Uno de los ejes de las denuncias judiciales es el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas.
La magnitud de la cifra abrió interrogantes sobre la estrategia aplicada para administrar las reservas, los instrumentos financieros contratados y el impacto económico que tuvieron esas operaciones.
La investigación deberá establecer si los resultados correspondieron a una cobertura financiera legítima, cómo fueron estructurados los contratos y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. La existencia de pérdidas, por sí sola, no acredita la comisión de un delito ni determina responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
El traslado de lingotes al exterior
La controversia tiene además como antecedente el traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país, aunque la información sobre las cantidades, las condiciones de las operaciones y el destino de los activos generó cuestionamientos de sectores de la oposición.
En septiembre, durante una exposición en el Senado, Santiago Bausili sostuvo que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación aclaró que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas todavía se encontraba en curso y señaló demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.
La falta de precisiones sobre el recorrido de los lingotes y las condiciones en que fueron realizadas las operaciones derivó en nuevos reclamos para acceder a la documentación respaldatoria y establecer las responsabilidades correspondientes.
Las denuncias y las medidas de prueba solicitadas
En paralelo, Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Vladimir Werning Curutchet y solicitó medidas de prueba destinadas a reconstruir las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025. También pidió que se investigue si existió una actuación coordinada entre funcionarios de distintas áreas.
Entre las medidas reclamadas figuran contratos, actas del directorio del Banco Central, informes de riesgo, registros de liquidaciones y documentación sobre los pagos efectuados. Además, solicitó una pericia contable destinada a establecer el resultado económico real de las transacciones.
Con la presentación de Esteban Paulón, el caso sumó un nuevo capítulo judicial y político. El eje de los planteos apunta a determinar cómo fueron administradas las reservas, qué información estuvo disponible para los organismos de control y si las decisiones adoptadas se ajustaron a las obligaciones legales de los funcionarios.
Paulón pidió a la justicia que intime al presidente del Banco Central a remitir todos los informes relacionados al oro, las Reservas y “operaciones financieras sobre estos bienes públicos”. La denuncia recayó, luego del sorteo, en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.
