El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que suspendió el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y solicitó que la Justicia Federal revoque la decisión dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata. La resolución había ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses mientras se analiza el planteo presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Los argumentos de la apelación
En la presentación, el Ejecutivo sostuvo que el expediente debe ser revisado por la Justicia Federal y cuestionó que la Defensoría del Pueblo bonaerense tenga legitimación para impugnar decisiones y normas de carácter federal vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Según el planteo oficial, AySA remarcó que ese criterio fue sostenido en distintas oportunidades por la Corte Suprema. La empresa considera que una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal y alcanzada por un marco regulatorio específico.
El segundo eje de la apelación apunta a la fundamentación de la medida cautelar. El oficialismo sostiene que la resolución judicial se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia técnica, científica ni regulatoria. Además, afirma que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen la suspensión del proceso.
La postura del Gobierno y de AySA
La cautelar fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que advirtió sobre posibles consecuencias de la privatización en el acceso al agua potable, la expansión de redes, las obras de saneamiento, la infraestructura y la protección ambiental.
Desde el Gobierno rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una situación de «regresividad ambiental». En esa línea, AySA define el nuevo esquema como una «modernización estratégica» del servicio y afirma que el régimen normativo fortalece los mecanismos regulatorios destinados a garantizar una «prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento».
La empresa también señala que el servicio permanece bajo controles permanentes de los organismos reguladores competentes y asegura que no existen observaciones que respalden los riesgos planteados por la Defensoría bonaerense. Asimismo, sostiene que presta el servicio conforme al marco regulatorio vigente, con estándares de calidad, seguridad sanitaria y protección ambiental.
El cronograma de privatización
La medida cautelar representó un obstáculo para una de las privatizaciones previstas por el Ejecutivo. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA, mientras que el 10% restante permanecería en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.
La intención del Gobierno es incorporar un operador estratégico, nacional o internacional, con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño establece que al menos el 51% quede en manos de ese operador y que el resto pueda colocarse en el mercado de capitales.
AySA integra la hoja de ruta oficial junto con otros procesos de transferencia al sector privado que incluyen Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. Según el Ejecutivo, estas iniciativas buscan reducir la participación estatal, mejorar la eficiencia operativa, atraer inversiones y mostrar avances de gestión antes del calendario electoral.
La Defensoría bonaerense sostiene que el nuevo esquema podría afectar obras de infraestructura, remediación ambiental, expansión de redes y la continuidad de un servicio esencial. El Gobierno responde que esos riesgos no fueron acreditados y que el marco regulatorio mantiene las obligaciones de prestación, calidad y control.
Con la apelación presentada, AySA busca recuperar el cronograma previsto por el Ministerio de Economía. En el Ejecutivo consideran que la cautelar genera incertidumbre sobre un proceso con plazos ya definidos y que forma parte de la estrategia oficial para atraer inversores. La definición quedará ahora en manos de la Justicia Federal.
