El juez federal Ariel Lijo dictó una nueva resolución en la investigación por presuntas irregularidades cometidas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con foco en contrataciones de medicamentos, insumos médicos y ortopédicos.

La decisión profundiza la investigación sobre una organización que, según la causa, habría direccionado contrataciones públicas y permitido identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones.

Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el procesamiento de otras cinco que ya se encontraban procesadas.

La nueva etapa de la investigación se concentra particularmente en las contrataciones realizadas mediante el Programa Incluir Salud.

Qué establece la nueva resolución

La resolución amplía la atribución de responsabilidades sobre maniobras vinculadas con contrataciones del rubro insumos, consideradas por la investigación como parte de la misma estructura delictiva.

A los involucrados se les atribuyen, según cada caso, los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.

En algunos casos, además, se acreditaron provisoriamente hechos vinculados con lavado de activos agravado, relacionados con la presunta circulación y canalización de fondos provenientes de las maniobras investigadas.

La resolución también alcanzó a empresarios y personas relacionadas con distintas firmas proveedoras de la ANDIS.

Quiénes fueron procesados en la causa ANDIS

Entre los nuevos procesados se encuentran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.

La decisión también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían cumplido funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, vinculadas con invitaciones a proveedores, coordinación de procedimientos, manejo de información interna y seguimiento de pagos.

En otro tramo de la investigación fueron procesados Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir del análisis de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A.

También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita.

Además, Lijo dictó la falta de mérito de 11 personas que habían sido indagadas, respecto de las cuales la investigación continuará abierta.

Más de $7.833 millones en diferencias de precios

La investigación analizó procedimientos de adquisición correspondientes a seis segmentos del rubro insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.

A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud se identificaron diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones de insumos.

Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 previamente identificados en el rubro medicamentos, lo que lleva la cuantificación económica conjunta a $7.833.872.357,24.

La cifra es provisoria y parcial, ya que fue elaborada únicamente sobre operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.

Al efectuar una valoración general de la maniobra investigada, la resolución sostiene: “En definitiva, el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—, operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas. Sus integrantes habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional.”

Sobre el funcionamiento del esquema, el pronunciamiento agrega: “La operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas.

“ A través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización. La reiteración de estas prácticas en los distintos segmentos, los vínculos entre sus protagonistas y las numerosas comunicaciones y operaciones económicas documentadas permiten sostener que no se trató de irregularidades aisladas, sino de una actuación organizada y sostenida en el tiempo.”

La reconstrucción también se apoya en lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar contrataciones efectuadas mediante el sistema SIIPFIS señaló que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”.

Además, al valorar los vínculos entre funcionarios, operadores externos y empresas proveedoras, la Cámara sostuvo que “esas acciones no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes”.

Finalmente, la resolución remarca que el alcance penal de la investigación excede los sobreprecios detectados hasta el momento.

“Sin embargo, la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento.

Las pruebas reunidas permiten reconstruir la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido puesto al servicio de intereses particulares, mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios que condicionaron decisiones administrativas en beneficio propio.

“Es precisamente esa actuación concertada, reiterada en numerosos procedimientos y acompañada por la circulación de beneficios indebidos, la que permite sostener provisoriamente la existencia del entramado delictivo investigado, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde atribuir individualmente a cada uno de sus integrantes.”, indica la resolución.