El directivo de Techint Pablo Brizzio negó este jueves haber tenido conocimiento de pedidos de dinero por parte de funcionarios argentinos o venezolanos para intervenir en las negociaciones relacionadas con la nacionalización de Sidor en Venezuela. Lo hizo al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7, en el juicio de los denominados Cuadernos.
Durante su testimonio, Brizzio brindó detalles sobre el proceso de nacionalización ocurrido en 2008 y describió el clima de tensión en el que un centenar de empleados argentinos y sus familias debieron abandonar Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
Según explicó, los contactos a nivel político estuvieron a cargo de Luis Betnaza, responsable de Relaciones Institucionales de la siderúrgica.
Betnaza y Zabaleta declararán como testigos
Luis Betnaza y el exdirector de Techint Héctor Zabaleta tienen previsto declarar como testigos en el juicio el próximo martes. Ambos habían sido procesados durante la investigación por los pagos vinculados al caso, pero posteriormente fueron sobreseídos luego de que la Justicia considerara que actuaron por motivos “humanitarios”, relacionados con las gestiones para conseguir que funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner intercedieran ante Hugo Chávez por la situación de los empleados argentinos.
En las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, conocidas como los “cuadernos”, aparecen ocho supuestos episodios de pagos y presuntos contactos entre directivos de Techint y el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Según la investigación mencionada en el juicio, las sumas involucradas fueron de entre 15 y 20 millones de pesos.
Baratta sí quedó procesado por esos pagos.
Brizzio mencionó además la participación del acusado José María Olazagasti, exsecretario privado del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en otra etapa de las negociaciones vinculadas con la compensación económica a Techint por la nacionalización.
Según el testigo, esa gestión ante Venezuela resultó exitosa porque permitió evitar que la empresa tuviera que recurrir al CIADI y dio lugar a una negociación que finalizó con un acuerdo económico. Sin embargo, Brizzio aseguró que nunca tuvo conocimiento de pedidos de dinero a cambio de esa intervención.
Un planteo para limitar el testimonio
Antes de que comenzara la declaración, la defensa de Olazagasti pidió que Brizzio no respondiera preguntas relacionadas con su cliente, al considerar que podía afectarse su derecho de defensa.
La fiscal Fabiana León y la querella de la UIF se opusieron al pedido. “Lo que se juzga es lo que está en el requerimiento de elevación de este juicio y no la parte que ha quedado en la instrucción. Entendemos que no hay afectación de ningún derecho”, expresó León.
El defensor solicitó entonces que la cuestión fuera analizada por los tres magistrados que integran el Tribunal. Tras un cuarto intermedio, el planteo fue rechazado y Brizzio comenzó a responder las preguntas de la fiscalía.
Durante su declaración, el testigo también brindó detalles sobre la compra de Sidor en Venezuela en 1996 y sobre los acontecimientos posteriores que derivaron en su nacionalización.
Una audiencia con cambios en la lista de testigos
Para la jornada estaban inicialmente convocados cuatro testigos. Sin embargo, al comenzar la audiencia, la fiscalía anunció que desistía de tres de esos testimonios. Uno de los convocados incluso ya se encontraba en Comodoro Py 2002 cuando se informó la decisión.
Como esos testimonios habían sido solicitados únicamente por la parte acusadora y no hubo objeciones, el Tribunal aceptó el desistimiento y dispuso un cuarto intermedio de aproximadamente media hora mientras esperaba la llegada de Brizzio, el único testigo que finalmente quedó previsto para la jornada.
El abogado defensor José Manuel Ubeira pidió entonces que el Tribunal recordara a las partes la necesidad de comunicar con anticipación las decisiones relacionadas con testigos, con el objetivo de optimizar los tiempos del juicio y evitar inconvenientes para quienes son convocados.
La fiscal León respondió posteriormente: “Esta fiscal no acepta sugerencias de los abogados particulares, sobre todo de aquellos que han insultado de forma agraviante a miembros del Ministerio Público Fiscal, sobre todo cuando la fiscalía está cumpliendo su función con la debida diligencia”.
También afirmó que, antes del comienzo del debate oral, la fiscalía había entregado una lista de 200 testigos respecto de los cuales pretendía desistir, pero sostuvo que esa decisión encontró oposición.
El presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, dio por terminada la discusión y expresó: “Mi exhortación fue general para todas las partes, para el mejor uso del tiempo, para todos, sin distinción de ninguna situación en particular; exhortación que mantengo para el mejor aprovechamiento del tiempo y evitar molestias a los testigos, descontando las dificultades propias del volumen de esta causa.”
En el juicio se encuentra acusada la expresidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y por cohecho, junto con exfuncionarios de su gestión y empresarios. En total son 86 los acusados.
La jornada se produjo después de otras declaraciones testimoniales dentro del mismo debate. Entre ellas estuvo la del exministro de Transporte Florencio Randazzo, quien aseguró que “jamás” le pidieron favorecer a alguna empresa mediante subsidios y sostuvo que no tenía conocimiento de lo ocurrido fuera de las áreas que estuvieron bajo su responsabilidad.
