La imputación se conoció este sábado 7 de noviembre, cuando Peña compareció en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para prestar declaración indagatoria junto a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central del Paraguay. Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez les tomaron declaración indagatoria y después presentaron la imputación en su contra. Los dos se abstuvieron de declarar; el expresidente estuvo asistido por su abogado, Ricardo Preda.
La Fiscalía pidió para ambos la prisión preventiva y la inhibición de sus bienes. Esa solicitud debe resolverla la Justicia, que hasta ahora no la concedió: Peña está imputado y la prisión preventiva pedida todavía no fue resuelta. La imputación no implica una condena.
Cómo llegó Peña a la imputación
El Senado destituyó a Peña por juicio político el viernes 6 de noviembre y asumió la Presidencia el vicepresidente Pedro Alliana. Al día siguiente, manifestantes se concentraron frente a la residencia del expresidente en Asunción y Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial en medio de las protestas.
El caso es el colapso de Ueno Bank, que dejó con las cuentas congeladas a alrededor de tres millones de paraguayos. A Carvallo Spalding la Fiscalía le atribuyó, además de los delitos que comparte con Peña, la producción de documentos públicos de contenido falso.
Qué falta: la decisión de la Justicia
La causa penal sigue en etapa inicial y la situación procesal de los dos imputados depende de las próximas resoluciones judiciales. Peña es el segundo presidente electo destituido por el Congreso desde la caída de la dictadura de Stroessner, en 1989.
La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank y pidió su prisión preventiva. La solicitud, que incluye la inhibición de sus bienes, debe resolverla la Justicia. También fue imputado el extitular del Banco Central Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. El Senado había destituido a Peña el viernes 6 y asumió Pedro Alliana; el colapso del banco dejó a unos tres millones de paraguayos con las cuentas congeladas.
En un récord de velocidad que desafía cualquier cronograma institucional, Santiago Peña pasó en veinticuatro horas de mandar en el Palacio de Gobierno a refugiarse en el Regimiento Escolta Presidencial por las protestas en su casa, para terminar este sábado 7 de noviembre sentado en la Fiscalía General de Asunción escuchando cómo le solicitaban prisión preventiva. Tras dejar a unos tres millones de paraguayos con las cuentas congeladas por el colapso de Ueno Bank, el Ministerio Público lo imputó junto al extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
El dúo directivo de la economía guaraní compareció puntual ante los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez, quienes sumaron para Carvallo Spalding la acusación de confeccionar documentos públicos de contenido falso. Asistido por el abogado Ricardo Preda, el expresidente optó por la infalible táctica de abstenerse de declarar, mientras los acusadores exigían también la inhibición general de bienes y una celda preventiva que el juzgado de la causa todavía no resolvió conceder.
Con Pedro Alliana ya instalado al frente del Ejecutivo tras el juicio político relámpago con el que el Senado destituyó a Peña el viernes 6, el flamante imputado inscribió su nombre como el segundo mandatario electo eyectado por el Congreso desde la caída de Stroessner en 1989. Mientras millones de ahorristas siguen mirando aplicaciones inmóviles con saldo ficticio, la Justicia evalúa el destino procesal de un presidente que descubrió, demasiado tarde, que las garantías bancarias no cubren la evaporación instantánea del poder.
