La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de la Capital Federal para solicitar la suspensión del Decreto 612/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó aspectos de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral vinculados con aportes y contribuciones establecidos mediante convenios colectivos.
La presentación sostiene que la modificación impone una carga económica difícil de afrontar para las pequeñas y medianas empresas del transporte y cuestiona su constitucionalidad y legalidad. Si la Justicia concede la medida cautelar solicitada, el alcance podría repercutir sobre los recursos vinculados al Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano.
El Decreto 612 fue dictado el 17 de julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 20 de julio. La norma incorporó a la base de cálculo, además del salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual”.
Qué cambió con el Decreto 612
El eje del conflicto se encuentra en la forma de calcular los límites aplicables a determinadas cargas económicas previstas en los convenios colectivos, en el marco del artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, modificado por la Ley 27.802.
El anterior Decreto 407/2026 había establecido que, a esos fines, la base de cálculo estaría constituida por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador. El Decreto 612 agregó posteriormente las remuneraciones normales, habituales y mensuales de origen convencional.
La norma también excluyó expresamente de esa base conceptos que no reúnan esas características, entre ellos premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.
Según el planteo de CATSE, para el convenio de Camioneros un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29, mientras que con la nueva fórmula la base considerada ascendería a $1.260.010,29. La diferencia es de $200.000 y representa, de acuerdo con la presentación empresaria, un incremento del 18,87%.
La cámara sostiene que esa modificación no surgió de una nueva ley ni de una modificación del convenio colectivo, sino de una decisión reglamentaria del Poder Ejecutivo. Según su argumento, la aplicación de la nueva fórmula afecta especialmente a las pymes del transporte de cargas y logística debido al peso de los costos laborales dentro de su estructura operativa.
El reclamo por la vigencia y los pagos anteriores
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con la fecha de entrada en vigencia del Decreto 612. El artículo 3° establece que la medida rige desde el día de su dictado, el 17 de julio, aunque su publicación en el Boletín Oficial se produjo tres días después, el 20 de julio.
CATSE solicita que la Justicia determine que el decreto no puede exigirse durante ese período debido a que, según argumentó en su presentación, “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.
La entidad también reclama que los pagos efectuados entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, de manera que la modificación posterior no pueda utilizarse para reclamar diferencias correspondientes a ese período.
Según el planteo empresario, el cambio alteró “de la noche a la mañana” un esquema que había comenzado a regir desde principios de junio y sobre cuya base las compañías habían organizado presupuestos, tarifas y decisiones económicas.
Una disputa que puede impactar en Camioneros
El amparo reclama una medida cautelar de no innovar para que el Decreto 612 no sea aplicado a las empresas representadas por CATSE mientras la Justicia analiza la cuestión de fondo. La cámara sostiene que el impacto económico se reproduce mensualmente y puede afectar el funcionamiento de las firmas del sector.
La discusión no modifica, según la presentación, el salario que perciben los trabajadores ni sus adicionales convencionales. El cuestionamiento está dirigido a determinadas cargas a cargo de los empleadores y vinculadas con estructuras colectivas y sindicales.
El Decreto 612 también dispone que determinadas contribuciones y aportes patronales acordados mediante convenios colectivos deben destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores, con una administración separada de los demás fondos sindicales.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá evaluar el pedido de CATSE y determinar si corresponde suspender cautelarmente la aplicación del decreto para las empresas involucradas. Hasta que exista una decisión judicial, el cuestionamiento empresario constituye un planteo pendiente de resolución y no implica por sí mismo la invalidez de la normativa vigente.
