El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo paquete de proyectos de desregulación que enviará al Congreso antes del receso legislativo de invierno. Las iniciativas son impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El paquete incluye modificaciones en diferentes actividades económicas, entre ellas el mercado inmobiliario, con el objetivo declarado de reducir regulaciones, ampliar la competencia y disminuir los costos que afrontan empresas y consumidores.
Según trascendió, también se contemplan reformas vinculadas con el mercado de capitales, el cabotaje y otros sectores de la economía. Las iniciativas serán presentadas oficialmente durante la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.
En paralelo, el oficialismo prevé presentar la próxima semana en la Cámara de Diputados el proyecto Inocencia Fiscal II. La propuesta incorporará modificaciones surgidas de las conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes del sector contable para corregir aspectos de la legislación vigente.
Los principales cambios en el mercado inmobiliario
Uno de los proyectos centrales busca modificar el régimen que regula la actividad de los corredores inmobiliarios. La propuesta establece que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial.
El Gobierno sostiene que la transformación permitirá reducir los costos de las operaciones inmobiliarias y de la construcción. El argumento oficial es que una mayor competencia podría facilitar el acceso a la vivienda y promover nuevas modalidades de prestación de servicios.
Entre los principales cambios previstos aparece la eliminación de la matriculación obligatoria en los colegios profesionales y el fin de los aranceles y honorarios mínimos.
La iniciativa también propone derogar la exigencia de contar con un título universitario establecida por la Ley 25.028, eliminar las sanciones por ejercer la actividad sin matrícula y terminar con las restricciones territoriales que actualmente limitan el ejercicio profesional a determinadas jurisdicciones.
El proyecto contempla, además, una reducción de las facultades disciplinarias de los colegios profesionales.
Quienes participaron en la elaboración de la propuesta consideran que la regulación vigente creó barreras de ingreso mediante requisitos académicos y territoriales. También cuestionan los esquemas de honorarios mínimos porque, según argumentan, restringen la competencia y encarecen las operaciones.
La defensa de Sturzenegger y la reacción del sector
Sturzenegger había anticipado su posición durante el encuentro «Real Estate 2026: expectativas y realidad», realizado en la Universidad Católica Argentina. En esa oportunidad cuestionó el funcionamiento de los colegios profesionales y defendió la eliminación de regulaciones que, a su entender, distorsionan el mercado.
«El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado», sostuvo Sturzenegger
El ministro también calificó como «una aberración social» que un colegio profesional establezca un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. Según afirmó, la desregulación permitiría disminuir los costos de construcción y mejorar el acceso a la vivienda.
El proyecto generó preocupación entre martilleros y corredores públicos, especialmente por las posibles consecuencias sobre el actual sistema de colegiación.
En ese contexto, el 4 de junio las autoridades del Colegio y de la Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires se reunieron con Sergio Massa para analizar el avance de la iniciativa y buscar respaldo político frente a la propuesta del Ejecutivo.
El encuentro, una de las últimas apariciones públicas del dirigente del Frente Renovador, reflejó la inquietud del sector ante la posible eliminación de la matrícula obligatoria y de otros mecanismos que actualmente regulan el ejercicio de la actividad.
Los costos de intermediación, bajo revisión
Dentro del Gobierno consideran que numerosos costos vinculados con la intermediación funcionan bajo estructuras poco competitivas. La administración nacional sostiene que una mayor apertura podría acelerar la incorporación de nuevos modelos de comercialización, digitalización y servicios inmobiliarios.
Uno de los principales puntos de discusión son los colegios profesionales y los sistemas de matriculación obligatoria. En la actualidad, el corretaje inmobiliario se encuentra regulado por normas provinciales y por entidades que establecen requisitos para ejercer la actividad.
En distintas jurisdicciones también existen referencias arancelarias mínimas para la fijación de honorarios. Los sectores que respaldan la reforma consideran que ese esquema limita la competencia y dificulta el ingreso de nuevos actores y modelos comerciales.
Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, se manifestó a favor de una eventual apertura y cuestionó el funcionamiento actual del sistema. «Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica»,
El debate llegará al Congreso en medio de la resistencia de los colegios profesionales y la expectativa del Gobierno de avanzar con una nueva etapa de su programa de desregulación económica.
