Prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad advirtieron sobre una situación crítica provocada por demoras en los pagos de algunas obras sociales, con atrasos que, según denunciaron, pueden extenderse desde los 90 días hasta un año.
La presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, Gilda Marcela Kriskovich, explicó que existen deudas acumuladas desde abril y alertó que la falta de regularidad en los pagos compromete la continuidad de distintas prestaciones.
“Hay deudas desde abril de este año”, afirmó.
La referente también describió las dificultades que enfrentan los profesionales para sostener su actividad mientras esperan los desembolsos correspondientes a trabajos ya realizados.
“Estamos al último día de septiembre y estamos esperando cobrar julio. Se hace larga la espera e insostenible estar sosteniendo la prestación y los gastos de una casa”, señaló.
La advertencia sobre la continuidad de las prestaciones
Kriskovich relató además una respuesta que aseguró haber recibido durante un reclamo ante O.S.P.I.C. (Obra Social del Personal de la Industria Cinematográfica), por facturas correspondientes a diferentes prestadoras.
“Cuando fui a Buenos Aires hice el reclamo de facturas de varias prestadoras y en O.S.P.I.C. (Obra Social del Personal de la Industria Cinematográfica) me dijeron que ellos no tienen manera de pagar con dinero propio, por lo que tienen que esperar al mecanismo de integración. Y me dijeron: ‘Con suerte van a estar cobrando el año que viene, así que es tu responsabilidad si vos querés seguir brindando la prestación o no, pero te recomiendo que hables con la mamá (de la persona con discapacidad) y cortes la prestación’”, contó.
El relato corresponde a la versión brindada por Kriskovich durante la entrevista. La demora y las condiciones específicas mencionadas deberán analizarse según cada obra social y prestación involucrada.
“¿Cómo le decís a una familia que tenés que cortar la prestación porque tu obra social te va a pagar en un año?”, planteó.
El impacto sobre chicos y familias
La representante de los prestadores explicó que los retrasos no solo afectan a los profesionales, sino que pueden repercutir directamente en la continuidad de acompañamientos educativos y terapéuticos.
“A la mamá le expliqué que ella podía dejar a su hijo en el consultorio, pero que no podía mandar la integradora a la escuela común porque no podíamos sostenerlo”, sostuvo.
Kriskovich afirmó que situaciones de ese tipo ya afectaron a distintas familias. “Así estamos con muchos chicos que quedaron fuera del sistema”, lamentó.
También señaló que algunos profesionales intentan sostener los servicios mediante aportes reducidos de las propias familias, aunque describió esos montos como insuficientes frente a los costos necesarios para mantener las prestaciones.
Familias que pierden el empleo y temen quedarse sin cobertura
Otro de los escenarios mencionados afecta a familias en las que alguno de los adultos perdió su empleo y conserva la obra social únicamente durante el período previsto por el fondo de desempleo.
“Tengo casos en donde el papá fue despedido y tienen la obra social hasta noviembre o diciembre según el fondo de desempleo. Entonces, sumamente preocupados, lo primero que hacen es llamarnos y nosotros les damos alguna sugerencia y les decimos que no les vamos a cortar la prestación”, explicó.
La situación expuesta por la asociación vuelve a poner el foco sobre los tiempos de pago a los prestadores y su impacto concreto en la continuidad de los servicios para personas con discapacidad, especialmente en tratamientos y acompañamientos que requieren regularidad.
Prestadores de servicios para personas con discapacidad denunciaron demoras de entre 90 días y hasta un año en los pagos de algunas obras sociales. Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, advirtió que los atrasos ponen en riesgo la continuidad de tratamientos y acompañamientos esenciales para numerosas familias.
Trabajar hoy y cobrar el año que viene podría sonar como una distopía administrativa, pero para algunos prestadores de discapacidad ya forma parte del calendario laboral. La Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos denunció atrasos que van desde los 90 días hasta un año, un sistema donde la palabra “vencimiento” parece aplicarse exclusivamente a las facturas que debe pagar el profesional y nunca al dinero que debería recibir.
Gilda Marcela Kriskovich describió una situación particularmente delicada: al cierre de septiembre todavía había prestadores esperando cobrar servicios correspondientes a julio y, en determinados casos, deudas acumuladas desde abril. Mantener consultorios, traslados, materiales y gastos cotidianos bajo ese esquema exige una disciplina financiera cercana a la alquimia: pagar hoy con ingresos que quizá aparezcan varios meses después.
Uno de los testimonios más llamativos surgió de un reclamo ante O.S.P.I.C. Según relató Kriskovich, allí le indicaron que dependían del mecanismo de integración para pagar y que algunas prestaciones podrían cobrarse recién al año siguiente. La recomendación que dijo haber recibido fue hablar con la familia y suspender el servicio. Un planteo administrativo impecablemente sencillo hasta recordar el pequeño detalle de que del otro lado hay una persona que necesita continuar su tratamiento.
Ahí aparece el verdadero costo de la demora. Cuando el sistema no paga, no queda suspendida una celda de una planilla: puede quedar sin acompañamiento un chico en la escuela, una familia sin cobertura efectiva o un profesional obligado a decidir cuánto tiempo puede seguir financiando de su bolsillo un servicio esencial. El problema tiene números, formularios y mecanismos de reintegro, pero sus consecuencias llegan bastante más lejos que cualquier escritorio.