El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra cinco empresas estatales y ocho funcionarios cubanos, a quienes vincula con la importación de armamento y la cooperación militar entre el régimen de La Habana, Rusia y China.
Las medidas fueron adoptadas en el marco del Decreto Ejecutivo 14404, firmado por el presidente Donald Trump, y forman parte de una estrategia destinada a restringir los canales de abastecimiento de equipamiento militar hacia Cuba.
Las empresas alcanzadas por las sanciones
Entre las entidades sancionadas figura TECNOIMPORT, subsidiaria del conglomerado militar GAESA, dedicada a la importación de equipamiento técnico, incluido material de origen ruso y chino.
También fueron incluidas la Unión de Industria Militar (UIM), responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias; la sociedad DUNA S.A.; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, especializada en el mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y TECNOTEX, otra subsidiaria de GAESA vinculada, según Estados Unidos, con la renovación de helicópteros rusos y antecedentes de cooperación con Corea del Norte.
Funcionarios militares sancionados
La lista también incluye a ocho altos funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), entre ellos el ministro Álvaro Victoriano López Miera y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, quienes ya habían sido sancionados en 2021 bajo la Ley Global Magnitsky.
Además fueron designados José Antonio Remón Rodríguez, Óscar Enrique Biosca Gallego, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, señalados por Washington por su participación en actividades de cooperación militar y adquisición de equipamiento bélico.
Qué implican las sanciones
Como consecuencia de la medida, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Asimismo, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los designados, salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Departamento de Estado también advirtió que empresas e instituciones financieras extranjeras que mantengan operaciones con los sancionados podrían quedar expuestas a futuras sanciones estadounidenses.
El argumento de Washington
Las nuevas designaciones se producen semanas después de la publicación del informe «Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI», elaborado por el Departamento de Estado.
Según ese documento, el régimen cubano fortaleció en los últimos años su cooperación con Rusia y China, incorporando equipamiento militar, tecnologías de vigilancia y otros recursos de seguridad, situación que Washington considera una amenaza para sus intereses estratégicos en el hemisferio.
