El oficialismo consiguió durante la madrugada la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes habilitados para adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La medida constituye un nuevo intento de reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero, uno de los objetivos que el Ejecutivo viene impulsando dentro de su estrategia económica.
Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo una segunda victoria consecutiva en la Cámara baja. La iniciativa recibió 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda y algunos diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Los dólares que busca incorporar el Gobierno
Al presentar la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que la intención era garantizar que los beneficios previstos por la ley se mantengan “independientemente de cuál sea el gobierno de turno”.
Durante esa presentación, Caputo sostuvo que existe “una masa muy grande de dólares en el colchón” y afirmó que el Gobierno estima que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal.
Hasta el momento, el régimen se ubicó por debajo de las expectativas oficiales. Según datos de ARCA, unas 330.000 personas adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
De ese total, 170.115 contribuyentes ya presentaron su declaración, mientras alrededor de 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador.
Qué cambia con la nueva ley de Inocencia Fiscal
El proyecto modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal y permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en materia de ingresos y patrimonio.
Hasta ahora, podían adherirse quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.
Además, se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
En ese marco, el proyecto redefine el concepto de “discrepancia significativa”, criterio que permite a ARCA impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
La discrepancia se configurará cuando la impugnación derive en un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.
La iniciativa también establece que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Entre los últimos cambios incorporados al dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
