El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, con el objetivo de avanzar contra prácticas que definió como “créditos abusivos”.
La decisión se conoce en un contexto de creciente morosidad y dificultades financieras para numerosas familias, que recurren al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos o cancelar obligaciones anteriores.
Quintela sostuvo que «atravesamos una situación de extrema gravedad, que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado provincial».
El mandatario remarcó que el crédito dejó de funcionar en muchos casos como una herramienta para mejorar la situación económica de los hogares.
«Muchas familias ya no recurren el crédito para progresar, crecer, desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Hoy, muchas veces se endeudan para pagar deudas. Ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar», lanzó el mandatario.
El DNU y el foco en las tasas abusivas
Quintela apuntó contra mecanismos de financiamiento que, según describió, incluyen tasas excesivas, refinanciaciones constantes y niveles de endeudamiento capaces de absorber prácticamente todo el ingreso de una familia.
Al respecto, habló del «uso abusivo y abuso financiero con tasa desmedida, refinanciaciones permanentes y deudas que terminan absorbiendo la totalidad del ingreso familiar.»
El gobernador aclaró que la iniciativa no pretende impedir el acceso al crédito, sino establecer herramientas para evitar prácticas que considere abusivas.
«Busca evitar el abuso, que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera».
El alcance concreto del régimen dependerá de la redacción definitiva del decreto y de las facultades regulatorias que pueda ejercer el Ejecutivo provincial sobre las distintas formas de financiamiento al consumo.
Suspensión de ejecuciones prendarias por 180 días
En paralelo, la provincia promulgó una ley que suspende durante 180 días las ejecuciones prendarias en La Rioja.
La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos originalmente firmados, pero establece un período durante el cual acreedores y deudores podrán negociar antes de que se concrete la pérdida de los bienes ofrecidos como garantía.
La medida busca otorgar un margen adicional a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
El antecedente de los préstamos clandestinos
La preocupación provincial por el endeudamiento también tuvo un antecedente reciente en el ámbito penal.
En julio, la División Delitos Económicos detuvo a un hombre acusado de otorgar préstamos clandestinos y amenazar a una mujer hasta obligarla a entregar un terreno.
En relación con ese caso y otras operaciones investigadas, Quintela afirmó que algunas tasas de interés llegaban a superar el 1000%.
El nuevo decreto ampliará así la intervención del Estado provincial desde los descuentos salariales y las ejecuciones prendarias hacia el mercado de créditos de consumo.
Su impacto dependerá de la letra final de la norma, de las atribuciones que invoque el Ejecutivo para regular estas operaciones y de la capacidad de fiscalización sobre entidades formales y prestamistas clandestinos.
