El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió otro revés político luego de que el Gobierno resolviera que la reforma de la Ley del Libro no será una prioridad para la agenda parlamentaria de corto plazo. La decisión fue tomada después de la mesa política del oficialismo, en un escenario en el que las iniciativas del funcionario serán revisadas con mayor detalle antes de avanzar.
La decisión se conoció luego del traspié registrado en el Senado, donde se cayeron **dos capítulos claves del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada**. A partir de ese episodio, el paquete de reformas que Sturzenegger tenía previsto impulsar durante las próximas semanas quedó sujeto a una revisión dentro del Gobierno.
El planteo de Sturzenegger sobre el precio de los libros
Uno de los proyectos que quedó relegado es la reforma de la Ley del Libro, una iniciativa que apunta a modificar la legislación que regula el mercado editorial. El anteproyecto contempla la derogación de la **Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera**, sancionada en 2001, que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en librerías, supermercados y plataformas digitales.
La propuesta también incluye cambios sobre las normas vinculadas con el fomento del libro y la lectura.
Sturzenegger había defendido públicamente la iniciativa y sostenido que la legislación vigente funciona, en la práctica, como una prohibición para que los comercios puedan ofrecer libros a menor precio. “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros. En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, denunció.
Como ejemplo, el ministro mencionó el caso de un librero que durante la última Feria del Libro de Buenos Aires quiso vender Las Crónicas de Narnia a $40.000, pero debió elevar el precio a $99.000 porque ese era el valor establecido por la normativa.
A partir de ese planteo, Sturzenegger cuestionó que la defensa de la actividad cultural pueda realizarse mediante una regulación que, según su interpretación, encarece los ejemplares. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores ”, afirmó.
Y agregó: “Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”. Para el funcionario, la eliminación del precio único permitiría que los comercios compitan entre sí y mejoren las condiciones para los lectores. “La competencia simplemente los obligaría a ofrecer más productos y a mejores precios”, sostuvo.
El rechazo de la industria editorial
El planteo oficial generó un fuerte debate dentro del sector editorial. Editoriales, librerías y escritores sostienen que el precio uniforme no tiene como objetivo impedir la competencia, sino evitar que las grandes cadenas y plataformas puedan concentrar la comercialización de los títulos más populares mediante descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de igualar.
Desde el sector también advierten que una eventual liberalización podría provocar **el cierre de pequeñas librerías y una reducción de la diversidad de títulos disponibles**. De acuerdo con datos citados en el artículo original, Argentina cuenta actualmente con unas 1.500 librerías y más de 500 editoriales pequeñas y medianas.
La gestión libertaria ya había intentado avanzar con la eliminación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera en dos oportunidades.
Los dos antecedentes del Gobierno
El primer intento se produjo mediante el **DNU 70/2023**, publicado al inicio de la gestión de Javier Milei. El decreto incluyó entre sus medidas de desregulación la derogación de la Ley 25.542, aunque ese capítulo no llegó a efectivizarse. El DNU fue cuestionado judicialmente y el Congreso rechazó esa parte del decreto.
El segundo intento tuvo lugar durante el tratamiento de la **Ley Bases en 2024**. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso volvía a incluir la derogación de la Ley 25.542 como parte del paquete de reformas y desregulaciones impulsado por la administración libertaria.
Sin embargo, durante las negociaciones con los bloques opositores dialoguistas, el capítulo fue retirado con el objetivo de conseguir respaldo parlamentario para la iniciativa.
Ahora, la reforma vuelve a quedar fuera de las prioridades inmediatas del Gobierno. La iniciativa que Sturzenegger buscaba llevar al Congreso deberá esperar mientras el oficialismo redefine el orden de sus próximas reformas.
