dejó de sorprenderse. Lo que empezó como un análisis patrimonial ahora parece una auditoría con aspiraciones de novela larga, donde cada resumen bancario trae un capítulo nuevo y ninguna factura viene sola.
Según la investigación, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni habría registrado consumos por aproximadamente $139 millones entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 con tarjetas de crédito, cifra calculada a partir de resúmenes bancarios incorporados a la causa. Los datos forman parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.
Los investigadores también analizan el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados subordinados, utilizadas para compras vinculadas a elementos de videojuegos y otros bienes, operaciones que, según una testigo, habrían sido posteriormente reintegradas en efectivo por el entonces funcionario.
En paralelo, el expediente incluye otros gastos bajo revisión, como compras de blanquería y artículos para el hogar por montos cercanos a los $8 millones, además de pagos en efectivo en dólares vinculados a refacciones de propiedades y viajes, todos bajo la lupa judicial.
El análisis se apoya en el levantamiento del secreto bancario y en información preliminar, a la espera de un informe técnico elaborado por la DAFI, organismo especializado en investigaciones patrimoniales. Ese dictamen será clave para determinar si existe o no coherencia entre ingresos y egresos del ex funcionario.
La fiscalía evalúa, una vez recibido ese informe, solicitar una justificación patrimonial. En caso de que las explicaciones no resulten satisfactorias, el expediente podría avanzar hacia una eventual citación a declaración indagatoria, decisión que quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.
La investigación también se amplió a períodos previos a su función pública, incluyendo el análisis de supuestas inversiones en criptomonedas y movimientos financieros de su entorno familiar. El objetivo es establecer la trazabilidad de fondos y reconstruir el origen del capital declarado.