El Gobierno nacional presentó un proyecto de reforma que modifica la Ley General de Vinos y la Ley Nacional de Alcoholes, con el objetivo de desregular la actividad vitivinícola. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, propone eliminar la obligación de fraccionar y envasar el vino en origen, redefinir funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y disolver la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
El proyecto alcanza distintos eslabones de la cadena productiva y plantea cambios que, según el Gobierno, buscan simplificar regulaciones y reducir la intervención estatal. Sin embargo, la propuesta abrió un amplio debate dentro del sector sobre el impacto que podría tener en el modelo de producción vitivinícola.
Los principales cambios que impulsa la reforma
Uno de los puntos centrales es la eliminación de la obligación de fraccionar y envasar el vino en las provincias productoras, una exigencia vigente desde la Ley 23.149 que buscaba garantizar que parte del valor agregado permaneciera en las regiones vitivinícolas.
La iniciativa también modifica la definición de vino genuino, reemplazando la expresión «mosto de uva fresca» por «mosto de uva». Según el proyecto, este cambio amplía los insumos que pueden utilizarse durante la elaboración, incorporando variantes como mostos concentrados o sulfitados y permitiendo una mayor flexibilidad para la fermentación.
Además, desaparecen de la ley las definiciones específicas de diferentes tipos de vinos y productos vitivinícolas, que pasarán a ser establecidas por el INV. También se reemplaza el listado de prácticas enológicas permitidas por un sistema basado en las normas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con la posibilidad de autorizar procedimientos adicionales.
Menos controles y cambios en la comercialización
Otro eje de la reforma redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El organismo concentrará la fiscalización en la etapa final de la cadena productiva, dejará de tener la facultad de paralizar ingresos o egresos de productos por incumplimientos administrativos y convertirá en optativos determinados controles sobre origen, añada y varietal cuando respondan a necesidades comerciales.
El proyecto también elimina la prohibición de mezclar vinos nacionales con productos vitivinícolas importados. Quienes respaldan la iniciativa sostienen que esta medida permitirá igualar las condiciones de competencia con otros países productores donde estas prácticas ya están habilitadas. En cambio, quienes cuestionan la reforma consideran que podría afectar la trazabilidad y la identificación del origen del vino argentino.
La propuesta de eliminar la Coviar
La iniciativa incluye además la derogación de la ley que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), entidad responsable desde 2004 de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), un espacio de articulación entre productores, bodegas, gobiernos provinciales y el Estado nacional.
Semanas atrás, el Gobierno había eliminado por decreto el aporte obligatorio que realizaban las bodegas para financiar el funcionamiento de la entidad, aunque esa decisión quedó suspendida por una medida judicial. Con el nuevo proyecto, la administración nacional propone directamente la eliminación de la Coviar mediante una ley, lo que modificaría de manera definitiva el marco institucional que reguló al sector durante las últimas dos décadas.
