El proyecto que propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal comenzó a ganar visibilidad en el Senado y abrió una intensa discusión política, jurídica y productiva. La iniciativa, impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, paso necesario para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
La propuesta busca crear un nuevo título dentro del Código Penal destinado a los delitos contra el ambiente e incorporar la figura del ecocidio como una categoría específica para sancionar daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles.
Qué penas contempla el proyecto
Según el texto, se considerará ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental. Las penas previstas oscilan entre tres y diez años de prisión para quienes ocasionen daños extensos, duraderos y especialmente graves.
Cuando el perjuicio sea considerado irreversible, las sanciones aumentan y podrán llegar a 15 años de prisión, además de multas económicas de mayor magnitud.
Uno de los puntos más debatidos es el agravamiento de las penas cuando existan víctimas fatales. El proyecto establece que, si como consecuencia del delito muere una persona, la condena podrá alcanzar entre cinco y 25 años de prisión. En los casos donde las víctimas sean dos o más, el mínimo de la pena se elevará a diez años.
La iniciativa también incorpora agravantes para funcionarios públicos. Si intervienen en los hechos, las penas aumentarán en un tercio y se aplicará la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Otro aspecto relevante es la incorporación de la responsabilidad penal empresarial. Las compañías podrían enfrentar multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado.
Además, el proyecto contempla la modalidad culposa del delito. Esto implica que el ecocidio podría configurarse por «imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo», aunque con sanciones inferiores a las previstas para los hechos dolosos.
Los fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos, Terenzi sostiene que existe un vacío normativo debido a que actualmente «el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma». Según argumenta, las herramientas vigentes resultan insuficientes para sancionar las conductas más graves contra el ambiente.
La legisladora afirma además que «la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal».
Entre los antecedentes internacionales citados aparecen experiencias desarrolladas en Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de iniciativas promovidas en el ámbito de la Unión Europea para endurecer las sanciones vinculadas a daños ambientales severos.
El proyecto también toma definiciones impulsadas por organismos y foros internacionales. Entre ellas figura la elaborada por un panel de juristas convocado por Stop Ecocide, que describe al ecocidio como «cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente».
Para la autora, la incorporación de esta figura permitiría fortalecer la protección ambiental y adaptar la legislación argentina a estándares internacionales más exigentes. En ese sentido, sostiene que «la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino».
Sin embargo, el texto también deja abiertos interrogantes sobre conceptos centrales como «daño ambiental especialmente grave», «daño ambiental irreversible» o «afectación multiecosistémica», definiciones que serán determinantes para establecer futuras responsabilidades penales.
Las críticas del sector agropecuario
La iniciativa generó una rápida reacción de entidades vinculadas a la producción agropecuaria. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestaron su rechazo y advirtieron sobre los posibles efectos de la norma en las inversiones y el desarrollo de actividades económicas.
Andrés Costamagna, director de la entidad, cuestionó tanto el contenido como la redacción del proyecto. «Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional», afirmó.
También sostuvo que existen conceptos excesivamente amplios que podrían generar interpretaciones arbitrarias. «No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental», señaló.
Costamagna advirtió además sobre el posible impacto económico de la iniciativa. «Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más», expresó.
Desde la entidad ruralista cuestionaron además el procedimiento utilizado para emitir dictamen y adelantaron que intentarán impedir el avance legislativo de la propuesta.
Las objeciones también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos. Su presidente, Fernando Rivara, puso el foco en la falta de precisión respecto de conceptos clave para determinar responsabilidades penales.
«Lo más preocupante es que no se está definiendo algo absolutamente primario: qué es un daño ambiental irreversible o qué es un daño ambiental especialmente grave», afirmó. Y agregó: «¿Lo define un fiscal, un perito o un juez? Hay que tener cuidado porque de ese debate entre peritos puede depender que una persona sea condenada a 15 años de prisión».
Rivara también cuestionó los agravantes previstos para funcionarios públicos y advirtió que podrían generar un efecto inhibidor sobre la aprobación de proyectos e inversiones.
La posición de Patricia Bullrich y Carolina Losada
Ante las críticas, Patricia Bullrich buscó relativizar el alcance del texto actual y aseguró que la iniciativa tendrá modificaciones sustanciales durante su tratamiento legislativo.
«Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto», sostuvo. Además, remarcó que el objetivo es sancionar a quienes provocan incendios intencionales y aseguró que «de ninguna manera va a perjudicar al campo».
Por su parte, la senadora santafesina Carolina Losada, que firmó el dictamen en disidencia, coincidió en la necesidad de contar con herramientas para castigar delitos ambientales, aunque cuestionó la redacción actual.
«Todos estamos de acuerdo en que tiene que existir una figura para los delitos contra el ambiente, pero no así», afirmó. Según la legisladora, el proyecto, tal como está planteado actualmente, «genera miedo a los inversores» y podría desalentar nuevas inversiones.
Con dictamen favorable, la iniciativa inicia ahora una etapa de negociaciones políticas en la que deberá reunir consensos suficientes para llegar al recinto. Mientras tanto, el debate sobre los límites de la protección ambiental, las garantías jurídicas y el impacto sobre la actividad económica promete ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda legislativa.
