El paro indefinido iniciado el lunes 10 de agosto en Ucayali entró este jueves 13 en su cuarto día, con bloqueos en distintos puntos de la carretera Federico Basadre y reclamos de transportistas y organizaciones sociales por el fuerte aumento del precio de los combustibles. El conflicto aparece como el primer desafío social de magnitud regional para el Gobierno de Keiko Fujimori, aunque definirlo como su primera crisis dependerá del alcance político y de la evolución de la protesta.
El principal foco se mantiene en Pucallpa. Durante las jornadas de protesta se registraron barricadas, quema de neumáticos, vehículos detenidos y restricciones sobre el transporte terrestre. La paralización también comenzó a generar dificultades en servicios como la recolección de residuos y el retiro de desechos hospitalarios, además de complicaciones para las clases presenciales y el abastecimiento de combustibles y productos básicos.
También hubo reportes sobre saqueos o intentos de saqueo que derivaron en el cierre preventivo de tres mercados de Pucallpa. La información disponible no permite afirmar que los tres establecimientos hayan sido saqueados. Hasta el momento tampoco se informaron víctimas fatales ni heridos de gravedad directamente vinculados con las manifestaciones.
El malestar tuvo expresiones además en Loreto, Arequipa y Tacna, aunque con modalidades y alcances diferentes. En Puno hubo protestas y gremios que plantearon un ultimátum al Ejecutivo antes de resolver una eventual paralización, por lo que no corresponde incluir a esa región dentro de un mismo paro indefinido.
El precio de los combustibles, en el centro del conflicto
El principal reclamo está relacionado con el fuerte incremento de los combustibles en la Amazonía. De acuerdo con los valores difundidos por dirigentes y reportes regionales, el diésel se comercializa en Pucallpa entre aproximadamente S/22 y S/25 por galón, aunque los precios varían según la estación de servicio. Algunos informes locales mencionaron picos de S/26,50, pero ese máximo no cuenta hasta ahora con suficiente corroboración para considerarlo un valor generalizado.
La gasolina regular, en tanto, se ubicaría en varias estaciones entre S/20 y S/21 por galón. Los transportistas sostienen que meses atrás los precios eran considerablemente menores y afirman que el incremento terminó trasladándose a pasajes y fletes, con tarifas que en algunos recorridos habrían llegado a duplicarse.
Las dificultades para transportar mercadería también comenzaron a repercutir sobre los comercios y el abastecimiento. La continuidad de los bloqueos podría profundizar esos problemas si se mantiene restringido el movimiento de vehículos y cisternas hacia los puntos de distribución.
Factores internacionales y problemas internos
Petroperú atribuye parte del aumento de sus precios de lista al escenario internacional, marcado por la tensión en Medio Oriente, la incertidumbre sobre el tránsito energético y las variaciones del mercado petrolero. La empresa también señala que las estaciones de servicio son operadores independientes y que, por lo tanto, el precio final al consumidor no depende exclusivamente de la petrolera estatal.
La compañía sostiene además que cuenta con combustible almacenado en Pucallpa y con producto en tránsito. Sin embargo, los bloqueos dificultan el traslado de las cisternas y su llegada efectiva a las estaciones. De esa manera, la existencia de reservas no necesariamente se traduce en disponibilidad inmediata para los usuarios.
El conflicto también puso bajo discusión los costos estructurales de abastecer a la región. Parte del combustible que llega a Pucallpa debe ser trasladado desde instalaciones ubicadas en la costa, lo que agrega gastos logísticos y expone las limitaciones de almacenamiento y distribución existentes en la Amazonía.
Transportistas y autoridades regionales también cuestionaron la calidad del combustible y plantearon reparos sobre su contenido de azufre. Ese señalamiento debe mantenerse, por ahora, como un reclamo de los sectores involucrados, ya que no se difundió públicamente una evaluación técnica oficial que confirme esas objeciones.
El Gobierno analiza un subsidio, pero aún faltan definiciones
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, encabezó reuniones con representantes de Petroperú, organismos reguladores y autoridades regionales y locales. Después de esos encuentros, el Ejecutivo informó que el Ministerio de Energía y Minas coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas un subsidio directo de corto plazo destinado a reducir el impacto de los precios en la selva.
La medida todavía se encuentra en etapa de definición. Hasta este jueves, el Gobierno no había precisado públicamente el monto de la ayuda, la fecha de entrada en vigencia, el mecanismo de aplicación ni el universo definitivo de beneficiarios. Tampoco está establecido cómo se garantizaría que una eventual compensación termine reflejándose efectivamente en el precio pagado por los consumidores.
El Ejecutivo también evalúa revisar la estructura de costos, ampliar las alternativas de almacenamiento y recurrir nuevamente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No está confirmado que ese fondo ya haya sido reactivado para enfrentar el conflicto actual, por lo que corresponde presentar la iniciativa como una posibilidad bajo análisis.
Un eventual subsidio sería el primero anunciado por la administración de Fujimori, pero no el primero aplicado en Perú durante 2026. Antes del cambio de Gobierno ya se había dispuesto una compensación temporal para determinados sectores del transporte.
Los gremios consideran insuficientes los anuncios y mantienen la protesta a la espera de una disminución verificable de los precios, abastecimiento regular y respuestas sobre la calidad del combustible. El conflicto obliga así al nuevo Ejecutivo a enfrentar simultáneamente factores externos y problemas internos acumulados, entre ellos los elevados costos logísticos, la limitada capacidad de almacenamiento y las diferencias de abastecimiento entre Lima y las regiones amazónicas.
El Gobierno sostiene que buena parte de la presión sobre los precios tiene origen internacional. Esa explicación, sin embargo, no resuelve por sí sola el reclamo central de Ucayali: por qué el impacto resulta particularmente severo en la región y qué medidas permanentes permitirían reducir esa brecha. Mientras esas respuestas siguen pendientes, el paro continúa y los anuncios oficiales todavía no se reflejan de manera concreta en los surtidores.
