La investigación por el asesinato de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años hallada muerta en Corrientes, incorporó nuevos elementos a partir de los resultados preliminares de la autopsia y del análisis de pruebas recolectadas en el lugar donde apareció su cuerpo.
La docente permanecía desaparecida desde el 7 de octubre de 2026 y fue encontrada sin vida el 28 de octubre en una zona de bañados y esteros de la localidad de Esquina.
El examen forense inicial reveló que sufrió una muerte «extremadamente violenta» y que presentaba numerosas lesiones en distintas partes del cuerpo.
La investigación busca establecer las circunstancias del asesinato, determinar la participación de los imputados y esclarecer si el hecho estuvo relacionado con un posible ataque sexual o con denuncias que la docente había realizado anteriormente.
Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy
Los médicos forenses del Poder Judicial de Corrientes identificaron múltiples lesiones en el cuerpo de la víctima, que había permanecido semisumergido en una zona de bañados y esteros.
Los resultados preliminares describen un episodio de extrema violencia, aunque todavía se requieren estudios complementarios para precisar aspectos fundamentales de la investigación.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la determinación más precisa de la fecha de muerte y la confirmación o el descarte de un posible ataque sexual.
La hipótesis de un abuso sexual seguido de asesinato constituye una de las principales líneas de trabajo, pero los resultados definitivos de los estudios forenses serán necesarios para establecer qué ocurrió.
Los investigadores también intentan reconstruir los movimientos de Godoy durante las horas previas a su desaparición.
Las pertenencias encontradas cerca del cuerpo
Durante los procedimientos realizados en la zona del hallazgo, los efectivos policiales encontraron una cartera y un bolso a pocos metros del cadáver.
Entre las pertenencias recuperadas estaba el teléfono celular de la docente, considerado un elemento de interés para reconstruir sus últimas comunicaciones.
Los objetos quedaron incorporados a la investigación que llevan adelante los fiscales Mosquera y María Andrea González.
El análisis de los dispositivos electrónicos podría aportar información sobre contactos, mensajes y movimientos previos al crimen.
Además, los investigadores examinan comunicaciones de texto y de voz entre personas imputadas, en busca de elementos que permitan establecer si existió una planificación previa.
Por el momento, esas comunicaciones forman parte de las pruebas bajo análisis y no permiten afirmar de manera definitiva que el asesinato haya sido premeditado.
Quiénes son los imputados en la investigación
La causa involucra a varias personas señaladas por la investigación, con distintos grados de presunta participación.
Irineo Zarza, capataz de una estancia de la zona, aparece mencionado como uno de los principales sospechosos del ataque.
Rosa Leguizamón, quien acompañaba a Godoy durante un recorrido a caballo, quedó bajo prisión preventiva. Los investigadores sospechan que pudo haber proporcionado información falsa sobre problemas de movilidad para dejar a la docente en una situación de indefensión.
También están imputados Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón, y Felipe Sandoval, trabajador rural, señalados como presuntos partícipes primarios.
Por su parte, Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta una acusación por falso testimonio.
Las imputaciones y medidas judiciales forman parte de una investigación en curso. La responsabilidad penal de cada acusado deberá establecerse mediante las pruebas y las resoluciones correspondientes.
Las denuncias escolares que había realizado la maestra
Además de la hipótesis vinculada con un posible ataque sexual, los investigadores y la familia de Godoy consideran otros antecedentes que podrían resultar relevantes para determinar el móvil del asesinato.
Uno de ellos se relaciona con una carta presentada por la docente en agosto de 2026, en la que expuso presuntas irregularidades administrativas y problemas estructurales en la Escuela Rural N° 626.
En esa presentación, Godoy cuestionó la actuación del exdirector Norberto Gamarra, a quien acusó de haber asistido al establecimiento apenas tres veces durante dos años mientras continuaba percibiendo su salario completo.
La docente también señaló presuntas deficiencias en la supervisión escolar y cuestionó la falta de controles sobre el funcionamiento de la institución.
Entre los problemas denunciados figuraban las condiciones edilicias y la ausencia de servicios básicos, incluido el acceso al agua potable.
Estas acusaciones corresponden a los planteos realizados por Godoy y no constituyen, por sí mismas, pruebas de una vinculación entre las personas cuestionadas y su asesinato.
La familia, sin embargo, pidió que esos antecedentes sean considerados dentro de la investigación.
Adán, hijo de la docente, expresó públicamente sus sospechas sobre el posible vínculo entre las denuncias de su madre y el crimen.
En ese contexto, manifestó: «No sabemos si es por el director anterior, por la denuncia que hizo mi mamá por el estado de la escuela, o por qué… Ese hombre es de una corrupción increíble».
Sus declaraciones reflejan las dudas de la familia, aunque hasta el momento no se informó sobre pruebas concluyentes que permitan atribuir el asesinato a una represalia relacionada con el establecimiento educativo.
La otra hipótesis: denuncias contra actividades de caza ilegal
Otra línea que se analiza está vinculada con presuntas actividades de caza ilegal en las inmediaciones de la estancia El Curupí, una zona relacionada con el entorno laboral de la docente.
Según los antecedentes difundidos, Godoy había manifestado cuestionamientos y realizado denuncias sobre el funcionamiento de cotos de caza ilegales.
Los investigadores consideran la posibilidad de que esas denuncias hayan generado conflictos con personas vinculadas a esas actividades.
Sin embargo, no se ha establecido judicialmente que las denuncias contra la caza ilegal hayan sido el motivo del asesinato.
La investigación deberá determinar si existe alguna relación entre esos antecedentes y los hechos que terminaron con la muerte de la maestra.
Las tres líneas que analiza la Justicia
Con los elementos reunidos hasta el momento, la investigación contempla tres posibles explicaciones del crimen, que todavía deben ser contrastadas con las pruebas disponibles.
La primera hipótesis apunta a un posible ataque sexual seguido del asesinato de la docente, una línea que depende especialmente de los resultados forenses y genéticos.
La segunda considera una eventual represalia por las denuncias que Godoy había realizado sobre presuntas irregularidades administrativas y problemas en la escuela rural.
La tercera examina una posible vinculación con sus cuestionamientos a actividades de caza ilegal en la zona.
Las tres líneas presentan distintos elementos bajo análisis, pero ninguna permite todavía establecer de manera definitiva el móvil del crimen.
Los peritajes que podrían definir el rumbo de la causa
El abogado de la familia, Gustavo Briend, señaló la importancia de los análisis pendientes para reconstruir el asesinato y determinar si existieron otras personas involucradas.
Entre las medidas consideradas relevantes se encuentran la extracción y el examen de información de los teléfonos celulares secuestrados y los resultados definitivos de los estudios genéticos.
Esas pruebas podrían contribuir a establecer la participación de los sospechosos y determinar si el ataque fue cometido únicamente por quienes aparecen involucrados en la causa o si existió algún colaborador o eventual instigador.
La posibilidad de que haya existido un entregador o un autor intelectual relacionado con las denuncias previas de Godoy permanece como una hipótesis que requiere comprobación.
Mientras avanzan los peritajes, la investigación continúa centrada en reconstruir los últimos movimientos de la docente, esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Los resultados finales de la autopsia, los estudios genéticos y el análisis de las comunicaciones serán determinantes para establecer qué ocurrió con Nancy Estela Godoy y si su asesinato tuvo alguna relación con los conflictos que había denunciado antes de desaparecer.
La autopsia preliminar de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años hallada muerta el 28 de octubre en Esquina, Corrientes, reveló múltiples lesiones compatibles con una muerte extremadamente violenta. La investigación mantiene varias personas imputadas y analiza un posible ataque sexual. También se examinan hipótesis relacionadas con denuncias que la maestra había realizado sobre irregularidades escolares y actividades de caza ilegal, aunque no se estableció una conexión con el crimen.
En Corrientes, una maestra rural denunció irregularidades en la escuela donde trabajaba y terminó protagonizando una historia que expone una de las contradicciones más difíciles de explicar del funcionamiento institucional: una docente puede señalar problemas durante meses, pero su nombre alcanza repercusión nacional después de que aparece asesinada. Nancy Estela Godoy tenía 52 años, enseñaba en una escuela rural y había cuestionado situaciones que consideraba inadmisibles. Ahora, mientras la Justicia investiga su muerte, también debe determinar si aquellas denuncias tuvieron alguna relación con el crimen.
La Escuela Rural N° 626 aparece en los antecedentes de una trama que parece escrita por un autor empeñado en demostrar que la realidad puede superar cualquier sátira burocrática. Según las denuncias de Godoy, un exdirector habría asistido apenas tres veces en dos años mientras continuaba cobrando su salario. La acusación todavía requiere las comprobaciones correspondientes, pero la sola dimensión del planteo alcanza para ilustrar una anomalía administrativa: la posibilidad de que una institución funcione con más presencia en los registros que en sus propias instalaciones.
La docente también había cuestionado la falta de controles y las condiciones edilicias del establecimiento, que, según sus señalamientos, carecía incluso de agua potable. En un sistema educativo donde se habla constantemente de innovación, calidad y futuro, garantizar servicios básicos debería representar una exigencia elemental y no una aspiración extraordinaria.
El expediente incorpora además otra línea de investigación: las denuncias que Godoy habría realizado contra actividades de caza ilegal en la zona donde trabajaba. De comprobarse una relación con su asesinato, el caso adquiriría una dimensión distinta. Por ahora, esa conexión es una hipótesis, no una conclusión judicial, y convertir sospechas en certezas sería tan irresponsable como ignorarlas.
La autopsia preliminar reveló numerosas lesiones y una muerte de extrema violencia. Los investigadores también analizan la posibilidad de un ataque sexual y estudian las comunicaciones entre los imputados. Hay personas detenidas, peritajes pendientes y preguntas que todavía no tienen respuestas. Ningún remate ingenioso puede ni debe desplazar el centro de esta historia: una mujer fue asesinada y su familia espera saber quiénes participaron, por qué lo hicieron y si alguien más estuvo detrás.
El desafío judicial consiste en reconstruir los hechos sin dejarse llevar por explicaciones prematuras. Los teléfonos secuestrados, los estudios genéticos y los testimonios podrían ayudar a determinar si se trató de un ataque cometido por los sospechosos identificados o si existieron otras responsabilidades. La Justicia tiene por delante una tarea mucho más importante que producir titulares: establecer qué ocurrió y sostener cada conclusión con pruebas.
