El jueves 29 de octubre, el Senado dio media sanción a la iniciativa y la giró a la Cámara de Diputados. Los votos en contra fueron de Natalia Gadano y José Carambia, representantes de Santa Cruz, según informaron medios locales.

El bloque peronista acompañó la votación general, pero no logró que prosperaran los cambios que propuso en la discusión en particular, según informaron medios locales.

El dictamen de mayoría del Orden del Día 413/26 es previo al debate en el recinto. Propone un régimen nacional para industrias y actividades productivas: no lo limita a la minería ni reserva beneficios para una provincia.

Qué inversiones propone el dictamen

El dictamen fija un piso general de USD 12 millones en inversiones productivas para empresas que superen los límites de la mediana empresa tramo 2. También contempla inversiones en actividades productivas genuinamente nuevas durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia del régimen.

Entre las inversiones incluidas aparecen bienes muebles nuevos amortizables, excepto automóviles, y obras directamente vinculadas con actividades productivas. El mismo texto exceptúa del piso a sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo agropecuarias y bienes semovientes.

También excluye activos financieros, inversiones de cartera y bienes de cambio. Según informaron medios locales, entre los incentivos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA y la estabilidad tributaria por 30 años. En otro régimen, Agua Rica se adhirió al RIGI con una inversión prevista de US$6.393 millones.

Qué podría implicar para proveedores de San Juan

El proyecto incorpora un compromiso mínimo de contratación de proveedores nacionales, sujeto a que haya oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad, según informaron medios locales. Esa obligación no reserva compras a firmas sanjuaninas ni garantiza adjudicaciones, financiamiento o contratos para proveedores de la provincia.

Como posibles participantes de la cadena minera, análisis de medios locales mencionaron fabricantes de estructuras metálicas, componentes electromecánicos, sistemas de bombeo y equipamiento industrial. Son ejemplos de actividades que podrían encuadrar si cumplen los requisitos; el dictamen no les asigna una categoría especial de proveedores mineros.

Para solicitar la adhesión, el dictamen exige un plan de inversión con carácter de declaración jurada. Debe detallar el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma, factibilidad e impacto productivo y laboral. El texto fija hasta 90 días hábiles para que la autoridad de aplicación evalúe cada solicitud.