El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves 22 de octubre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, con una nueva audiencia en la que fueron convocados siete testigos vinculados con distintos episodios ocurridos durante los primeros días de búsqueda del niño.

Entre las personas citadas se encuentran un sacerdote, un vidente y testigos que mantuvieron contacto con algunos de los acusados en el marco de las actuaciones desarrolladas en la localidad correntina de 9 de Julio.

La jornada se produce después de la declaración del exintendente de esa localidad, Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien brindó detalles sobre los recursos económicos destinados a personas que se presentaron como integrantes de la Fundación Dupuy.

La participación de ese grupo es examinada en una causa vinculada con el presunto entorpecimiento de la investigación por la desaparición del menor.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en Corrientes.

El exintendente declaró sobre pagos a integrantes de la supuesta Fundación Dupuy

Durante su testimonio, Ynsaurralde explicó el vínculo que mantuvo con personas que llegaron a 9 de Julio y se presentaron como especialistas vinculados con la Fundación Dupuy.

El exjefe comunal se refirió particularmente a la abogada Elizabeth Cutaia y a Alan Cañete, dos de las personas mencionadas en su declaración.

Según explicó, el Gobierno provincial había enviado fondos para afrontar gastos operativos relacionados con la búsqueda.

Ynsaurralde sostuvo que parte de esos recursos fueron transferidos directamente a Cutaia.

«Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia», declaró ante los magistrados.

También relató que Cañete había solicitado asistencia económica porque el grupo enfrentaba dificultades para sostener los gastos de la camioneta en la que se trasladaba.

El exintendente indicó que ofreció alojamiento a esas personas en el hotel Despertar del Iberá.

«Yo les ofrecí el hospedaje», señaló.

De acuerdo con su declaración, el municipio destinó $1,8 millones para alimentación, vestimenta, aseo y otras necesidades.

También se refirió a gastos de hospedaje y servicios, y precisó que una erogación de $1.050.000 fue cubierta parcialmente mediante transferencia y parcialmente en efectivo.

En su exposición se mencionaron pagos de hasta $2,8 millones relacionados con las personas que se presentaban como integrantes del grupo.

Uno de los puntos que llamó la atención durante el testimonio fue la documentación presentada para justificar los servicios.

Según Ynsaurralde, Cutaia emitió una factura con el concepto «pericias atención primaria con informes periciales».

Sin embargo, el exfuncionario reconoció que nunca tuvo acceso a esos informes, que desconocía quiénes los habían elaborado y que tampoco podía precisar qué tareas vinculadas directamente con la búsqueda había realizado el grupo.

Esos aspectos forman parte de las circunstancias que se examinan en el proceso judicial.

Una abogada explicó por qué decidió apartarse del caso

En la audiencia anterior también prestó declaración la abogada correntina Mónica Rafaela Méndez.

La profesional había mantenido conversaciones con Elizabeth Cutaia y brindado asesoramiento inicial a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña.

Ante el tribunal, Méndez explicó que decidió dejar de intervenir porque «no le gustó la forma en la que se manejaban».

Durante esa misma jornada declararon además Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Al finalizar la audiencia, el tribunal resolvió que el abogado Fernando Burlando y la exdiputada Elisa Carrió no prestarán declaración en el proceso.

La decisión se adoptó luego de analizar los desistimientos y las solicitudes de convocatoria de testigos presentados por las partes.

Un sacerdote, un vidente y la versión de una falsa aparición de Loan

Para la audiencia de este jueves fueron convocados Fernando Ariel Gálvez, Noelia Sotelo, María Quintina Blanco, Cristian González, Juan Martín Ledesma Santinón, Vicente Gustavo Martínez y Natali Rojas.

Entre los testimonios previstos se encuentra el del sacerdote Cristian González, párroco de 9 de Julio.

El religioso deberá relatar ante los jueces qué escuchó en la vivienda de la abuela Catalina durante las jornadas posteriores a la desaparición del niño.

Su exposición se incorporará a la reconstrucción de los acontecimientos y conversaciones mantenidas durante los primeros días de búsqueda.

Otro de los convocados es Fernando Ariel Gálvez, identificado como vidente, quien deberá explicar aspectos relacionados con las comunicaciones que mantuvo con el acusado Daniel «Fierrito» Ramírez.

Gálvez entregó voluntariamente un teléfono celular a los investigadores y se espera que su declaración permita precisar información vinculada con ese dispositivo y los contactos registrados durante la búsqueda.

También fue citada María Quintina Blanco, amiga de la imputada Laudelina Peña.

Blanco deberá declarar sobre conversaciones que mantuvo con Laudelina relacionadas con la versión de una presunta aparición del menor durante las primeras etapas del operativo.

Sobre ese mismo episodio está previsto que preste testimonio el efectivo policial Vicente Gustavo Martínez.

Las declaraciones buscan aportar información sobre cómo surgió y circuló esa versión, presentada en la investigación como un presunto falso hallazgo.

La convocatoria de los siete testigos forma parte de la producción de pruebas del juicio y no implica, por sí misma, que las versiones mencionadas hayan sido acreditadas judicialmente.

El juicio tendrá dos audiencias semanales y cambiará la integración del tribunal

Desde esta semana, el proceso judicial pasó a desarrollarse con dos audiencias semanales.

La modificación coincide con la próxima jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia se hará efectiva el 1 de diciembre.

Ceroleni integra actualmente el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Después de su salida, está prevista la incorporación de Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

El cambio de integración tiene como finalidad garantizar la continuidad del debate judicial.

Mientras avanzan las declaraciones, el tribunal deberá evaluar los testimonios, las comunicaciones y la documentación incorporada para determinar su relevancia en el esclarecimiento de los hechos investigados.

La desaparición de Loan Danilo Peña continúa siendo el eje central del proceso, en el que se examinan tanto los acontecimientos vinculados con el niño como las presuntas maniobras que habrían dificultado la investigación durante sus primeras etapas.