El Senado de la Nación inició este miércoles 4 de noviembre el tratamiento formal del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca establecer un régimen estable de financiamiento, cobertura y protección de derechos para las personas con discapacidad.

El texto llega a la Cámara alta después de haber obtenido media sanción en Diputados con 237 votos a favor, un respaldo legislativo que permitió avanzar con una propuesta de consenso entre distintos espacios políticos.

El objetivo central es reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un sistema permanente que garantice previsibilidad presupuestaria, continuidad de las prestaciones y reglas claras para beneficiarios y prestadores.

La discusión se desarrolla en un contexto de tensiones políticas y reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, especialmente por el financiamiento del sistema, los pagos pendientes y las condiciones de acceso a las prestaciones.

El Senado busca dictamen para votar la ley antes de diciembre

El debate comenzó a las 16:00 en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

Las deliberaciones están coordinadas por el senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y la senadora Alicia Kirchner, del bloque Justicialista, en su carácter de presidentes de las comisiones intervinientes, según la organización parlamentaria informada.

La intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es obtener dictamen durante la jornada para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto durante la segunda quincena de noviembre.

El calendario legislativo adquiere especial importancia porque el período ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre, por lo que los sectores que impulsan la iniciativa buscan completar su aprobación antes de diciembre.

La propuesta representa un intento de alcanzar un marco normativo definitivo después de las controversias generadas por el veto a la prórroga de la emergencia y por disposiciones presupuestarias que habían provocado cuestionamientos de organizaciones y prestadores del sector.

Qué cambia con la nueva ley: pensiones, presupuesto y prestaciones

Uno de los principales ejes del proyecto es el financiamiento permanente del sistema de discapacidad.

La iniciativa establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sector no podrán ser inferiores, en términos reales, a las asignadas durante el ejercicio presupuestario anterior.

La disposición apunta a preservar el poder adquisitivo de los recursos frente a la inflación y contempla la posibilidad de utilizar partidas específicas y créditos previstos en la Jurisdicción 91.

En materia de pensiones no contributivas por discapacidad, el texto ratifica su compatibilidad con el empleo formal, tanto en relación de dependencia como mediante el régimen de monotributo.

La prestación se establece en un monto equivalente al 70% del haber mínimo previsional y, de acuerdo con la iniciativa, podrá mantenerse junto con ingresos laborales.

También se contempla la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión y determinadas asignaciones familiares, entre ellas las prestaciones correspondientes por discapacidad.

Este punto busca evitar que la incorporación de una persona al mercado laboral implique automáticamente la pérdida de su cobertura previsional.

Otro apartado central aborda la situación de los prestadores, centros de día y profesionales terapéuticos que mantienen pagos pendientes.

El proyecto establece un cronograma para regularizar durante este año las deudas y compensaciones correspondientes a las prestaciones brindadas.

En cuanto a los valores de los servicios, la iniciativa mantiene el nomenclador único nacional de prestaciones y contempla una actualización periódica de los aranceles vinculada a la movilidad previsional.

Además, dispone la continuidad de la cobertura del programa Incluir Salud, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención de sus beneficiarios.

Más garantías ante la suspensión de beneficios y nuevos controles

La propuesta también introduce disposiciones destinadas a fortalecer las garantías administrativas para las personas que reciben prestaciones por discapacidad.

En los casos de revisión o eventual suspensión de beneficios, los organismos responsables deberán realizar una notificación fehaciente previa y otorgar un plazo de 60 días para presentar un descargo antes de disponer una baja.

El objetivo es garantizar que los beneficiarios puedan conocer los motivos de una revisión y ejercer su derecho de defensa antes de que se adopte una decisión que afecte sus ingresos o cobertura.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo una herramienta central para acreditar la condición de discapacidad y acceder a las prestaciones correspondientes.

En materia institucional, el texto reincorpora formalmente al Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en los procesos de formulación de políticas públicas vinculadas con el sector.

También habilita mecanismos periódicos de intercambio y verificación de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Estos cruces de datos estarán orientados a fortalecer los procedimientos de control y administración del sistema, en el marco de las garantías previstas para los beneficiarios.

La discusión parlamentaria se produce después de las diferencias generadas por propuestas que buscaban modificar el nomenclador de prestaciones y restringir determinados beneficios.

El texto consensuado en Diputados incorpora mecanismos para proteger el financiamiento frente a la inflación, permitir la compatibilidad entre pensiones y empleo formal y asegurar la continuidad asistencial.

Con la apertura del debate en comisiones, el Senado comenzó una etapa decisiva para definir si la iniciativa obtiene sanción definitiva durante noviembre.

De avanzar el tratamiento parlamentario, el nuevo régimen establecería condiciones permanentes de financiamiento, actualización de prestaciones y protección administrativa para las personas con discapacidad y los actores que integran el sistema nacional de atención.