El Gobierno de Javier Milei autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia la salida de personal y medios de las Fuerzas Armadas para participar del ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, que se desarrollará en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 650/2026, firmado el 23 de julio y publicado el viernes 24 en el Boletín Oficial. La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
El argumento del Gobierno y el debate por el Congreso
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señaló que había enviado al Congreso un proyecto de ley para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.
Según el texto oficial, esa iniciativa todavía no había sido tratada por la Cámara de Diputados. Ante esa situación, el Gobierno consideró «necesario autorizar la salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas Argentinas» y sostuvo que la «naturaleza excepcional» del caso impedía seguir el trámite ordinario para la sanción de una ley.
La decisión reabrió cuestionamientos sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia para autorizar movimientos de fuerzas militares. El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional establece entre las atribuciones del Congreso la autorización para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.
La Ley 25.880 también determina que el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso esa autorización, aunque contempla excepciones específicas vinculadas con ceremonias, catástrofes, operaciones de búsqueda y rescate, actividades educativas militares o desplazamientos sin fines operativos.
El debate se intensificó porque, según el anexo técnico de la medida, la invitación de la Embajada de Estados Unidos fue cursada el 15 de agosto de 2025, casi un año antes de la realización del ejercicio. Ese dato generó interrogantes sobre si existió tiempo suficiente para completar el procedimiento legislativo antes de recurrir al DNU.
Hasta 56 efectivos argentinos en Panamá
La participación argentina contempla el despliegue de un máximo de 56 efectivos pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Del total, hasta 37 militares integrarán un Comando Conjunto de Operaciones Especiales, con armamento y equipamiento individual. Otros 16 integrantes del Ejército estarán destinados a tareas de planificación, dirección, control de operaciones y ciberdefensa.
La delegación se completará con dos miembros de la Armada y uno de la Fuerza Aérea, quienes cumplirán funciones relacionadas con la ciberdefensa. El traslado hacia las áreas de entrenamiento y planificación será realizado por vía aérea.
El costo estimado de la participación asciende a 51 millones de pesos. Los gastos serán cubiertos con partidas asignadas al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin que el decreto contemple una partida extraordinaria específica.
Una simulación para proteger el Canal de Panamá
El ejercicio se encuentra «enmarcada en las acciones de cooperación militar dentro del Continente Americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América» y busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas participantes.
Argentina compartirá las actividades con Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. En total, serán trece los países involucrados.
El objetivo declarado es «mejorar la interoperabilidad» y «estandarizar procedimientos operativos» para facilitar la actuación conjunta en escenarios multinacionales. El Gobierno sostuvo además que la participación permitirá actualizar doctrinas, validar procedimientos y fortalecer capacidades militares.
La simulación se desarrollará alrededor de un «problema terrestre/marítimo ficticio en torno al Canal de Panamá». La hipótesis plantea que una «fuerza hostil», estatal o transnacional, intenta bloquear, sabotear o atacar esa vía estratégica para el comercio internacional.
Frente a ese escenario, una fuerza multinacional deberá intervenir con respaldo de una resolución ficticia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la circulación marítima y recuperar el control de la infraestructura.
Entre sus argumentos, el Ejecutivo afirmó que la presencia nacional permitirá sostener la «reputación como actor relevante a nivel global». La participación quedó autorizada cuatro días antes del comienzo previsto del ejercicio y permanecerá sujeta al posterior análisis de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
