La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este lunes la Ley Transitoria del Régimen Penal Juvenil, una norma destinada a adecuar provisoriamente el funcionamiento de la Justicia provincial a la Ley Nacional 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre.
La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos y registró cuatro ausencias. Su objetivo principal es establecer un marco jurídico de transición hasta que San Juan sancione un Código Procesal Penal Juvenil propio.
Durante el tratamiento legislativo, distintos diputados señalaron que la provincia no consiguió completar dentro del plazo de 180 días previsto la adecuación integral de su sistema procesal.
En ese contexto, la nueva ley fue presentada como una herramienta provisoria que permitirá aplicar la normativa nacional mientras avanza la elaboración del régimen provincial definitivo.
Una ley transitoria hasta que San Juan tenga su propio código
El proyecto había sido impulsado por la Corte de Justicia de San Juan y contempla la incorporación de distintas herramientas propias del sistema acusatorio.
Entre ellas aparecen la reparación integral, la suspensión del juicio a prueba y la conciliación, mecanismos que deberán aplicarse dentro de las particularidades propias del régimen penal juvenil.
La sanción busca evitar un vacío procesal mientras se desarrolla el futuro Código Procesal Penal Juvenil de la provincia.
Ese cuerpo normativo deberá precisar cómo funcionarán en San Juan las distintas herramientas previstas por el nuevo régimen nacional y establecer procedimientos específicos para cada situación.
Los puntos que deberá resolver el futuro código
Entre los temas mencionados durante la sesión aparecen la prisión preventiva, las medidas alternativas, la reparación integral, la participación de las víctimas y las medidas complementarias.
También deberá definirse cómo se procederá cuando un adolescente alcance la mayoría de edad mientras se encuentra cumpliendo una medida dentro del sistema penal juvenil.
Otro aspecto pendiente está relacionado con eventuales traslados entre distintas jurisdicciones y con la coordinación entre organismos cuando los casos excedan el ámbito territorial de San Juan.
La futura normativa deberá establecer además criterios claros sobre la intervención de los distintos actores judiciales y administrativos que participarán en cada proceso.
Educación, salud y recursos para aplicar el sistema
El debate legislativo también se concentró en las medidas vinculadas con educación, salud, capacitación, trabajo y tratamiento de consumos problemáticos.
Uno de los principales interrogantes planteados fue qué organismos deberán garantizar esas prestaciones y con qué recursos contará la provincia para implementarlas.
La puesta en funcionamiento del nuevo régimen requerirá además una estructura específica, con personal especializado, supervisores, defensores, fiscales, asesores e infraestructura adecuada.
De esta manera, la aprobación de la ley transitoria permite que San Juan cuente con un marco provisional para aplicar la nueva normativa nacional, mientras continúa el proceso destinado a sancionar un Código Procesal Penal Juvenil propio.
El paso legislativo aprobado este lunes resuelve la transición inmediata, pero deja pendiente la definición del sistema definitivo y de los recursos necesarios para sostenerlo.
