El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó mediante la Resolución 197/26 la normativa 283 de 2015, una disposición dictada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner que había endurecido los criterios para el patentamiento de materia viva y desarrollos biotecnológicos.
La medida representa un nuevo paso dentro de la estrategia oficial para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el ámbito agropecuario y de la innovación tecnológica. Según sostuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la modificación permite que la Argentina se acerque a los estándares internacionales vigentes y facilite el acceso a nuevas tecnologías para la producción.
Un cambio en los criterios de patentabilidad
La resolución eliminó una de las exigencias más cuestionadas por empresas y desarrolladores del sector: la obligación de que determinados componentes biológicos modificados estuvieran “aislados” del organismo para poder ser patentados.
Desde la óptica de la industria, ese requisito reducía significativamente las posibilidades de protección legal para innovaciones aplicadas a la producción agropecuaria. Con la derogación, el proceso de patentabilidad queda flexibilizado, aunque se mantienen las limitaciones establecidas por la legislación vigente.
La normativa actual continúa estableciendo que no pueden patentarse plantas, animales ni procedimientos esencialmente biológicos destinados a su reproducción o producción. En ese marco, el INPI sustituyó el apartado 2.1.7.2 del Capítulo IV Parte C del Anexo de la Resolución 243/2003.
El nuevo texto establece que “no se considerará invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención)” y que, por lo tanto, quedan excluidos de protección.
También se especifica que la exclusión alcanza a:
a) Las plantas y las partes o componentes que puedan conducir a un individuo completo, modificados o no, incluyendo especies y variedades vegetales.
b) Los animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo, modificados o no, incluyendo especies y razas animales.
Asimismo, continúan excluidos los procedimientos esencialmente biológicos destinados a la reproducción o producción de plantas y animales.
El debate por las semillas y las inversiones
La decisión se conoce en un contexto de discusión más amplia sobre la protección de la innovación en semillas. La industria viene reclamando desde hace años una actualización normativa y una mayor adhesión a estándares internacionales como UPOV-91, un acuerdo que amplía la protección de los obtentores vegetales.
Uno de los antecedentes más citados por el sector fue la salida de Bayer del negocio de semillas de soja en la Argentina en 2021, en medio de cuestionamientos vinculados a la protección de la propiedad intelectual en semillas autógamas.
En paralelo, el Gobierno impulsa conversaciones con la Mesa de Enlace y empresas semilleras para avanzar en una nueva ley de semillas que reemplace a la vigente desde 1973, una norma creada antes de la aparición de la biotecnología agrícola moderna.
La semana pasada, además, la administración nacional eliminó las resoluciones 99 y 810 de 2001, que obligaban a la intervención de un grupo de trabajo integrado por distintos organismos estatales en los procesos de patentabilidad, un mecanismo que, según el Ejecutivo, agregaba complejidad administrativa.
La posición oficial
Tras la publicación de la medida, Sturzenegger afirmó que la Argentina “vuelve al mundo en biotecnología”.
“Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país. Aquella norma de los últimos días del segundo mandato de @CFKArgentina, para decirlo en criollo, había hecho casi imposible patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina. Exigía que las partes y componentes modificados estuvieran “aislados” del organismo —condición que los privaba de toda aplicación industrial y, por ende, de protección. ¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida? El resultado fue previsible: Argentina quedó rezagada frente a países que adoptaron criterios más flexibles», dijo.
Según el funcionario, “nuestra producción agropecuaria —una de las más competitivas del mundo— no podía acceder a tecnologías clave que mejoran productividad, sustentabilidad y competitividad internacional».
Además, sostuvo que la falta de protección adecuada de la propiedad intelectual implica desalentar “el conocimiento, la inversión y el progreso”, y afirmó que la modificación permite que el país se alinee con las exigencias de sus principales socios comerciales.
“La propiedad intelectual sólida es una condición de entrada a los grandes mercados. No es negociable para la UE, no lo es para EE.UU., no lo es para ningún acuerdo serio”, indicó. También remarcó que la Argentina “deja de ser el país que llega a la mesa de negociación con reglas que el mundo rechaza”.
