El jueves 15 de octubre, el oficialismo y bloques aliados firmaron ese dictamen, según informaron medios. El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó al Senado como expediente PE-99/26, Mensaje 108/26, y fue girado a esas dos comisiones, de acuerdo con el Diario de Asuntos Entrados.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 ya permite la internación involuntaria como recurso excepcional, cuando no hay abordajes ambulatorios posibles y existe riesgo cierto e inminente. Exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o psiquiatra, y una revisión judicial.
Qué propone el dictamen
El dictamen plantea reemplazar el criterio de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros, según la descripción del despacho que difundieron medios.
También propone otro modo de intervención de la Justicia, según esa descripción. La internación se comunicaría al juez, que podría pedir informes o peritajes, o dejar sin efecto una medida injustificada. La ley vigente, en cambio, exige notificar al juez dentro de las 10 horas y establece que debe resolver en un máximo de tres días.
La propuesta incluye las adicciones en general, como la ludopatía, y mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios. Esa prohibición ya está en el artículo 27 de la ley.
El texto propone equipos con formación infantojuvenil y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También prevé un plan de egreso desde el diagnóstico y avisar con anticipación a familiares o representantes para organizar la salida, según informaron medios.
El dictamen clasifica como prolongadas las internaciones que superen los 180 días. Ese plazo podría acumularse por reinternaciones dentro de dos años, según la descripción del despacho que publicaron medios.
Qué falta para que rija
El financiamiento fue uno de los puntos de desacuerdo. Carlos Arce y Mercedes Valenzuela acompañaron el dictamen con disidencias y pidieron partidas presupuestarias específicas. Jorge Capitanich pidió más análisis sobre los recursos y el personal necesarios, según informaron medios.
El criterio de las internaciones involuntarias ya formaba parte de el proyecto que impulsa el Gobierno. El oficialismo apunta a debatirlo en el recinto el jueves 22 de octubre, según informaron medios. Ese debate no modifica por sí solo la norma: para cambiar las reglas vigentes, el dictamen tiene que convertirse en ley.
Las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado firmaron el jueves 15 de octubre un dictamen para cambiar el criterio de riesgo. Propone pasar de «riesgo cierto e inminente» a «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». La ley vigente ya permite internaciones involuntarias, con dos profesionales y control judicial. El oficialismo apunta a tratarlo en el recinto el jueves 22 de octubre, según informaron medios. Para modificar las reglas, el dictamen tiene que convertirse en ley.
Un dictamen firmado y una ley de salud mental que se prepara para cambiar de traje. El jueves 15 de octubre, las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado firmaron un despacho de mayoría para modificar la Ley 26.657. El oficialismo y bloques aliados acompañaron esa firma, según informaron medios. Hasta que vote el recinto, rige la ley de siempre: el papel firmado es la invitación, no la fiesta.
El dictamen propone dejar el criterio de «riesgo cierto e inminente» y pasar a un «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros, según la descripción del despacho que difundieron medios. La internación involuntaria ya existe en la ley como recurso excepcional, cuando no hay abordaje ambulatorio posible. Pide la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o psiquiatra, y una revisión judicial.
La intervención del juez también figura entre los cambios de esa descripción. La ley vigente exige notificar al juez dentro de las 10 horas y establece que debe resolver en un máximo de tres días. El despacho pasaría a comunicar la internación. La Justicia podría pedir informes o peritajes, o dejar sin efecto una medida injustificada.
La propuesta incluye las adicciones en general, como la ludopatía, y mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios. Esa prohibición ya está en el artículo 27. También prevé equipos con formación infantojuvenil, dispositivos distintos de los de adultos, un plan de egreso desde el diagnóstico y un aviso anticipado a familiares o representantes. Clasifica como prolongadas las internaciones que superen los 180 días. Ese plazo podría acumularse por reinternaciones dentro de dos años, según informaron medios.
El financiamiento quedó en disputa. Carlos Arce y Mercedes Valenzuela acompañaron el dictamen con disidencias y pidieron partidas presupuestarias específicas. Jorge Capitanich pidió más análisis sobre los recursos y el personal necesarios, según informaron medios. El oficialismo apunta a debatir el proyecto en el recinto el jueves 22 de octubre, según informaron medios. Para que cambien las reglas vigentes, el dictamen tiene que convertirse en ley.
