El Parlamento del Norte Grande, integrado por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se reunió este jueves en La Rioja y difundió un documento con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.
El pronunciamiento apuntó contra el impacto de la política económica, el freno de la obra pública y la situación de las universidades nacionales, pero también extendió sus críticas al rumbo productivo, el federalismo y la estrategia política del Presidente.
El planteo adquiere relevancia porque varias de esas provincias fueron decisivas para que el oficialismo consiguiera en el Congreso los votos necesarios para avanzar con proyectos centrales de su gestión. Sin embargo, esa relación política no evitó que los representantes del Norte Grande marcaran diferencias frente a las consecuencias que atribuyen al programa económico en sus territorios.
“Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, afirmaron en el documento de cierre del encuentro.
Críticas a la industria y al consumo
El Parlamento utilizó datos de la Unión Industrial Argentina para advertir sobre el estado de la actividad manufacturera. Según el documento, se utiliza apenas el 57% de la capacidad instalada y entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales.
“No podemos hablar de federalismo cuando la industria pasa por la etapa tal vez más crítica de las que ha vivido en toda su historia en nuestro país”, señalaron los representantes provinciales.
En el documento final, las provincias relacionaron las dificultades de la actividad con “la debilidad de la demanda interna, la apertura a las importaciones, los mayores costos, la mora y la falta de nuevos proyectos de inversión tanto del sector público como del sector privado”.
Los datos incluidos en el manifiesto señalan que la producción industrial cayó 4,9% interanual en julio, mientras que la construcción retrocedió 4,5% frente al mismo mes de 2025.
El diagnóstico fue acompañado por una nómina de empresas afectadas por cierres, recortes de actividad o reducción de personal. Entre los casos mencionados aparecen Coteminas, en Santiago del Estero; Karagozian, en Tucumán; Neba, en Catamarca; TN Platex, en Corrientes; Refinor, en Salta; e Hiper Libertad, en Chaco.
El documento también puso el foco en la situación de los hogares y advirtió que la morosidad ya no se limita a las tarjetas de crédito o al sistema bancario.
Según el Parlamento, casi la mitad de los argentinos se endeuda porque “no pueden pagar servicios, impuestos o alquileres” y la otra mitad para comprar alimentos.
Universidades, obra pública y tarifas
En materia universitaria, los representantes provinciales cuestionaron uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener el ajuste. “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”, afirmaron.
Además, reclamaron “financiamiento suficiente y previsible, salarios dignos y recursos para sostener las becas, la investigación y el funcionamiento académico”.
Durante la apertura del encuentro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, vinculó la discusión federal con las responsabilidades de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
“¿Para qué se elige a un presidente? ¿Para qué las distintas provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Se los elige para definir políticas que generen condiciones de vida lo más dignas posible para nuestra gente y le permitan recibir los servicios que estamos obligados a prestar”, afirmó.
El estado de las rutas nacionales fue otro de los puntos centrales del documento. A partir de informes de entidades técnicas y gremiales que ubican cerca del 75% de la red vial en condiciones regulares o malas, el Parlamento relacionó el deterioro con “la paralización de la obra pública y recortes presupuestarios, transición hacia esquemas de privatización y concesión, ausencia de mantenimiento preventivo”.
Los legisladores calificaron el escenario como “muy preocupante” y reclamaron medidas para recuperar la infraestructura vial.
En materia energética, las provincias reclamaron una ley de tarifa diferenciada para las zonas cálidas, en comparación con el régimen vigente para las regiones frías.
De acuerdo con el manifiesto, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, mientras que una factura eléctrica puede representar el 15% de un salario registrado.
“Esto no es pedir un privilegio, sino pedir equidad”, plantearon los representantes del Norte Grande.
El respaldo a Malvinas y la advertencia política
El documento también incluyó una referencia a la cuestión Malvinas, aunque con un tono diferente al utilizado para los reclamos económicos.
El Parlamento del Norte Grande respaldó la posición expresada por Milei sobre la soberanía argentina y las eventuales sanciones vinculadas con la explotación de recursos, pero cuestionó la posible utilización política de esa postura.
“Que esta decisión clara expresada por el gobierno nacional se traduzca en hechos concretos, no quede en una mera maniobra electoral o que sea una estrategia que tenga por objeto revertir la imagen deteriorada de la investidura presidencial”, reclamaron.
El pronunciamiento se produjo en un escenario en el que el oficialismo mantiene canales de negociación con distintos sectores provinciales para conseguir respaldos legislativos, mientras persisten las disputas por recursos, obra pública y financiamiento.
El documento difundido en La Rioja llevó esas diferencias a un terreno más amplio: el funcionamiento del Estado nacional y el vínculo entre la Nación y las provincias. El reclamo del Norte Grande combina demandas presupuestarias con cuestionamientos al rumbo económico y plantea una discusión que podría influir en las futuras negociaciones legislativas entre el Gobierno y los distritos.
El Parlamento del Norte Grande reunió a representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y difundió un documento con críticas al Gobierno de Javier Milei. Reclamó fondos para universidades, obra pública y energía, alertó por la caída industrial y cuestionó la falta de diálogo y el impacto del endeudamiento familiar.
Diez provincias se sentaron en La Rioja y llegaron a una conclusión poco novedosa para la política argentina: cuando el Estado nacional deja de poner plata, el federalismo empieza a sonar como una palabra bastante más urgente.
El Parlamento del Norte Grande acusó al Gobierno de Javier Milei de “no dialogar y dividir”, mientras reclamó recursos para universidades, rutas, energía y obra pública. La escena tiene algo de reunión de consorcio: todos tienen problemas, alguien administra la caja y, cuando aparece la expensa, de pronto nadie recuerda haber votado al administrador.
El documento también puso números sobre la mesa. Según los datos citados por los legisladores, la industria utiliza apenas el 57% de su capacidad instalada y entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales.
La construcción tampoco salió ilesa del informe, con una caída interanual del 4,5% en julio, mientras que la producción industrial retrocedió 4,9%. A esa lista se sumaron empresas de distintas provincias afectadas por cierres, recortes de actividad o reducción de personal. La economía productiva, en este caso, no necesitó un PowerPoint para explicar que estaba complicada.
El reclamo llegó también a los hogares, donde el Parlamento advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos básicos. Casi la mitad de los argentinos, según el documento, se endeuda porque “no pueden pagar servicios, impuestos o alquileres” y la otra mitad para comprar alimentos.
En las universidades, el mensaje fue directo: “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”. La frase podría quedar archivada junto a otras tantas declaraciones políticas, salvo por un detalle: después de tantos años de discusión presupuestaria, las planillas también tienen memoria.
Las rutas nacionales fueron otro frente de conflicto. El Parlamento vinculó el deterioro de la red vial con la paralización de la obra pública, los recortes y la transición hacia esquemas de privatización y concesión, mientras reclamó mantenimiento y fondos para infraestructura.
En energía, las provincias pidieron una tarifa diferenciada para las zonas cálidas y señalaron que la canasta de servicios públicos acumuló un aumento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026. Una factura eléctrica equivalente al 15% de un salario registrado convierte al ventilador en un artículo de lujo con pretensiones de electrodoméstico.
Hasta Malvinas apareció en el documento, aunque con una particularidad: el Parlamento respaldó la posición de Milei sobre la soberanía argentina y las eventuales sanciones por la explotación de recursos, pero reclamó que esa postura no sea utilizada como una maniobra electoral.
El Norte Grande no rompió el diálogo con la Nación: pidió que, por una vez, el diálogo venga con presupuesto.