El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este lunes 2 de noviembre un convenio para avanzar con la construcción de un canal aliviador en la presa Portezuelo Grande, sobre el río Neuquén. La obra busca mejorar la seguridad hidráulica del sistema, proteger las localidades ubicadas aguas abajo y reducir los riesgos para las áreas productivas y energéticas vinculadas con Vaca Muerta.
El acuerdo representa un avance en el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2009, que ordenó al Estado nacional adoptar medidas para incrementar la seguridad de la presa después de una crecida extraordinaria registrada en 2006.
Según los plazos previstos, los trabajos podrían comenzar durante el segundo trimestre de 2027, una vez completados los estudios ambientales, las autorizaciones correspondientes y los procedimientos administrativos necesarios.
La inversión estimada podría ubicarse en torno a los 200 millones de dólares, aunque se trata de una cifra preliminar.
Durante el mismo encuentro, el Gobierno nacional y la administración neuquina también acordaron transferir a la provincia la gestión integral de la Ruta de los Siete Lagos, en el tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.
Una obra pendiente desde hace casi dos décadas
La construcción del canal aliviador responde a un problema de seguridad hidráulica que quedó expuesto durante una crecida extraordinaria del río Neuquén en julio de 2006.
En aquella oportunidad, ingresaron aproximadamente 10.347 metros cúbicos de agua por segundo a Portezuelo Grande, un caudal que llevó al sistema cerca de su límite de contención, establecido en 11.500 metros cúbicos por segundo.
El episodio generó preocupación por las posibles consecuencias de una crecida de mayor magnitud sobre las localidades, los establecimientos productivos y las instalaciones ubicadas aguas abajo.
Como consecuencia, Rosa Cristina Rozniatowski, una vecina de Cipolletti, presentó un recurso de amparo que finalmente derivó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2009.
El máximo tribunal ordenó al Estado nacional adoptar medidas para aumentar la capacidad de contención y mejorar las condiciones de seguridad de la presa.
Desde entonces, la ejecución de una solución hidráulica permaneció pendiente.
Tras la firma del convenio con Caputo, Figueroa destacó la importancia del compromiso alcanzado.
“Es un gran logro y lo venimos exigiendo hace tiempo”, expresó el gobernador neuquino.
Cómo será el canal aliviador de Portezuelo Grande
El proyecto contempla la construcción de un canal aliviador de aproximadamente 1.620 metros de extensión sobre la margen derecha de la presa Portezuelo Grande.
La infraestructura tendrá una capacidad de evacuación de 4.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que permitirá incrementar la capacidad global de descarga del sistema frente a crecidas extraordinarias.
El objetivo es mejorar la distribución de los caudales y reducir la presión sobre las estructuras existentes durante episodios de elevado ingreso de agua.
De acuerdo con lo informado, la nueva infraestructura permitirá “aumentar la capacidad global de evacuación y reducir el uso del vertedero frontal para mejorar la distribución hacia el lago Los Barreales”.
Portezuelo Grande comenzó a operar en 1972 y forma parte del Complejo Cerros Colorados, integrado también por los diques Loma de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar.
La presa se encuentra sobre el cauce original del río Neuquén y cumple una función central en la regulación y derivación de sus aguas.
A diferencia de otras represas hidroeléctricas, Portezuelo Grande no funciona principalmente como un embalse de almacenamiento, sino que deriva gran parte del caudal hacia Los Barreales y posteriormente hacia Mari Menuco, desde donde el agua es restituida al río mediante el sistema correspondiente.
El nuevo canal contribuirá a mejorar la respuesta del complejo ante situaciones de emergencia hidráulica.
Sin embargo, desde el Gobierno provincial aclararon que la intervención no constituye una solución definitiva para todos los riesgos asociados con crecidas extraordinarias.
La advertencia de los ingenieros sobre el riesgo de inundaciones
La necesidad de reforzar la seguridad de Portezuelo Grande también fue planteada por la Academia Nacional de Ingeniería, que durante 2025 presentó un informe ante los gobiernos nacional y provincial.
El documento, firmado por los especialistas Oscar Vignart y Tomás del Carril, advirtió sobre las posibles consecuencias de una crecida que superara la capacidad de control del sistema.
Según el informe, si el caudal del río Neuquén superase los 11.000 metros cúbicos por segundo, “sobrepasaría la capacidad de control de la presa Portezuelo Grande, lo que implicaría el anegamiento de amplias superficies, arrasaría los valles y generaría enormes pérdidas humanas, ambientales, productivas y económicas en general”.
Los especialistas también alertaron sobre las consecuencias que un episodio de esa magnitud podría tener para las actividades productivas y energéticas de la región.
“Están en peligro ciudades, cultivos y el desarrollo de los proyectos de gas y petróleo” asentados en zonas potencialmente inundables, señalaron.
El informe identificó como una alternativa de mayor alcance la construcción de la represa Chihuido I, un proyecto de gran envergadura cuya ejecución permanece pendiente desde hace décadas.
Mientras esa iniciativa continúa sin concretarse, el canal aliviador de Portezuelo Grande aparece como una intervención destinada a reducir parte de los riesgos existentes.
Los plazos previstos y quién financiará la construcción
El convenio firmado entre Figueroa y Caputo establece que la contratación y ejecución del canal aliviador estarán a cargo del Estado nacional.
Por su parte, el Gobierno de Neuquén asumirá la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la gestión de los permisos necesarios para avanzar con el proyecto.
La provincia ya puso en marcha el proceso licitatorio correspondiente al estudio ambiental.
De acuerdo con el cronograma previsto, la apertura de ofertas se realizará el 16 de noviembre y posteriormente se dispondrá de aproximadamente 40 días para definir la adjudicación.
Una vez elaborado y aprobado el informe, Neuquén deberá convocar a una audiencia pública para presentar los resultados y completar las instancias de evaluación correspondientes.
Si se cumplen los plazos estimados, el inicio de la obra podría producirse en abril de 2027, dentro del segundo trimestre del año.
El presupuesto preliminar ronda los 200 millones de dólares, aunque el monto definitivo dependerá de las etapas técnicas y administrativas posteriores.
La concreción del proyecto representa un compromiso del Estado nacional con una infraestructura considerada prioritaria para la seguridad de las localidades ubicadas aguas abajo del río Neuquén.
Neuquén asumirá la gestión de la Ruta de los Siete Lagos
Además del acuerdo hidráulico, Rolando Figueroa y Luis Caputo avanzaron en el traspaso de la gestión de la Ruta de los Siete Lagos a la provincia de Neuquén.
El convenio fue suscripto también con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.
La transferencia comprende el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, uno de los corredores turísticos más reconocidos de la Patagonia.
Mediante este entendimiento, la administración provincial asumirá la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento y prestación de servicios sobre ese sector.
Esto significa que Neuquén tendrá a su cargo la definición y ejecución de las inversiones necesarias para mantener y mejorar las condiciones de circulación.
El acuerdo también contempla la posibilidad de que la provincia promueva un esquema de concesión de obra pública mediante peaje, ya sea sobre la totalidad del recorrido o sobre una parte de la traza.
La posibilidad de implementar ese mecanismo quedó habilitada en el convenio, aunque no se informó una decisión concreta sobre la instalación de peajes ni sobre eventuales tarifas.
La Circunvalación de Villa La Angostura también pasa a la órbita provincial
Los acuerdos alcanzados entre Nación y Neuquén incluyeron además la cesión de la posición contractual de la obra de la Circunvalación de Villa La Angostura.
El proyecto tiene como finalidad desviar el tránsito pesado que actualmente atraviesa sectores de esa localidad turística.
La transferencia comprende el contrato suscripto originalmente entre Vialidad Nacional y la unión transitoria de empresas integrada por CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.
A partir de la firma del convenio, el Gobierno provincial será responsable del pago de los certificados de obra emitidos con posterioridad al acuerdo.
De esta manera, Neuquén asumirá nuevas responsabilidades sobre dos corredores viales relevantes para la conectividad y la actividad turística de la provincia.
Los entendimientos firmados con el Gobierno nacional abarcan así tres áreas de infraestructura: la seguridad hidráulica de Portezuelo Grande, el mantenimiento de la Ruta de los Siete Lagos y la continuidad de la Circunvalación de Villa La Angostura.
En el caso del canal aliviador, la ejecución dependerá del cumplimiento de los estudios y procedimientos pendientes, con una fecha tentativa de inicio durante el segundo trimestre de 2027.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este lunes 2 de noviembre un convenio con el ministro de Economía, Luis Caputo, para construir un canal aliviador en la presa Portezuelo Grande, sobre el río Neuquén. La obra, que podría comenzar en 2027 y costar unos 200 millones de dólares, busca reducir riesgos de inundaciones. También acordaron transferir a la provincia la gestión de la Ruta de los Siete Lagos.
La Argentina tiene una habilidad extraordinaria para convertir las obras de infraestructura en patrimonio arqueológico antes de colocar el primer ladrillo. En Neuquén, el Gobierno nacional acaba de comprometerse a construir un canal aliviador que la Corte Suprema ordenó hace 17 años, después de una crecida que había puesto en evidencia los riesgos de la presa Portezuelo Grande. La noticia demuestra que la Justicia puede ser rápida, siempre que se la mida con los tiempos de formación de una cordillera.
Rolando Figueroa y Luis Caputo firmaron el acuerdo para avanzar con una obra destinada a proteger ciudades, áreas productivas y sectores de Vaca Muerta frente a crecidas extraordinarias del río Neuquén. El proyecto contempla un canal de 1.620 metros capaz de evacuar 4.000 metros cúbicos por segundo. Una capacidad considerable, aunque todavía inferior a la que tiene la burocracia argentina para acumular expedientes sin que se desborden los escritorios.
El antecedente es inquietante: en 2006, el sistema recibió una crecida de 10.347 metros cúbicos por segundo y quedó cerca de su límite de contención. La situación derivó en un reclamo judicial y, en 2009, en una orden de la Corte Suprema. Desde entonces, la obra atravesó administraciones, cambios políticos y suficientes calendarios como para que el concepto de urgencia necesitara una actualización de diccionario.
Ahora se estima que los trabajos podrían comenzar durante el segundo trimestre de 2027. Antes habrá que completar el estudio ambiental, adjudicarlo, realizar una audiencia pública y superar las etapas administrativas correspondientes. El presupuesto rondaría los 200 millones de dólares. La buena noticia es que existe un acuerdo; la menos espectacular es que, por ahora, el canal continúa siendo un proyecto y el agua no suele consultar el estado de los trámites.
La Academia Nacional de Ingeniería ya había advertido sobre las consecuencias que podría tener una crecida superior a la capacidad de control de la presa. También señaló que Chihuido I sería una solución de mayor alcance, aunque ese proyecto permanece detenido desde hace décadas. En el catálogo argentino de grandes obras pendientes, algunas iniciativas tienen tanta antigüedad que casi podrían reclamar reconocimiento histórico.
La reunión dejó además otro anuncio: Neuquén asumirá la gestión de la Ruta de los Siete Lagos, uno de los recorridos turísticos más conocidos de la Patagonia. La provincia se ocupará de su mantenimiento y podrá evaluar un esquema de peajes. Así, mientras el canal aliviador buscará administrar mejor el agua, el nuevo acuerdo vial deberá administrar una cuestión igualmente sensible para los viajeros: el estado del camino y cuánto podría costar recorrerlo.
El balance de la jornada ofrece una imagen bastante argentina: un gobernador consiguió compromisos para una obra hidráulica pendiente desde hace casi dos décadas y, de paso, recibió mayores responsabilidades sobre una ruta emblemática. Falta convertir las firmas en trabajos concretos. Porque los convenios, por más prolijamente redactados que estén, todavía no demostraron capacidad para detener una inundación ni reparar un bache.
