El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 un total estimado de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

El análisis surge de los resúmenes bancarios incorporados al expediente, a partir de los cuales los investigadores realizaron una estimación global del nivel de gasto. La cifra forma parte del material probatorio que será contrastado con un informe técnico solicitado a la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Además de los consumos con tarjetas propias, la investigación incluye el presunto uso de plásticos pertenecientes a empleados públicos subordinados, utilizados para compras de elementos vinculados a videojuegos y otros bienes. Según consta en la causa, una de las funcionarias declaró que las operaciones habrían sido posteriormente reintegradas en efectivo por el entonces funcionario.

El análisis de los gastos bajo la lupa judicial

Los investigadores también revisan otros movimientos financieros, entre ellos compras de blanquería y artículos para el hogar por aproximadamente $8 millones, además de pagos en efectivo en dólares destinados a refacciones de propiedades y viajes. Estos elementos se encuentran bajo análisis dentro del mismo expediente.

La causa también incorporó el testimonio de contratistas y empleados que aportaron información sobre gastos en efectivo, incluyendo una refacción de vivienda en un barrio privado, cuyo financiamiento habría sido realizado en dólares.

Pericia patrimonial y próximos pasos

El estudio pericial en curso buscará contrastar todos los movimientos financieros con los ingresos declarados por el ex funcionario, que percibía un salario inicial de $3,5 millones mensuales, luego incrementado a $7,6 millones durante su paso por la función pública.

La Justicia ya accedió a información bancaria tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, aunque se trata de datos preliminares que serán complementados con el informe de la DAFI. Ese documento será clave para determinar la evolución patrimonial.

En caso de que la fiscalía considere que existen inconsistencias entre ingresos y gastos, se avanzará con un pedido de justificación patrimonial. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, el expediente podría derivar en una citación a declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

La investigación también abarca períodos previos a su ingreso a la función pública, con pedidos de informes sobre supuestas inversiones en criptomonedas y declaraciones patrimoniales anteriores, así como el análisis de su entorno familiar. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del capital inicial declarado y determinar su origen.