El Consejo de la Magistratura resolvió elevar al Poder Ejecutivo las ternas de candidatos para cubrir dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, actualmente ocupados por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La medida constituye el primer paso formal hacia una renovación de uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial federal.
La primera terna quedó integrada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. La segunda incluye a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y Pablo Bertuzzi, quien volvió a concursar para mantener su cargo.
Entre los nombres con mayores posibilidades de ser propuestos al Senado aparecen Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, aunque la decisión final dependerá del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.
Vacantes en distintos fueros y provincias
Durante la misma sesión, el Consejo aprobó además ternas para cubrir cargos vacantes en la justicia penal económica, en el fuero civil y comercial federal y en distintos tribunales federales del país.
Una de las ternas corresponde al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, donde tramita la causa por presunta evasión contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Los candidatos elevados fueron Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino.
Para el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, con competencia electoral, fueron seleccionados Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco.
En tanto, para el Juzgado Federal N°2 de La Plata, la terna quedó integrada por María Carolina Terrier, Mirta Graciela Martínez y Pedro Oscar Alejandro Bancoff.
También se aprobaron cuatro ternas para cubrir las vacantes existentes en las Salas II y III de la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Los candidatos seleccionados son Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Jorge Nobili, Juliana Gabriela Kina, Camilo Jorge Almeida Pons, Silvia Beatriz Pfarherr, Javier Pico Terrero, Silvina Andrea Bracamonte, Alejandro José Laje, Marcelo Gota, José Luis Cassinerio, Fernando Julián Oltra Santa Cruz y Sofía Inés Hernández Saint Jean.
Además, fueron aprobadas seis ternas para futuros juzgados federales en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, que aún no se encuentran habilitados.
La ofensiva de Bruglia ante la CIDH
A fines de la semana pasada, Bruglia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar de no innovar para frenar el avance del concurso impulsado por el Consejo de la Magistratura.
El magistrado reclamó la suspensión de todas las actuaciones vinculadas al concurso mediante el cual, según denunció, se busca removerlo de la Sala I de la Cámara Federal. La presentación fue incorporada a la petición P-35-21, que tramita ante la CIDH desde 2021 y analiza la situación de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli tras las controversias surgidas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según expuso el camarista, el punto crítico llegará cuando se designen nuevos jueces para ocupar esos cargos. En su planteo sostuvo que el consejero Diego Barroetaveña reactivó el concurso 461 el pasado 27 de abril, luego de que permaneciera paralizado durante el proceso de solución amistosa abierto ante la CIDH.
Tres días más tarde, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo. Bruglia cuestionó que la decisión se adoptara en menos de quince minutos y sin un debate sustancial previo.
Acusaciones de trato desigual
De acuerdo con la presentación, el Poder Ejecutivo prevé elevar las ternas al Ministerio de Justicia durante este mes, remitir los pliegos al Senado en julio y completar las designaciones en agosto. Para Bruglia, ese escenario volvería irreversible cualquier desplazamiento.
El juez también apuntó contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y contra el viceministro Santiago Viola, actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Recordó que tanto él como Bertuzzi habían intervenido anteriormente en una causa en la que Viola fue investigado por presuntamente promover testimonios falsos contra el juez federal Sebastián Casanello.
Bruglia sostuvo que existe una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020, que estableció que los jueces trasladados ejercen sus funciones de manera transitoria hasta completar el procedimiento constitucional de designación.
El magistrado recordó que tanto él como Bertuzzi fueron trasladados en 2018 desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña con aval del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, afirmó que el criterio fijado posteriormente por la Corte sólo se aplicó en sus casos y no en otros traslados similares.
Como ejemplo, citó la situación de Carlos Mahiques, quien recibió un nuevo acuerdo para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal. Según Bruglia, ese antecedente evidencia un tratamiento desigual entre magistrados en situaciones comparables.
También mencionó declaraciones públicas del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien sostuvo que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y comparó expresamente los casos de Mahiques y Bruglia.
El conflicto tiene su origen en noviembre de 2020, cuando la Corte dictó el fallo conocido como “Bertuzzi”, mediante el cual estableció el carácter transitorio de los traslados de jueces y camaristas. Posteriormente, durante 2024, el Estado argentino impulsó un proceso de solución amistosa ante la CIDH que mantuvo paralizados los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025. Según Bruglia, el cambio de estrategia coincidió con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Santiago Viola al Consejo de la Magistratura.
En su pedido cautelar, el magistrado afirmó haber agotado las vías internas disponibles y solicitó la suspensión de todas las actuaciones vinculadas al concurso 461 hasta que la CIDH emita una resolución sobre el fondo de la controversia. Argumentó que existen elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, vinculados a la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y las garantías del debido proceso.
Según advirtió, si los nuevos magistrados prestan juramento antes de una definición de la CIDH, cualquier decisión posterior podría resultar de muy difícil cumplimiento.
