El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas destinados a fortalecer la política criminal frente a la ciberdelincuencia y coordinar la implementación del régimen penal juvenil. Las medidas fueron establecidas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
A través de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá la coordinación bajo modalidad ad honorem.
“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, establece la resolución.
El programa contra la ciberdelincuencia
El PRONACIB tendrá entre sus principales objetivos el abordaje de distintos desafíos vinculados con la preservación y el análisis de evidencia digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.
En ese sentido, las autoridades señalaron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.
El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de los datos personales a la Ley 25.326.
Otro de los objetivos será promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para aplicar los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.
Con la creación del PRONACIB, el Ministerio de Justicia derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que había creado una mesa de trabajo sobre ciberdelito.
Implementación del régimen penal juvenil
La segunda medida fue establecida mediante la Resolución 484/2026, que dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil. El organismo funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal.
El programa actuará como instrumento marco para organizar las tareas vinculadas con la aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.
“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, establece la resolución.
La asesora Débora Eliana Di Girolamo fue designada coordinadora del programa, también bajo modalidad ad honorem. Entre sus funciones estarán la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
Supervisores, víctimas y seguimiento de medidas
Uno de los ejes del nuevo programa será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. En ese marco, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil.
Los supervisores deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, de acuerdo con protocolos que el programa buscará unificar.
La normativa también incorporó disposiciones de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. Esta tarea será coordinada con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia para facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.
Además, el ministro Mahiques estableció que el programa deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.
La resolución también prevé mecanismos de seguimiento destinados a evaluar el cumplimiento de las medidas, el desempeño institucional y la reincidencia. A su vez, contempla protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.
