La disputa por las Islas Malvinas ingresó en una nueva etapa marcada por la explotación de hidrocarburos, las tensiones diplomáticas regionales y una ofensiva jurídica argentina contra el Reino Unido. El avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum con participación de Rockhopper Exploration, trasladó el histórico conflicto de soberanía hacia un escenario donde también confluyen intereses energéticos, comerciales y militares. El desarrollo tiene previsto iniciar su producción durante el primer trimestre de 2028.

El nuevo escenario también comenzó a repercutir sobre la relación entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, dos países que mantienen una extensa tradición de cooperación pero que durante septiembre quedaron atravesados por episodios vinculados directa o indirectamente con Malvinas: desde la polémica por la presencia de un espacio identificado como «Falklands» en Expo Prado hasta la posibilidad de que la Armada uruguaya incorpore patrulleros británicos.

El petróleo cambia la dimensión del conflicto

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, advirtió a fines de septiembre sobre un cambio sustancial en la naturaleza de la controversia. «Cambió la lógica; ya no es solo una isla invadida, es un despojo económico masivo», sentenció el canciller uruguayo.

Las declaraciones coincidieron con el avance material de Sea Lion. Navitas informa que el proyecto alcanzó la decisión final de inversión y que el primer petróleo está previsto para marzo de 2028. Rockhopper señaló además que la primera etapa utilizará la plataforma flotante Aoka Mizu, con una capacidad estimada de hasta 55.000 barriles diarios, mientras los trabajos de perforación están programados para comenzar a principios de 2027.

Lubetkin también vinculó el desarrollo energético con una posible intensificación de la presencia militar británica. En declaraciones públicas sostuvo que el escenario representa un «cambio de lógica» y afirmó que detrás del petróleo aparece una «articulación militar», una cuestión que, según indicó, conversó con autoridades argentinas.

El planteo introduce una dimensión económica adicional a un conflicto que permanece abierto en el sistema internacional. La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.

Montevideo, entre el respaldo diplomático y las nuevas fricciones

La posición uruguaya quedó bajo mayor atención durante septiembre. La Embajada argentina en Montevideo presentó una protesta formal por la presencia, dentro de Expo Prado 2026, de un espacio vinculado a las islas que utilizó la denominación británica «Falklands» y difundió material promocional.

El reclamo argentino fue presentado el 31 de agosto ante la Cancillería uruguaya. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay trasladó inicialmente al Parlamento una recomendación para evitar contactos oficiales con representantes vinculados al espacio, aunque posteriormente dejó sin efecto esa comunicación y atribuyó el episodio a una «confusión».

La controversia coincidió con otro asunto sensible: el análisis del gobierno uruguayo para incorporar patrulleros oceánicos procedentes de la Marina Real británica. Autoridades de Defensa señalaron que las embarcaciones clase River ofrecen capacidades requeridas para tareas de vigilancia marítima, mientras dirigentes argentinos expresaron preocupación por las implicancias políticas que podría tener una operación de ese origen en el contexto de la disputa por Malvinas.

El debate evidencia una diferencia entre las decisiones soberanas de Uruguay en materia de defensa y las sensibilidades estratégicas argentinas. Desde Montevideo, funcionarios del área sostuvieron que las eventuales adquisiciones responden a necesidades operativas de su Armada y rechazaron que la discusión deba interpretarse necesariamente en función del conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

Argentina lleva Sea Lion al terreno jurídico internacional

En paralelo, el gobierno argentino decidió elevar la presión sobre el proyecto petrolero. El 28 de septiembre de 2026, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según el comunicado oficial, el objetivo es impedir lo que Argentina considera una explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte mediante Sea Lion y cuestionar cualquier medida que, desde la posición argentina, pueda agravar la controversia. Buenos Aires sostiene que las licencias otorgadas para operar en esas aguas carecen de validez sin autorización argentina; las empresas involucradas y las autoridades británicas mantienen una posición contraria y consideran legítimas las autorizaciones concedidas por la administración de las islas.

La escalada tuvo una rápida respuesta diplomática. El Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres para manifestar su rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno de Milei y reiteró su posición respecto de la administración de las islas y el principio de autodeterminación de sus habitantes. Argentina, en cambio, defendió el arbitraje como una herramienta pacífica prevista por el derecho internacional.

Sea Lion permanece todavía en etapa de desarrollo. Aunque las obras preparatorias y la fabricación de componentes avanzan, la perforación está prevista para 2027 y el comienzo de la producción para 2028. Esa precisión temporal resulta central: la disputa actual se produce antes del inicio efectivo de la extracción comercial de petróleo, en momentos en que Argentina busca frenar jurídicamente el proyecto y las compañías aceleran la infraestructura necesaria para ponerlo en marcha.

Así, el Atlántico Sur vuelve a concentrar una combinación especialmente sensible de soberanía, energía, defensa y diplomacia. La aparición de una explotación petrolera de gran escala no modifica el origen histórico de la controversia, pero sí amplía sus consecuencias económicas y estratégicas. Y mientras Buenos Aires y Londres trasladan una parte creciente de la confrontación al terreno jurídico, Uruguay aparece cada vez más involucrado en un equilibrio complejo entre su posición diplomática sobre Malvinas, sus decisiones soberanas y su relación bilateral con Argentina.