El Gobierno nacional apelará la resolución del juez federal Martín Cormick que impuso multas de $100.000 por día a la Jefatura de Gabinete por incumplir la orden judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión de recurrir la sanción se conoció el miércoles 14 de octubre.

Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, interviene en la causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional. El magistrado consideró acreditado el incumplimiento de la orden y aplicó las sanciones que había anticipado el 30 de septiembre.

Una sanción que puede ampliarse

Las multas, denominadas astreintes, se acumulan por cada día de demora y buscan obtener el cumplimiento de la decisión judicial. El juez dejó abierta la posibilidad de incrementar el monto y ampliar los funcionarios alcanzados si persiste el incumplimiento.

El recurso anunciado contra estas sanciones se suma a la apelación del Gobierno contra el fallo de Cormick que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025. El Ejecutivo utilizaba esa disposición para suspender la aplicación de los fondos previstos por la ley y cuestionó la decisión judicial por su impacto fiscal.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver esa apelación. La impugnación de las multas agrega otra discusión dentro del mismo expediente.

La postura oficial y el debate en Diputados

El martes 13 de octubre, el vocero presidencial Adrián Ravier negó que el Gobierno estuviera incumpliendo la norma y afirmó que la ley «está interrumpida». También mencionó aumentos del 24% y del 3% para docentes universitarios y reuniones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los gremios.

Durante la primera reunión por el Presupuesto 2027 en Diputados, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto para instruir al jefe de Gabinete a cumplir la ley y la sentencia. Propuso financiarlo mediante una reducción de la partida Obligaciones a cargo del Tesoro; el oficialismo cuestionó que los diputados puedan impartir esa instrucción.

En esa reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, atribuyó parte del aumento del gasto social a la «vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario». La disputa judicial se desarrolla antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre a las 16 en Plaza Congreso.