El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en la implementación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, un esquema mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a operadores privados la gestión de tramos de la red vial nacional. En esta instancia, se firmaron contratos para la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas y autopistas.
Según informó el funcionario, las empresas adjudicatarias comenzarán a operar los corredores a partir de este miércoles, reemplazando en la administración y mantenimiento a la estatal Corredores Viales. La medida se enmarca en la estrategia oficial de reducción de la participación del Estado en la obra pública.
Los tramos alcanzados por la concesión
Los corredores incluidos en esta etapa corresponden al denominado tramo Pampa, sobre la Ruta Nacional 5, y al eje Sur – Atlántico – Acceso Sur, que abarca las Rutas Nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Caputo definió estas trazas como corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio, particularmente en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
El esquema de concesiones forma parte de la política del Ejecutivo de promover la inversión privada en infraestructura vial bajo el argumento de mejorar la eficiencia en la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales.
Contexto económico y estrategia del Gobierno
El anuncio se produce en paralelo a la agenda financiera del Ministerio de Economía, que en estas semanas trabaja en la estructuración de pagos vinculados a compromisos de deuda, incluyendo un vencimiento cercano al 9 de julio por más de 4.000 millones de dólares.
En este marco, la administración económica busca consolidar un esquema de reducción del gasto público mediante la transferencia de activos y servicios a operadores privados, con el objetivo de concentrar recursos en otras áreas de la gestión estatal.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo modelo apunta a “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”, en línea con la política general de reconfiguración del rol del Estado en la infraestructura pública.
