La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta una creciente presión de sectores sindicales y movimientos sociales para incorporarse a las conversaciones que el peronismo mantiene con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La conducción de la central obrera manifestó su malestar por no haber sido convocada a los dos encuentros que distintos referentes del justicialismo realizaron para avanzar en un acuerdo político y electoral.

Sin embargo, dentro del propio peronismo existen interpretaciones diferentes sobre las razones de esa ausencia. Algunos dirigentes consideran que los vínculos de integrantes de la cúpula sindical con el Gobierno de Javier Milei podrían estar condicionando su participación en una estrategia opositora.

La discusión se desarrolla mientras los movimientos sociales también buscan obtener representación en la mesa que trabaja sobre el futuro armado electoral del justicialismo.

La CGT reclama un lugar en la mesa electoral del peronismo

El peronismo realizó hasta el momento dos encuentros destinados a explorar acuerdos para 2027.

La primera reunión se desarrolló en agosto en el Hotel Emperador, mientras que la segunda tuvo lugar la semana pasada en la casa de La Pampa, en el microcentro porteño.

De las conversaciones participaron dirigentes de diferentes sectores del justicialismo, entre ellos Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y gobernadores peronistas.

También integran ese espacio los jefes de los bloques legislativos del peronismo en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez.

En el último encuentro estuvo presente, además, Juan Manuel Olmos, referente del peronismo federal.

La ausencia de representantes de la CGT generó cuestionamientos en la conducción sindical, que considera necesario avanzar hacia una convocatoria más amplia.

El malestar fue abordado durante una reunión realizada el martes en el sindicato del Seguro, donde participaron los tres integrantes del triunvirato de la CGT junto con dirigentes de distintas organizaciones gremiales.

Entre los asistentes estuvieron Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra); Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Héctor Daer, del gremio de Sanidad; y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias.

Los movimientos sociales, por su parte, también pretenden solicitar a Mayans y Germán Martínez que incorporen a los representantes de los trabajadores a las conversaciones sobre la estrategia electoral y la futura candidatura presidencial.

La discusión expone las dificultades del peronismo para reunir a sus diferentes sectores en un mismo espacio de negociación.

Las relaciones con el Gobierno de Milei generan tensiones internas

Dentro del justicialismo, algunos referentes interpretan que la ausencia de la CGT no responde únicamente a la falta de una invitación formal.

Según esa lectura, determinados dirigentes sindicales mantienen relaciones con funcionarios del Gobierno nacional que podrían dificultar su incorporación a una estrategia de confrontación política con el oficialismo.

El cuestionamiento adquiere especial relevancia por el papel histórico del sindicalismo dentro del movimiento peronista y por el respaldo que sectores de la central obrera habían expresado anteriormente a las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof.

Uno de los dirigentes mencionados en estas críticas es Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra.

Un importante referente peronista cuestionó la situación del gremio de la construcción y sus contactos con el entorno presidencial.

«La Uocra perdió la mitad de sus empleos con Milei y, sin embargo, Gerardo Martínez se reúne una vez por semana con Karina Milei y no hizo una propuesta para salvar la situación de sus afiliados», afirmó el dirigente.

La declaración expresa una crítica política sobre la actuación de Martínez y sus vínculos con el Gobierno, aunque las afirmaciones sobre la frecuencia de esas reuniones y la evolución del empleo corresponden a la versión del dirigente consultado.

Las diferencias también alcanzan a la posición adoptada por algunos representantes sindicales frente a las políticas económicas y las iniciativas de privatización impulsadas por la administración libertaria.

AySA, las obras sociales y los intereses que complican la unidad

Otro de los focos de cuestionamiento dentro del peronismo está relacionado con José Luis Lingeri, dirigente de Obras Sanitarias, y su posición frente al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

De acuerdo con las críticas que circulan en sectores del justicialismo, Lingeri no manifestó una oposición al proceso de privatización de la empresa.

También se mencionan sus vínculos históricos con el empresario Mauricio Filiberti, una relación que ha sido objeto de cuestionamientos políticos.

Un empresario del sector describió esa cercanía mediante una expresión irónica.

«Filiberti y Lingeri tienen una relación de tanta cercanía que a veces no saben que es de quién», sostuvo.

Las relaciones entre ambos habían sido objeto de señalamientos anteriores por parte de Elisa Carrió, quien cuestionó vínculos relacionados con contratos de AySA.

Estas referencias forman parte de las controversias políticas y empresariales que rodean al sector y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de irregularidades.

La discusión también involucra al sistema de obras sociales sindicales, un área de significativa importancia económica e institucional para las organizaciones gremiales.

En ese ámbito aparece el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señalado por sus contactos con referentes sindicales.

El funcionario tuvo vínculos empresariales con el sector sanitario y llegó a ser socio del Sanatorio Güemes a partir de relaciones con Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia.

Dentro del peronismo también se cuestiona que las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger no hayan producido modificaciones relevantes en el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

Esta situación alimenta las interpretaciones de sectores opositores que consideran que existen intereses institucionales y económicos capaces de influir sobre las posiciones políticas de determinados dirigentes gremiales.

Sin embargo, esas apreciaciones corresponden a disputas y cuestionamientos internos del peronismo y no permiten establecer, sin elementos adicionales, la existencia de acuerdos particulares o conductas irregulares.

La comparación con el sindicalismo durante el menemismo también aparece en el debate interno, particularmente por las tensiones entre la representación de los trabajadores, los vínculos con el poder político y los intereses de las conducciones gremiales.

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, la participación de la CGT y los movimientos sociales se convirtió en uno de los puntos pendientes del armado electoral peronista.

Mientras la conducción sindical reclama una convocatoria más amplia, distintos referentes del justicialismo plantean interrogantes sobre el grado de compromiso que la central obrera está dispuesta a asumir en una estrategia común frente al Gobierno nacional.

Las próximas conversaciones deberán definir si el espacio incorpora formalmente a los representantes sindicales y sociales y qué papel tendrán en la discusión sobre las candidaturas y el programa político de 2027.