El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, subrogado por el juez Daniel Rafecas, reiteró el pedido de pronto despacho a la jueza de Garantías de San Juan, Mónica Lucero. Lo que reclama es una certificación: cuál es el encuadre definitivo de la investigación por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. El planteo llega a dos días de la audiencia fijada para el martes 10 de noviembre, en la Sala N.º 9 de Tribunales.

Por qué el encuadre del expediente define el fuero

El punto es central porque el encuadre definitivo decide qué jurisdicción continúa el trámite: la Justicia provincial o los tribunales federales de Comodoro Py. El juzgado de Rafecas quiere esa definición por escrito antes de la instancia en la que se expondrán formalmente los cargos.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, había rechazado inicialmente remitir documentación técnica sobre la investigación. Lo hizo con el argumento del secreto procesal y la falta de formalización del expediente, según consta en el planteo difundido del caso.

Quiénes son los 11 investigados que citó la jueza Lucero

A la audiencia fueron citadas 11 personas investigadas. Entre ellas figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, que anticipó que se presentará. En la lista también aparecen exdirectivos de OSSE, la empresa estatal de obras sanitarias, y ejecutivos de la firma proveedora Krah América Latina.

Lucero había rechazado que los legisladores citados participaran por videollamada, lo que obligó a reprogramar una primera audiencia. La instancia del martes 10 quedó fijada después de ese revés procesal, y los investigados llegan sin imputación formal.

En la audiencia se conocerán formalmente los cargos contra las personas citadas. Las defensas y la fiscalía llegan a esa instancia con la discusión de competencia todavía abierta.

El argumento de las defensas para pedir Comodoro Py

El cuestionamiento por la competencia lo sostienen las defensas. Plantean que la causa debe tramitar en los tribunales federales porque la obra del acueducto fue financiada en gran medida con fondos del Estado nacional. Uno de los primeros equipos en objetar la competencia provincial fue el del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz.

El planteo del juzgado federal va en otra dirección: que sea la propia jueza de Garantías la que certifique el encuadre del expediente antes de que el caso siga su curso. Hasta que esa certificación no llegue, la pelea por el fuero queda sin respuesta.

Qué pasa el martes 10 de noviembre

La próxima cita es el martes 10 de noviembre, en la Sala N.º 9 de Tribunales, con los 11 investigados citados y la competencia todavía sin definir. De lo que se resuelva ese día depende qué tribunal queda al frente de la causa por la obra que abastece de agua a buena parte de San Juan.