El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, pidió a la Corte Suprema que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la mansión de Pilar salga del Juzgado Federal de Campana y vuelva a tramitar en la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Casal respaldó el planteo del fiscal general Mario Villar contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dejó la causa en manos del juez Adrián González Charvay. El procurador sostuvo que no se acreditaron hechos penalmente relevantes en la jurisdicción de Campana que justifiquen mantener allí el expediente.

Por qué Casal cuestiona la competencia de Campana

Para Casal, la ubicación de la propiedad en Villa Rosa, partido de Pilar, es insuficiente para definir la competencia territorial. Sostuvo que también deben examinarse los domicilios de los involucrados, el lugar donde se administraban las sociedades investigadas y dónde se concretaron las operaciones bajo sospecha.

La causa comenzó en Comodoro Py con el juez Daniel Rafecas, pasó al fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky y llegó después al juzgado federal de Campana. La competencia de ese juzgado también se discutió en otros expedientes vinculados a la AFA. Casal pidió una definición rápida de la Corte para evitar actuaciones que puedan quedar sin efecto si cambia el tribunal competente.

La compra de la propiedad y los pagos de la AFA

La investigación busca determinar cómo se adquirieron la propiedad, valuada en unos US$ 17 millones, y una flota de vehículos de alta gama. El expediente tramita en paralelo a la disputa por el traslado de la sede social de la AFA a Pilar.

Entre los investigados figuran Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL. La hipótesis judicial apunta a establecer si sus ingresos declarados eran suficientes para adquirir y mantener los bienes y si la sociedad tenía vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

El expediente también examina pagos de la AFA a Real Central SRL por alrededor de $ 415 millones, registrados como servicios de logística y traslados. La Corte tiene pendiente resolver qué juzgado seguirá a cargo de la investigación.