La fiscal de La Plata Betina Lacki busca acceder a una serie de documentos administrativos que podrían permitir identificar quiénes propusieron la contratación de 50 empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires investigados en el denominado Caso Chocolate.
Se trata de los “memos de propuesta de designación y/o contratación”, documentos en los que figuraría quién impulsó el ingreso de cada uno de los titulares de las tarjetas de débito que estaban en poder de Julio “Chocolate” Rigau. Las designaciones bajo análisis abarcan un período que se extiende desde 2002 hasta 2023.
Buscan determinar quién propuso las contrataciones
Los documentos son considerados relevantes porque permitirían avanzar sobre el origen administrativo de cada contratación y establecer quién promovió el ingreso de las personas cuyos nombres quedaron vinculados a la investigación.
Ante los requerimientos realizados por Lacki, el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio había dispuesto una orden de presentación para que la Cámara baja bonaerense entregara copia legible de los memos correspondientes a los 50 empleados incluidos en la investigación.
Sin embargo, la Cámara de Diputados comunicó posteriormente que los pedidos de la fiscal habían sido incorporados a actuaciones que el cuerpo decidió archivar durante una sesión. La respuesta mencionó los expedientes, aunque no acompañó los documentos requeridos por la investigación.
Contratos que se remontan a 2002
La investigación judicial amplió el período bajo análisis y comprende hechos ocurridos desde el 1 de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023. Varios de los titulares de las tarjetas tenían contratos iniciados antes de 2012 y algunos se remontaban a 2002, 2003 y 2004.
La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos mediante empleados que figuraban contratados en la Legislatura bonaerense y cuyas tarjetas de débito eran utilizadas para realizar extracciones de dinero. Rigau fue encontrado en 2023 con numerosas tarjetas pertenecientes a trabajadores legislativos, hecho que dio impulso a la investigación.
Entre los aspectos que ahora procura esclarecer la Fiscalía está quién propuso originalmente cada una de esas designaciones. Los memos reclamados podrían aportar esa información y permitir reconstruir cómo se incorporaron los nombres que aparecen en el expediente.
Algunas de esas contrataciones tienen más de dos décadas de antigüedad. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, algunos de los prestanombres ya accedieron a una jubilación estatal después de haber permanecido durante años registrados dentro de la estructura pública.
