Un informe elaborado por Galois estimó cuánto dinero adicional habría recibido Mendoza entre enero y julio de 2026 si una parte de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que actualmente tiene asignaciones específicas, se hubiera distribuido a través del régimen general de coparticipación federal.
Para la provincia, el cálculo arroja **$31.590 millones adicionales acumulados durante los primeros siete meses del año**. Se trata de una estimación hipotética: el monto no constituye una deuda reconocida por el Gobierno nacional con Mendoza, sino un ejercicio sobre cuánto habría percibido la provincia bajo un mecanismo de distribución diferente al vigente.
El cálculo toma el **35,44% del impuesto a los combustibles** que actualmente tiene como destino el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y la Compensación al Transporte Público.
Cómo se distribuye actualmente el impuesto
El impuesto a los combustibles tiene actualmente una distribución específica. Luego de la detracción del **1,9% destinada a ARCA**, el producido se reparte entre distintos destinos:
10,40% para el Tesoro Nacional.
15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
10,40% para las provincias.
28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
2,55% para la Compensación al Transporte Público.
Los tres últimos componentes son los que conforman el **35,44%** utilizado por Galois para realizar la simulación: 4,31% correspondiente a infraestructura hídrica, 28,58% destinado a infraestructura de transporte y 2,55% para la compensación al transporte público.
El cálculo que favorece a Mendoza
De acuerdo con el informe, entre enero y julio de 2026 la recaudación acumulada del impuesto a los combustibles alcanzó los **$3,8 billones**. Si se descuenta el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% considerado en el ejercicio representa aproximadamente **$1,3 billones** que, bajo el escenario hipotético, se distribuirían entre las provincias.
El informe plantea qué habría ocurrido si esos recursos hubieran ingresado al esquema general de distribución federal. En ese escenario, las **24 jurisdicciones recibirían en conjunto el 58,76%**, de acuerdo con el régimen de coparticipación, mientras que el resto correspondería al componente nacional.
Con ese mecanismo, Mendoza habría recibido **$31.590 millones adicionales** entre enero y julio de este año.
La provincia aparece entre las jurisdicciones que habrían obtenido una suma significativa bajo este esquema alternativo. El cálculo la ubica por debajo de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero por encima de provincias como Neuquén, Río Negro, San Luis y La Rioja.
El antecedente del proyecto que no fue ley
La discusión sobre la modificación de este esquema ya había llegado al Congreso. Durante 2025, los gobernadores impulsaron un proyecto que proponía eliminar distintos fondos y asignaciones específicas y elevar al **57,02% la participación provincial en el impuesto**.
La iniciativa fue aprobada por el Senado por **56 votos contra uno**, pero en la Cámara de Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por ese motivo, el proyecto no se convirtió en ley.
El antecedente es relevante porque muestra que la discusión sobre el destino de estos recursos no comenzó con el deterioro de las rutas nacionales, aunque el estado de la infraestructura volvió a colocar el tema en el centro de la agenda.
El reclamo por las rutas nacionales
El informe de Galois ubica la discusión en el marco de la controversia por el destino de los recursos afectados a infraestructura vial. El debate cobró fuerza luego de que se conociera que **más de $1 billón de la recaudación de los impuestos a los combustibles se destinó a inversiones financieras y no a reparar rutas**.
Según el documento, el vocero presidencial reconoció que una parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía como parte de la estrategia «para alcanzar el equilibrio fiscal».
La situación tiene una dimensión particular para Mendoza, donde el deterioro de las rutas nacionales se transformó en uno de los principales reclamos hacia el Gobierno de Javier Milei. La Provincia decidió avanzar con recursos propios en distintas obras sobre corredores que originalmente se encuentran bajo jurisdicción nacional.
Entre esas intervenciones se encuentran trabajos en el **Acceso Sur, sobre la Ruta Nacional 40, y en la Ruta Nacional 143, en San Rafael**. También ocurrió algo similar con el Acceso Este, ex Ruta Nacional 7, aunque después de la inauguración de la Variante Palmira ese corredor pasó a jurisdicción provincial como Ruta Provincial 22.
Qué dice Mendoza sobre el impuesto
Desde el Gobierno de Mendoza evitaron formular una crítica dura contra la administración nacional, con la que mantienen una alianza política, y plantearon una postura que combina el reclamo por el destino de los fondos con la posibilidad de eliminar directamente el impuesto.
«Esos fondos antes iban al conurbano bonaerense y a una Dirección Nacional de Vialidad súper ineficiente. No llegaban a ningún lado y salían del Tesoro Nacional», aseguraron desde Casa de Gobierno, en referencia a la utilización de esos recursos durante administraciones anteriores.
Luego agregaron: «Ahora los recursos no salen, entendemos que es para mantener el equilibrio, y estamos reclamando día a día para que se utilicen con el fin que tienen asignado. No se han perdido como pasaba antes, hay que sostener el equilibrio y disponer esos fondos para las rutas», plantearon.
Desde la Provincia también señalaron: «En los primeros 2 años entendemos que necesitamos el equilibrio para bajar la inflación. Ahora me parece que empieza la discusión de que, o se elimina el impuesto, o que lo distribuyan como se debe».
Por otro lado, desde Mendoza recordaron declaraciones realizadas años atrás por el gobernador Alfredo Cornejo en las que planteaba la eliminación del impuesto a los combustibles.
Así, el cálculo de los **$31.590 millones** vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede el monto estimado para Mendoza: qué porcentaje de lo recaudado por los combustibles debe quedar en manos de Nación, cuánto corresponde a las provincias y, sobre todo, qué destino efectivo deben tener esos recursos mientras las rutas nacionales continúan deteriorándose.
