El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al extitular de ARSAT Facundo Leal, a otras nueve personas y a la empresa Argentina Logistic Services S.A. (ALS) en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados con contrataciones realizadas por la compañía estatal.
En una resolución de más de 180 fojas, el magistrado consideró que existen indicios de contrataciones direccionadas, administración fraudulenta de fondos públicos y entrega de beneficios económicos a funcionarios para favorecer a la firma privada.
La defensa de Leal adelantó que apelará la decisión.
Los procesamientos y los delitos investigados
Además de Leal, Mirabelli procesó a los exfuncionarios de ARSAT Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani por negociaciones incompatibles, administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
La resolución, dictada sin prisión preventiva, también alcanza a Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez por los tres primeros delitos. Respecto de ambos, el juez declaró la falta de mérito en relación con las presuntas dádivas y ordenó continuar la investigación sobre ese punto.
También fueron procesados los directivos de ALS Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Leonardo Padilla, Sofía Varela Vizgarra y Santiago Miguel Pando, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos y por cohecho activo.
La causa comenzó por un robo de equipamiento
La investigación se inició a partir de una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor que ARSAT almacenaba en un predio de ALS ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
El 4 de enero de 2024, empleados de la empresa estatal detectaron faltantes y daños en contenedores especiales, conocidos como shelters, donde se almacenaban materiales destinados al desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica.
El perjuicio calculado por ese episodio fue de US$ 151.126,29, $1.651.047,66 y $3.383.805.
Las deficiencias detectadas en el depósito y el análisis de los contratos entre ambas empresas llevaron a los investigadores a profundizar la pesquisa sobre una posible trama de corrupción que habría funcionado entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024.
Según la reconstrucción judicial, funcionarios de ARSAT habrían intervenido para asegurar que ALS obtuviera y conservara contratos por servicios de transporte, fletes, alquiler de grúas, almacenamiento y logística.
Para ello, presuntamente se habrían apartado de los procedimientos de contratación correspondientes, facilitado información reservada y simulado una competencia entre proveedores.
La hipótesis sostiene que algunas de las ofertas presentadas como alternativas habrían sido elaboradas por integrantes de ALS o personas vinculadas con sus directivos, con el objetivo de que la compañía apareciera como la opción más conveniente.
También se investiga la presunta inclusión de prestaciones que no se habrían realizado, sobreprecios y la falta de controles sobre las condiciones de seguridad del predio donde se almacenaban bienes estatales.
La sospecha sobre pagos y beneficios
En ese contexto, Mirabelli sostuvo que la prueba reunida permitió reconstruir un “direccionamiento complejo y deliberado” de las contrataciones.
La investigación apunta a una relación sostenida entre funcionarios y empresarios que habría excedido los procedimientos administrativos formales y generado un perjuicio económico para el Estado.
El expediente también analiza el supuesto pago de beneficios a funcionarios de ARSAT. Según el magistrado, esos favores habrían incluido dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera, pasajes aéreos y otras prestaciones.
La sospecha es que esos beneficios habrían funcionado como contraprestación por favorecer adjudicaciones y tolerar incumplimientos en los servicios contratados.
El juez ordenó embargos de hasta $3.000 millones para Leal, Boschin y Pagani, y de hasta $2.500 millones para varios de los empresarios y para la propia empresa ALS.
Además, mantuvo restricciones para disponer de determinados bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, mientras la causa continúa su trámite judicial.
