El Gobierno nacional considera que el crecimiento de la morosidad comenzó a encontrar un techo y mantiene su decisión de no intervenir de manera general en el mercado financiero. La postura fue ratificada en Casa Rosada luego de que el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, advirtiera sobre el endeudamiento de las familias y reclamara que el Ejecutivo no adopte “una mirada superficial” frente al problema.
“Cada vez que el Estado intervino, terminó mal”, resumió una importante fuente de Casa Rosada. Representantes de la administración libertaria esperaban abordar el tema también en el marco de las conversaciones vinculadas con la organización de la visita del Papa León XIV.
Mientras aumentan los cuestionamientos públicos, el Poder Ejecutivo asegura que en las últimas semanas comenzaron a aparecer señales que, según su evaluación, indicarían que el crecimiento de la morosidad habría alcanzado un pico y empezaría a revertirse. Los primeros datos correspondientes a agosto muestran una mejora en los atrasos tempranos, particularmente en tarjetas de crédito.
A partir de esos indicadores, el equipo económico ratifica su decisión de no avanzar con una intervención general sobre el mercado y permitir que las entidades financieras administren y refinancien las obligaciones de sus clientes.
Una caída del 21,9% en los atrasos tempranos
Uno de los datos utilizados por el Gobierno para sostener esa lectura es la evolución de la denominada “premora” de las tarjetas de crédito, que refleja los primeros atrasos y puede anticipar un posterior deterioro de la cartera.
En julio se habían registrado 57.306 casos con 30 días de atraso, mientras que en agosto la cifra descendió a 44.708. Esto representa 12.598 casos menos en un mes y una caída del 21,9%. De acuerdo con los datos disponibles, la reducción se produjo de manera generalizada entre los distintos grupos comparables.
En ese esquema, el Banco Nación aparece como uno de los principales ejemplos que utiliza el Gobierno para justificar su estrategia: atender las dificultades de los deudores de manera individual, sin modificar las reglas generales del sistema financiero.
Desde comienzos de 2026, la entidad concretó 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, por un monto total de $476.300 millones. El ticket promedio alcanzó los $4,6 millones.
La magnitud de esos números permite dimensionar las dificultades que enfrentó una parte de los tomadores de crédito y, al mismo tiempo, exhibe el mecanismo elegido para enfrentarlas: renegociar plazos y condiciones antes que aplicar una medida general sobre el sistema financiero.
Del total refinanciado por el Banco Nación, 64.249 operaciones correspondieron a usuarios que ya se encontraban en mora, por $322.600 millones. Otras 36.424 fueron refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones, mientras que 1.832 operaciones, por $24.100 millones, correspondieron a otros casos de premora.
Además, la entidad habilitó diferentes herramientas para sus clientes, entre ellas la consolidación y unificación de deudas, la regularización de obligaciones en situación irregular y planes específicos destinados a saldos impagos de tarjetas de crédito.
Para las tarjetas, los clientes con atrasos de hasta 90 días pueden refinanciar saldos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. Para demoras superiores existen alternativas de hasta 96 meses.
En otras deudas, el Banco Nación ofrece esquemas que pueden extenderse hasta 120 meses y, en determinados casos, alcanzar los $100 millones. La caída de casi 22% registrada en la premora durante agosto es, por ahora, una de las principales señales que utiliza el Gobierno para sostener su decisión de evitar una intervención general.
La Iglesia pidió una respuesta y el Gobierno niega una crisis
La morosidad de las familias ganó espacio en la agenda pública durante los últimos días y, luego de que el Poder Ejecutivo negara que exista una crisis, la Iglesia planteó la necesidad de encontrar “alguna solución”.
Durante la última reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei se refirió al tema y aseguró que las estadísticas muestran una tendencia descendente en los indicadores que generaron preocupación. “Los indicadores no reflejan una situación de crisis”, fue el mensaje transmitido ante ministros y secretarios, bajo la instrucción de defender públicamente el programa económico.
La misma indicación fue impartida durante la reunión con diputados y senadores realizada el pasado martes en Casa Rosada.
En sintonía con esa posición, distintos representantes de la administración libertaria responsabilizan a la oposición por la relevancia que tomó el tema. “¿Crisis terminal? Es una crisis infligida en gran parte por la política y la especulación”, sostuvo un integrante de la mesa política.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, también descartó que el Gobierno analice medidas destinadas a rescatar a los morosos. Sin embargo, dentro de la conducción nacional existe coincidencia en que el Costo Financiero Total (CFT), que refleja el costo real y completo de un préstamo o una compra en cuotas, debe tener mayor visibilidad para los usuarios.
El tema volverá a la reunión de Gabinete
Pese a la posición oficial, la problemática volverá a ser analizada este martes en la reunión de Gabinete prevista para las 10. Dentro del Gobierno existen funcionarios que observan con preocupación los indicadores vinculados con el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
“Es un tema que no domino, pero me estuvieron explicando y resulta muy sencillo acceder al crédito, pero las tasas son demasiado elevadas. Es un problema”, planteó un funcionario al referirse a una de las principales billeteras virtuales.
Los números más recientes disponibles tampoco muestran una evolución uniforme. Según datos del Banco Central, la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio.
En paralelo, los atrasos superiores a 90 días dentro del segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%.
Así, mientras el Gobierno destaca la reducción registrada en agosto en los atrasos iniciales de las tarjetas de crédito, otros indicadores continúan mostrando tensiones en la capacidad de pago de las familias. La Casa Rosada mantiene por ahora su estrategia de promover refinanciaciones individuales y evitar cambios generales sobre el sistema financiero, aunque el tema seguirá presente en la agenda interna del Ejecutivo.
