El gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrenta un escenario legislativo adverso para avanzar con la restauración de las reelecciones indefinidas de intendentes, una iniciativa impulsada por los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que busca modificar los límites establecidos por la legislación provincial.
La propuesta encuentra resistencia tanto en sectores opositores como dentro del propio peronismo, donde persisten diferencias sobre las condiciones necesarias para habilitar el debate.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el oficialismo necesita reunir 46 votos en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado para conseguir una mayoría ordinaria que permita aprobar la modificación.
Sin embargo, las negociaciones se desarrollan en un contexto de escaso tiempo legislativo y con una agenda que incluye otros asuntos prioritarios, como el presupuesto 2027, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva.
El rechazo opositor y las diferencias dentro del peronismo
La iniciativa promovida por el entorno de Kicillof enfrenta el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Renovador, espacio que participó en la elaboración de la normativa sancionada en 2016 que estableció límites a los mandatos municipales.
También expresaron posiciones contrarias otros bloques minoritarios, aunque algunos sectores dialoguistas no descartan participar de una discusión más amplia.
Dentro del peronismo, la situación tampoco presenta un respaldo uniforme.
El kirchnerismo sostiene que no rechaza necesariamente las reelecciones indefinidas, pero condiciona el tratamiento a una negociación que incluya otros asuntos institucionales y electorales.
Entre los puntos planteados aparecen el desdoblamiento de las elecciones, la continuidad de las PASO y las designaciones para cubrir vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Los intendentes que promueven la modificación, por su parte, buscan avanzar con una solución que les permita volver a competir electoralmente en 2027.
Diputados: Kicillof necesita 46 votos y está lejos de conseguirlos
La Cámara de Diputados bonaerense representa uno de los principales obstáculos para la estrategia del gobernador.
Dentro de las 39 bancas de Fuerza Patria, el sector directamente identificado con Kicillof cuenta con apenas nueve legisladores.
El resto de la representación peronista está distribuido entre diferentes corrientes políticas.
El Frente Renovador dispone de 10 escaños y rechaza la modificación. Patria Grande cuenta con una banca que podría acompañar la iniciativa, mientras las 19 restantes se reparten entre La Cámpora y el sector de los intendentes.
Para alcanzar la mayoría necesaria, Kicillof podría buscar apoyos en sectores dialoguistas como Nuevos Aires, con tres bancas, y Unión y Libertad, con cinco.
También existe la posibilidad de obtener acompañamiento parcial del radicalismo, cuyos legisladores están divididos en dos bloques de tres integrantes cada uno.
En ese espacio podría influir la posición de algunos de los 27 intendentes radicales que gobiernan municipios bonaerenses.
Sin embargo, una parte importante de la Cámara ya manifestó su rechazo a la reforma.
Entre los sectores contrarios figuran La Libertad Avanza, con 19 bancas; el PRO, con 11; la Coalición Cívica, con tres; Hechos, con dos; la Izquierda, con dos; y Derecha Popular, con dos.
Con esta distribución, el gobernador no tiene garantizados los 46 votos necesarios para una mayoría ordinaria.
La dificultad sería todavía mayor si el proyecto debiera tratarse sobre tablas, sin completar previamente el recorrido por las comisiones correspondientes.
En ese caso, con todos los legisladores presentes, serían necesarios 61 votos para alcanzar los dos tercios de la Cámara.
Senado: la interna oficialista también complica la reforma
En el Senado bonaerense, Fuerza Patria cuenta con una mayoría numérica, pero las diferencias entre sus sectores dificultan la construcción de acuerdos.
La bancada peronista está integrada por 14 legisladores kirchneristas, cinco del Movimiento Derecho al Futuro, tres vinculados al massismo, uno identificado con Juan Grabois y otro sin una referencia política definida.
De acuerdo con el escenario de apoyos planteado, Kicillof podría reunir hasta 20 votos dentro del oficialismo, por debajo de los 24 necesarios para alcanzar una mayoría ordinaria.
El gobernador podría intentar sumar respaldos del bloque Unión y Libertad, que cuenta con tres senadores, y eventualmente del radicalismo, con un representante.
Del otro lado, La Libertad Avanza, con 11 bancas; el PRO, con cuatro; y Hechos, con tres, mantienen su rechazo a la propuesta.
Si la iniciativa necesitara tratarse sobre tablas, el oficialismo debería alcanzar 31 votos para reunir los dos tercios, una cifra todavía más distante de los apoyos que tiene asegurados.
El calendario legislativo juega en contra de la iniciativa
La falta de acuerdos políticos se combina con otro factor determinante: el escaso tiempo disponible antes del cierre del período legislativo.
Con menos de dos meses para finalizar el año, la posibilidad de completar el tratamiento ordinario del proyecto en las comisiones correspondientes aparece cada vez más limitada.
Esto podría obligar al oficialismo a intentar una aprobación directamente en el recinto, mediante un procedimiento que requiere una mayoría especial.
Además, la Legislatura debe abordar asuntos centrales para la administración provincial, como el presupuesto 2027, las autorizaciones de endeudamiento y la ley fiscal impositiva.
A esos temas se suman los debates pendientes sobre el sistema electoral y las designaciones judiciales, que forman parte de las condiciones planteadas por el kirchnerismo para discutir la reforma.
El antecedente de 2021 y la disputa por las elecciones de 2027
La discusión sobre los mandatos municipales tiene un antecedente relevante en la reforma aprobada el 28 de diciembre de 2021, cuando la Legislatura modificó aspectos de la normativa sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Aquella modificación estableció que, para el cómputo de los mandatos de los intendentes, se tomara como punto de partida el período iniciado en 2019 y no el de 2015.
Ese cambio permitió que jefes comunales que habían sido reelegidos en 2019 pudieran presentarse nuevamente en las elecciones de 2023.
Ahora, la discusión vuelve a adquirir relevancia de cara a 2027, cuando distintos intendentes podrían quedar impedidos de buscar otro mandato consecutivo si se mantiene la legislación vigente.
Entre los dirigentes alcanzados por esa limitación aparecen Mario Secco y Fabián Cagliardi, dos intendentes vinculados políticamente con Kicillof.
La posibilidad de modificar la normativa dependerá de que el oficialismo logre construir una mayoría que, por el momento, no está asegurada en ninguna de las dos cámaras.
Sin un acuerdo que incluya a los distintos sectores del peronismo y a parte de los bloques dialoguistas, el restablecimiento de las reelecciones indefinidas de intendentes bonaerenses enfrenta importantes dificultades para avanzar antes del cierre del año legislativo.
Axel Kicillof enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios para restablecer las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Renovador rechazan la reforma, mientras el kirchnerismo exige una negociación más amplia. El gobernador necesita 46 votos en Diputados y 24 en el Senado, cifras que hoy no tiene garantizadas.
La política bonaerense volvió a enfrentarse a uno de sus grandes dilemas existenciales: cómo garantizar que los intendentes puedan seguir siendo intendentes cuando la ley empieza a sugerirles que consideren otras actividades. Axel Kicillof y los jefes comunales de su espacio buscan modificar el límite a las reelecciones, pero descubrieron un inconveniente que suele complicar los grandes proyectos políticos: necesitan votos. Y, por ahora, los números tienen menos entusiasmo que los propios interesados.
La iniciativa pretende recuperar las reelecciones indefinidas, una fórmula que permitiría a los intendentes presentarse nuevamente sin el límite actual de mandatos consecutivos. Para sus impulsores, se trata de una discusión sobre la representación política. Para sus adversarios, de una puerta abierta a la permanencia ilimitada en el poder. Y para los legisladores encargados de resolver el asunto, de otra negociación donde cada voto parece venir acompañado de una lista de condiciones.
El problema de Kicillof no es solamente la oposición. La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Renovador rechazan el cambio, pero dentro del propio peronismo tampoco hay acuerdo sobre cómo avanzar. El kirchnerismo plantea discutir la reforma junto con las PASO, el calendario electoral y las vacantes judiciales. Una propuesta que transforma una modificación sobre mandatos municipales en un menú legislativo completo, con entrada, plato principal y varias cuentas pendientes.
En Diputados, el gobernador necesita 46 votos para una aprobación por mayoría ordinaria y 61 si debe recurrir al tratamiento sobre tablas con todos los legisladores presentes. Su sector cuenta con apenas nueve bancas propias dentro de Fuerza Patria. La distancia entre el deseo y la realidad parlamentaria resulta tan considerable que, antes de convencer a los opositores, Kicillof necesita organizar una reunión familiar donde todos acepten sentarse a la misma mesa.
En el Senado la situación tampoco ofrece grandes motivos para el optimismo. Aunque el peronismo dispone de una mayoría numérica como bloque, sus divisiones internas complican la posibilidad de reunir los 24 votos necesarios. Si el proyecto necesita dos tercios, la exigencia asciende a 31. Es una de esas ocasiones en que tener mayoría no garantiza poder usarla, una especialidad de la política argentina que debería estudiarse como fenómeno matemático independiente.
El calendario agrega otro obstáculo. Con menos de dos meses para terminar el año legislativo y una agenda que incluye presupuesto, endeudamiento y cuestiones tributarias, la reforma compite por un espacio cada vez más reducido. Los intendentes que aspiran a continuar después de 2027 observan cómo el reloj avanza con una disciplina que difícilmente encuentren en las negociaciones partidarias.
La discusión tiene, además, antecedentes. En 2021, una reforma modificó el cómputo de los mandatos y permitió nuevas postulaciones en 2023. Ahora, la posibilidad de repetir aquella ingeniería legislativa depende de acuerdos que todavía no aparecen. Por el momento, la reelección indefinida tiene una definición bastante precisa: es una aspiración política que no consigue ser reelegida ni siquiera como prioridad común entre quienes deberían impulsarla.
