La liquidación de los activos vinculados con Lázaro Báez continúa avanzando por dos carriles judiciales simultáneos: el proceso de quiebra comercial de Austral Construcciones S.A. y otras empresas del grupo, y la ejecución de decomisos ordenados en causas penales por corrupción y lavado de dinero.

El patrimonio alcanzado por ambos procesos incluye vehículos, maquinaria pesada, aeronaves, inmuebles urbanos, estancias, terrenos, oficinas, galpones y plantas industriales distribuidos en distintas provincias.

Subastas de Austral Construcciones

La Justicia comercial habilitó la subasta electrónica de una nueva tanda de bienes pertenecientes a Austral Construcciones S.A. mediante el portal oficial de Subastas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los bienes ofrecidos aparecen camionetas Chevrolet S10, con bases desde los $2,2 millones; utilitarios Mercedes-Benz Sprinter, con valores cercanos a los $5,1 millones; y furgones Renault Master, con bases de $7,2 millones.

También se encuentran módulos habitacionales tipo Tecnimet, utilizados como obradores durante las licitaciones viales en Santa Cruz y ofrecidos en lotes fraccionados.

La sindicatura de la quiebra mantiene además procesos de venta sobre terrenos, departamentos, oficinas y plantas industriales ubicados en provincias como Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz.

Los fondos obtenidos mediante estas subastas están destinados a atender acreencias laborales, impositivas y comerciales surgidas del proceso de quiebra.

Casas, chacras y predios bajo control judicial

Entre los bienes emblemáticos vinculados con Báez se encuentra la vivienda ubicada en calle Villarino, en Río Gallegos, histórica residencia familiar que fue objeto de distintos allanamientos e inventarios patrimoniales y conserva custodia judicial preventiva.

Otro de los inmuebles relevantes es la Chacra 39, también en Río Gallegos, un predio perimetrado con infraestructura de seguridad, canchas y galpones utilizados como depósito de vehículos de alta gama y cuatriciclos. El inmueble se encuentra sujeto a la liquidación de la quiebra.

También permanecen alcanzados por los procedimientos judiciales numerosos terrenos y lotes en El Calafate, adquiridos entre 2005 y 2010. Parte de esas propiedades quedó involucrada en litigios entre el municipio y la Justicia federal.

Los grandes galpones y obradores de Austral Construcciones en Río Gallegos, donde se concentraban maquinaria vial, camiones Scania y plantas de asfalto, también fueron inventariados para su venta por lotes.

Decomisos por Vialidad y lavado de dinero

En paralelo al proceso comercial, la Justicia penal continúa con la ejecución de bienes vinculados con las condenas contra Báez.

En la causa Vialidad, en julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del monto del decomiso, que superó los $684.000 millones y fue fijado de manera solidaria entre los principales condenados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y exfuncionarios.

El objetivo es recuperar activos destinados a resarcir el perjuicio ocasionado al Estado nacional.

A su vez, las condenas dictadas en la causa conocida como Ruta del Dinero K dejaron bajo custodia judicial estancias patagónicas, aeronaves, maquinaria pesada y cuentas bancarias.

Parte de esos activos se encuentran bajo custodia estatal o pendientes de procesos de subasta a través de organismos públicos y del Poder Judicial.

Además de Austral Construcciones, otras empresas vinculadas con el grupo, como Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Badial, atraviesan liquidaciones similares o procesos concursales, con flotas de vehículos, maquinaria y canteras incorporadas a distintos inventarios.

El complejo escenario de las estancias

La venta de grandes propiedades rurales presenta dificultades adicionales frente a otros activos de liquidación más rápida.

Entre los principales problemas se encuentra el deterioro provocado por años de abandono, la falta de mantenimiento de alambrados, la pérdida de hacienda ovina y la acumulación de deudas vinculadas con tasas y servicios rurales.

También existe una superposición de acreedores y medidas judiciales. Sobre determinados bienes conviven embargos dispuestos por tribunales federales para garantizar decomisos penales y pedidos de subasta surgidos del fuero comercial para atender deudas con exempleados y organismos fiscales.

A esto se suma la escasa demanda existente para grandes campos ubicados en zonas inhóspitas, que presentan elevados costos de mantenimiento y, en determinados casos, litigios pendientes sobre el dominio.

Los valores de algunos de esos inmuebles, fijados en dólares, también dificultan la aparición de compradores privados dispuestos a participar de las subastas.

En cuanto al destino de los fondos, el dinero obtenido mediante los remates comerciales se distribuye de acuerdo con las prioridades establecidas dentro de la quiebra, entre ellas los créditos laborales y fiscales, mientras que los activos derivados de decomisos penales tienen como destino el Estado nacional.

En paralelo, Lázaro Báez continúa cumpliendo sus condenas bajo supervisión judicial, mientras su defensa mantiene planteos relacionados con tasaciones, decomisos y el ritmo de venta de los bienes alcanzados por las distintas causas