Organizaciones criminales habrían adquirido estancias ubicadas en sectores fronterizos de la Patagonia argentina para controlar pasos no habilitados hacia Chile, según una advertencia presentada por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, durante reuniones de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno.

El planteo fue expuesto en Punta Arenas, donde la comisión parlamentaria abordó durante dos jornadas los riesgos vinculados con el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y las rutas clandestinas en la Patagonia argentino-chilena. Los registros oficiales del Senado confirman la participación de Zárate junto con fiscales, policías, autoridades marítimas y funcionarios chilenos.

Según los antecedentes presentados en ese encuentro, investigaciones realizadas con colaboración de fuerzas de ambos países permitieron detectar organizaciones que intentaban utilizar pasos no habilitados para trasladar mercadería ilegal a través de la frontera.

Estancias utilizadas para acceder a pasos clandestinos

El fiscal explicó que la adquisición de propiedades del lado argentino habría permitido a las organizaciones asegurarse accesos hacia sectores fronterizos alejados de los controles oficiales.

“Las organizaciones (criminales) compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno. Y si no hubiera sido por la colaboración en el equipo de los drones chilenos, no hubiéramos podido verificar por dónde se realizaban este tipo de pasaje o rutas alternativas”, aseveró.

La utilización de drones permitió, de acuerdo con el funcionario judicial, identificar algunos de los recorridos alternativos empleados para atravesar la frontera. La investigación mencionó desde contrabando de cigarrillos y otras mercancías hasta hechos vinculados con la trata de personas.

La problemática fue tratada formalmente por la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno durante sus sesiones del 13 y 14 de agosto de 2026. El temario incluyó expresamente un diagnóstico del crimen organizado en la Patagonia binacional, las rutas utilizadas por estructuras delictivas, los riesgos estratégicos del Estrecho de Magallanes y la cooperación internacional.

Chile refuerza el monitoreo de la frontera

Tras conocerse los antecedentes, desde el Ministerio de Seguridad chileno señalaron que no se había registrado una alerta de las mismas características dentro de las fronteras del país. No obstante, las autoridades informaron que continúan trabajando en el refuerzo y monitoreo de los pasos habilitados de la zona.

El seremi de Seguridad, Francisco Muñoz, identificó a Palena y Cochamó entre las comunas que presentan mayores desafíos para el control fronterizo. En Palena se desarrollan obras destinadas a mejorar las condiciones de los pasos, mientras que Cochamó aparece como uno de los puntos donde se busca fortalecer la vigilancia.

La extensión del territorio y sus características geográficas forman parte de las dificultades analizadas por las autoridades. La Comisión de Seguridad Pública chilena destacó precisamente la necesidad de profundizar la cooperación entre Argentina y Chile frente a delitos que pueden aprovechar rutas terrestres y marítimas alejadas de los controles tradicionales.

La compraventa de terrenos y el desafío de la prevención

Otro elemento señalado por las autoridades chilenas es la dificultad para actuar preventivamente ante operaciones de compraventa de campos realizadas entre particulares. La mera adquisición de una propiedad no constituye por sí misma un delito, por lo que la intervención judicial depende de la existencia de antecedentes que permitan vincular la operación con una actividad criminal.

En ese escenario, las investigaciones apuntan a determinar si determinados predios fueron utilizados deliberadamente para facilitar cruces clandestinos y actividades ilícitas, además de establecer qué organizaciones participaron y cuál fue el alcance de sus operaciones.

El caso vuelve a poner bajo atención una frontera extensa y de compleja vigilancia. Para las autoridades de ambos países, el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la utilización de herramientas tecnológicas aparecen como piezas centrales para detectar rutas alternativas utilizadas por estructuras criminales en la Patagonia.